El fiscal federal Ramiro González pidió al juez Julián Ercolini que eleve a juicio oral la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández por violencia de género y amenazas contra su expareja Fabiola Yañez. En el requerimiento de 172 carillas, tal como lo consigna la Revista Quorum, el representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que Fernández ejerció una " violencia sistemática" contra la ex primera dama en el marco de una relación de poder asimétrica iniciada en 2016.
La acusación formal incluye tres imputaciones: lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género (reiteradas en dos oportunidades), lesiones graves también agravadas bajo las mismas condiciones, y amenazas coactivas. La expectativa de pena ante una eventual condena alcanza los 15 años de prisión.
González argumentó en su dictamen que "el desarrollo personal, profesional, de la vida política y pública del denunciado, contrasta de una manera notable con los de la víctima que se reconoce, de modo recurrente, frente una abrumadora situación de desigualdad". El fiscal consideró que la magnitud de la asimetría que se pudo verificar "signó el vínculo desde sus inicios y, de alguna manera, fue determinante para la configuración de las distintas formas y tipos de violencia comprobados en la causa".
Amenazas para lograr impunidad
Respecto al delito de amenazas coactivas, el fiscal González consideró probado que Fernández intentó obtener "impunidad" para lograr que Yañez no impulsara la denuncia. "Esas amenazas pusieron en perspectiva de la víctima la posible situación de ella y su hijo en caso de no obrar conforme lo impuesto, y demostraron, una vez más, la asimetría de poder existente entre ellos", sostiene el requerimiento.
El magistrado Ercolini notificó inmediatamente a la defensa del procesado, a cargo de la abogada Silvina Carreira, para que exprese su postura al respecto. La defensa cuenta con seis días hábiles para responder y oponerse o no a la elevación, aunque puede solicitar una prórroga.
Una vez finalizada la ronda de consultas, el juez resolverá si envía el expediente a sorteo en Comodoro Py, donde se definirá qué Tribunal Oral Federal quedará a cargo del primer juicio que enfrentará el expresidente.
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Los hechos que sustentan la acusación
La causa se inició en agosto de 2024 como desprendimiento de otro expediente en el que Fernández está procesado por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gobierno. Durante el peritaje del celular de María Cantero, ex secretaria privada del expresidente, se encontró una comunicación con Yañez en la que la entonces primera dama le envió fotos de moretones por golpes y le contó sobre las agresiones.
El juez Ercolini procesó a Fernández después de dar por acreditado que el expresidente golpeó al menos en dos oportunidades a Yañez, provocándole moretones en el brazo y el ojo derecho. También confirmó que Fernández coaccionó a su expareja para que no presentara la denuncia penal en su contra. Esta decisión fue ratificada en abril pasado por la Cámara Federal.
Los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron en su resolución que "todo demuestra que la damnificada era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario".
Los camaristas agregaron que "hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima".
La Cámara Federal porteña ya confirmó el procesamiento y el embargo de 10 millones de pesos dispuesto por Ercolini, lo que fortalece la base de la acusación. Durante la investigación declararon familiares de Yañez, médicos y empleados de la quinta presidencial de Olivos, donde ocurrieron los hechos entre 2016 y agosto de 2024.
La querella que representa a Yañez ya había pedido la elevación a juicio hace un mes. Con el dictamen del fiscal González, ahora solo resta la opinión de la defensa para que el caso avance hacia la etapa de juicio oral y público.
