Un Fiscal Federal investiga un intento de hackeo al celular del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, a través de una maniobra que incluyó un llamado a un empleado del área encargada de los teléfonos oficiales.
Según informó la revista Quorum, el lunes 5 de mayo pasado, Sebastián Matías Bustamante, un oficial que trabaja en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte (un organismo que funciona como nexo entre el máximo tribunal y las compañías telefónicas Claro y Movistar), recibió un llamado desde un número privado. Del otro lado, una persona que decía trabajar para Movistar le aseguró que una línea judicial había sido reportada como robada y le pidió el bloqueo inmediato junto con el código PIN del dispositivo.
Bustamante sospechó. Verificó en el sistema institucional y no halló irregularidades. Más aún, quien realizaba el pedido no era el contacto habitual designado por Movistar. Cuando se lo hizo notar, el interlocutor insistió en obtener el PIN, sin brindar más explicaciones.
De acuerdo a los voceros, la conversación se cortó sin que el oficial cediera. De inmediato, el oficial informó el hecho a la Dirección de Seguridad de la Corte Suprema, a cargo de Roberto Varela, y la denuncia fue radicada en la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del fiscal nacional en lo criminal y correccional Santiago Vismara.
El dato clave apareció después: la línea que el falso empleado de Movistar intentaba bloquear correspondía nada menos que al presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Por razones de seguridad, el magistrado ya recibió un nuevo número.
Según las fuentes, descartan que el intento haya sido casual y apuntan a que se buscó vulnerar el acceso al teléfono del titular del máximo tribunal.
El juez sufrió intentos de robos a su casa, extrañas pinchaduras de ruedas en el auto oficial y hasta un misterioso intento de intrusión en su vehículo en la puerta del Palacio de Tribunales.
Otro hackeo a Horacio Rosatti
Este episodio no es nuevo. Hace más de dos años, Rosatti detectó la existencia de cinco líneas a su nombre creadas sin su consentimiento. La denuncia, realizada en los tribunales de Comodoro Py, derivó en una investigación más amplia que descubrió que la misma maniobra se había replicado con otros jueces: el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz; la jueza de Posadas, Verónica Skanatta; y el juez Ricardo Lorenzetti. También alcanzó a figuras políticas como el exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad y su sucesor Hugo Passalacqua.
En esa causa fue procesado y enviado a juicio Santiago Machado, un joven misionero que aseguró ser inocente y responsabilizó a un amigo -aún prófugo- por haberle prestado el teléfono con el que se realizaron las operaciones. También fue sobreseída una mujer, Nelly Valdés, inicialmente sindicada como autora.
La denuncia de Rosatti terminó conectada con otra causa aún más sensible, que reveló el accionar de una red de hackeo sobre celulares de magistrados que intervenían en causas de alto perfil. Entre ellos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, jueces del tribunal que juzgó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad; y los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. En todos los casos, la metodología fue la misma: sustitución de SIM cards y acceso a información privada.
Ezequiel Nuñes Piñeyro, un hacker misionero, fue procesado y estuvo detenido. Admitió haber sido contratado vía Telegram por un misterioso usuario identificado como “Eljuanxd” para realizar esos cambios de chip. La maniobra también afectó al actual diputado Diego Santilli y al entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Desde uno de esos teléfonos se difundieron supuestos chats que sirvieron de insumo para impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte y la causa por el viaje a Lago Escondido.
El expediente está en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. En él también figura como víctima Silvio Robles, director de la vocalía de Rosatti. Uno de los nombres más resonantes en la investigación es el del ex policía Ariel Zanchetta, acusado de haber realizado más de 2.100 pedidos de informes personales sobre jueces, políticos y funcionarios. Zanchetta estuvo detenido diez meses.
Los investigadores lograron vincular esas acciones con Fabián “Conu” Rodríguez, dirigente de La Cámpora y ex funcionario de la AFIP. La fiscalía lo señaló como partícipe en las maniobras, pero cuando fueron a secuestrarle el teléfono, ya no estaba en su domicilio. Se presentó en tribunales cuatro días después con sus abogados y entregó sus dispositivos. Hasta el momento, no fue llamado a declarar.
