María Ibarzábal, quien tiene un rol destacado en la Secretaría General de la Presidencia, participó previamente en importantes negociaciones en el Congreso, como las relacionadas con la Ley de Bases y el paquete fiscal. Según una fuente oficial de alto rango, Ibarzábal, actual secretaria de Planeamiento Estratégico normativo, junto a su equipo, fue clave en la redacción de esta polémica reglamentación.
El rol de María Ibarzábal
Anteriormente, Ibarzábal trabajó en el Poder Ejecutivo durante la gestión de Cambiemos, desempeñándose como asesora de la Procuración del Tesoro bajo el mando de Bernardo Saravia Frías. En la administración actual, responde directamente a Caputo, quien, aunque formalmente designado dentro de la estructura liderada por Karina Milei, tiene un contrato 1109, comúnmente conocido como "monotributista", destinado a profesionales que desarrollan estudios o programas especiales.
La limitación en las obligaciones del Estado para proporcionar información a los ciudadanos se suma a un reciente dictamen de la Procuración del Tesoro, que justificó la negativa del Gobierno a brindar datos sobre los perros de Javier Milei que residen en la Quinta de Olivos, alegando que se trataba de asuntos del "ámbito privado" del Presidente de la Nación. La nueva reglamentación excluye de su aplicación "toda información que contenga datos de naturaleza privada o que carezca de un interés público comprometido", lo que implica una interpretación restrictiva de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para FOPEA, estos cambios representan "un grave retroceso democrático".
El Gobierno, sin embargo, defiende la enmienda argumentando que busca "ordenar" el funcionamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública y de Políticas de Información Pública, un organismo que ha visto un aumento en la influencia de figuras asociadas al kirchnerismo. Durante la gestión de Alberto Fernández, esta agencia estuvo bajo la dirección de Beatriz de Anchorena, una militante cercana al kirchnerismo.
En una entrevista reciente con La Nación+, Milei volvió a criticar a la prensa y justificó su decisión de no realizar conferencias de prensa afirmando que los periodistas no son Personas Políticamente Expuestas (PPE). "Vamos a hacerlo jugando todos en el mismo terreno. Si quieren, pido al Congreso que mande una ley para que los periodistas sean PPE, que presenten DDJJ o sean sometidos al escarnio público", declaró.
Sin embargo, el presidente parece ignorar que Santiago Caputo, a quien describe como parte del "trípode de hierro" del Gobierno y quien participa activamente en la gestión, no está considerado como un sujeto políticamente expuesto debido al contrato precario que lo vincula al Estado. Esto lo exime de presentar declaraciones juradas, seguir las leyes de integridad y ser investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública
Con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 780/2024, introduciendo cambios significativos en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta nueva normativa redefine lo que se considera "información pública" y establece requisitos adicionales para solicitar datos al Estado. Uno de los puntos más controvertidos es que ahora las autoridades no tienen la obligación de responder solicitudes relacionadas con la "esfera típicamente doméstica" de los funcionarios.
En julio, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, ya había sugerido que se debían rechazar todas las solicitudes de información sobre la cantidad de perros que acompañan a Javier Milei en la Quinta de Olivos, argumentando que se trataba de la "privacidad" del Presidente.
El reciente decreto oficializó esa postura y fue más allá al establecer limitaciones que generaron preocupación entre las organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Según confirmaron fuentes de Casa Rosada a PERFIL, el dictamen de Barra sirvió como base para la redacción de este decreto. “Su resolución fue clave en un pedido de acceso a la información pública y luego se trasladó a esta modificación normativa”, detallaron. Además, indicaron que la iniciativa surgió durante reuniones entre diferentes ministerios, cuyos equipos se quejaban por la cantidad de solicitudes y la falta de recursos humanos para gestionarlas a tiempo.
Desde el Ejecutivo, defendieron el decreto asegurando que su objetivo es darle “racionalidad” al sistema, criticando las preguntas “tontas” que reciben. “La intención es limitar lo que se entiende por información pública. Hay aspectos lógicos, como el desempeño de los funcionarios o su patrimonio, pero detalles como si tengo un perro o dos gatos, o si prefiero pizza o empanadas, no deberían considerarse información pública. Además, se corre el riesgo de ser multado o denunciado por no cumplir con los plazos, lo que genera estrés innecesario por temas irrelevantes”, argumentaron desde el Gobierno.
Las reacciones ante el nuevo decreto
Sin embargo, a pesar de estos argumentos, el decreto reavivó debates que ya se consideraban resueltos con la sanción original de la Ley de Acceso a la Información Pública. Cuestiona si los funcionarios tienen la potestad de decidir qué información es relevante para la ciudadanía y cuándo un dato debe ser considerado de interés público.
Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, calificó al decreto como “escandaloso”, y Luis Villanueva, experto en políticas de integridad y anticorrupción, advirtió que la norma representa “una regresión en términos de derechos porque la reglamentación de una ley nunca puede contradecir su espíritu, y esto es lo que sucede aquí”.
Uno de los puntos más preocupantes para los especialistas es el artículo 3, que establece que “no se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada” y que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos con carácter público”.
Busaniche expresó su preocupación indicando que “esto excluye, por ejemplo, a las reuniones de la definición de información pública. No solo deberían ser públicas las reuniones, sino también los temas que se tratan en ellas”. También resaltó que es “gravísimo” que los papeles de trabajo no sean considerados documentos públicos. Villanueva añadió que “los papeles de trabajo son las anotaciones que los equipos técnicos realizan mientras desarrollan un proyecto, resolución o política pública. No solo el documento final debe ser público, sino también los fundamentos y el proceso detrás de su creación”.
Desde la Casa Rosada restaron importancia a este punto, afirmando que “lo que sea de interés continuará siendo público” y rechazaron la idea de que la modificación obstaculice el acceso a la información. “Debe entenderse así: cuando se está trabajando en una reforma laboral, no se puede pedir que se entreguen los borradores porque aún están en proceso y pueden quedar obsoletos rápidamente”, explicaron. No obstante, tanto Busaniche como Villanueva consideran que esto es, en el mejor de los casos, un error conceptual.
Otro aspecto que generó preocupación entre las organizaciones civiles fue la ampliación de la privacidad de los funcionarios. “Esto va más allá de la cláusula de los perros. Por ejemplo, para cualquier ciudadano la salud es un asunto privado, pero la salud de un Presidente es información pública”, subrayó Busaniche.
El decreto también introduce mayores restricciones para quienes soliciten información, incluyendo la obligación de proporcionar su nombre, domicilio y CUIT. Además, otorga a la Agencia de Acceso a la Información Pública —un organismo autónomo bajo la Jefatura de Gabinete— nuevas funciones que van más allá de la protección de datos. La norma indica que la agencia podrá considerar, a efectos de elaborar estadísticas, aquellas solicitudes repetitivas que generen una carga administrativa innecesaria o que constituyan un abuso del derecho de acceso a la información pública.
Busaniche criticó duramente esta disposición, señalando que “es intimidatoria. La agencia decidirá cuándo se está haciendo un abuso del derecho, lo cual es una figura tipificada en el Código Civil. Esto constituye una amenaza para el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil”.
Las reacciones no se hicieron esperar, y ya hay organizaciones de la sociedad civil preparando presentaciones judiciales contra el decreto. En el ámbito político, la diputada radical Karina Banfi, quien impulsó la Ley de Acceso a la Información Pública, planea llevar el tema al Congreso cuando Guillermo Francos presente su primer informe de gestión el miércoles 4.
“El gobierno ha decidido gobernar por decreto y este decreto es inconstitucional”, afirmó Banfi a PERFIL, añadiendo: “El Congreso es el que debe regular un derecho humano, como es la información, que ha sido consagrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana”. La diputada también cuestionó la falta de pronunciamiento de la Agencia de Acceso a la Información Pública respecto al dictamen de Barra, y rechazó la idea de las preguntas “tontas”, argumentando que el Estado tiene mecanismos suficientes para pedir prórrogas, responder con partes tachadas cuando la solicitud implique datos confidenciales, y que, en última instancia, la Justicia debería resolver cualquier controversia.
