La gestión de Javier Milei atraviesa en septiembre su momento más difícil desde que asumió la presidencia. Una encuesta nacional mostró que la aprobación del Gobierno cayó por primera vez por debajo del 40%, mientras que un 69% de los argentinos considera que el Presidente debería encarar un cambio de rumbo en su administración.
El relevamiento, realizado entre el 12 y 14 de septiembre por la consultora Opina Argentina, arrojó que apenas el 39% de la población evalúa positivamente la gestión presidencial, frente a un 58% que la considera negativa. La cifra representa una caída de 3 puntos porcentuales respecto al mes anterior y acumula un retroceso de 10 puntos desde mayo, cuando la aprobación alcanzaba el 49%.
Los datos marcan el nivel más bajo de respaldo ciudadano desde diciembre de 2023, en plena transición hacia la asunción presidencial. El estudio, que relevó 1.566 casos a nivel nacional con un margen de error de +/- 2,4%, detectó un deterioro sostenido durante cuatro meses consecutivos que no logra revertirse pese a los esfuerzos oficiales.
Erosión en la base electoral propia
El malestar social trasciende las fronteras del electorado opositor y alcanza a la propia base libertaria. Los números revelan que un 25% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 formula actualmente una evaluación negativa de su desempeño presidencial, mientras que el 70% de esos votantes mantiene una visión favorable.
La erosión en el núcleo duro del oficialismo se profundiza al analizar la percepción sobre la necesidad de modificar el rumbo gubernamental. La mitad de los votantes de Milei del ballotage considera que debería implementar cambios en su gestión, una cifra que se eleva al 69% cuando se considera al conjunto de la población.
Estos indicadores sugieren que el descontento no se limita a sectores tradicionalmente opositores, sino que penetra en segmentos que respaldaron el proyecto político en las urnas hace menos de dos años. La magnitud de esta fisura en la coalición oficialista representa uno de los desafíos más significativos para la estabilidad política del Gobierno, especialmente considerando que el 99% de los votantes de Milei mantenía evaluaciones positivas en febrero de 2024, según se desprende de la serie histórica del relevamiento.
El contraste resulta aún más pronunciado cuando se observa la evolución temporal. Entre febrero y septiembre, la aprobación presidencial descendió 9 puntos porcentuales, pasando del 48% inicial al actual 39%. Esta trayectoria descendente se intensificó particularmente desde mayo, cuando comenzó la racha de cuatro meses consecutivos de deterioro que define el momento político actual.
Seguridad y economía, las áreas de mayor resistencia
El análisis sectorial de la gestión gubernamental presenta un mapa heterogéneo donde tres áreas logran mantenerse por encima del 40% de aprobación. La política de seguridad encabeza el ranking con un 42% de evaluaciones positivas frente a un 53% de negativas, seguida por la política económica y la política exterior, ambas con 41% de respaldo ciudadano.
La política de seguridad, que lidera las valoraciones positivas, experimentó incluso una leve mejora respecto al mes anterior, con un incremento de 1 punto porcentual en las evaluaciones favorables. Este dato contrasta con la tendencia general descendente y sugiere que las medidas en materia de seguridad logran cierta tracción en el electorado, pese al clima adverso general.
Por el contrario, la política económica retrocedió 4 puntos en las evaluaciones positivas respecto a julio, una caída significativa que refleja las dificultades del Gobierno para comunicar los resultados de su plan de estabilización macroeconómica. La política exterior, por su parte, perdió 1 punto en aprobación pero ganó 2 en rechazo, evidenciando una polarización creciente en torno a las decisiones de política internacional.
En el extremo opuesto, las políticas hacia los jubilados y de salud comparten el último escalón con apenas 27% de aprobación cada una, enfrentando un rechazo del 69% y 66% respectivamente. La política hacia los jubilados muestra un deterioro de 3 puntos en aprobación y un aumento de 4 puntos en rechazo, consolidándose como el área de mayor conflictividad social.
La política en obra pública e infraestructura completa el podio de las áreas más cuestionadas con solo 24% de evaluaciones favorables, tras perder 4 puntos de aprobación en el último mes. Este sector, tradicionalmente sensible en términos de percepción ciudadana, refleja las consecuencias de la reducción del gasto público y la paralización de proyectos de inversión.
La política de educación (32% positiva), anticorrupción (38% positiva) y de ayuda hacia los más pobres (31% positiva) se ubican en posiciones intermedias, aunque todas por debajo del nivel de respaldo general a la gestión presidencial. La política educativa perdió 3 puntos de aprobación, mientras que la política hacia los más pobres retrocedió 2 puntos, evidenciando el impacto de las medidas de ajuste fiscal en la percepción sobre las políticas sociales.
Contexto electoral adverso
El informe contextualiza estos resultados en el marco de lo que define como "la resonante derrota electoral en Provincia de Buenos Aires", en referencia a los comicios donde el oficialismo no logró los resultados esperados. Esta situación "consolida el clima social adverso para la gestión de Javier Milei", según consigna el documento.
El relevamiento también permite analizar diferencias demográficas significativas en la evaluación gubernamental. La desaprobación se intensifica entre los segmentos de mayor edad, tradicionalmente más dependientes de políticas públicas como el sistema previsional y la salud, áreas donde precisamente el Gobierno registra sus peores indicadores.
Los datos de septiembre consolidan una tendencia que comenzó a manifestarse en los meses anteriores y que, según el informe, se acentúa tras los resultados electorales bonaerenses. La combinación de factores internos de gestión y externos de contexto político configura un escenario desafiante para el oficialismo, que deberá enfrentar la consolidación de una mayoría social que demanda modificaciones en el rumbo gubernamental.