Lo que importa
- La Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó a la Justicia que impida a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) realizar una auditoría sobre sus finanzas, alegando inconstitucionalidad.
- La UBA reivindica que solo la Auditoría General de la Nación (AGN) debería ejercer ese control, como establece la ley y su autonomía universitaria.
- La SIGEN planea responder con una medida judicial para evitar que prospere la cautelar de la UBA y pueda iniciar la auditoría el próximo 28 de octubre.
- La disputa implica al presidente Javier Milei y su administración, quienes promueven un control externo y adicional en las universidades.
- La causa está ahora bajo el juez Diego Martín Cormick, quien ha solicitado al Ejecutivo un informe que fundamente la intervención de la SIGEN en la UBA.
Contexto
¿Por qué la UBA rechaza la auditoría de la SIGEN?
La UBA argumenta que la SIGEN, como órgano dependiente del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), no tiene competencia para auditar a las universidades nacionales, que gozan de autonomía y autarquía. Según la UBA, el único órgano autorizado para realizar auditorías externas sobre sus finanzas es la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso. La Universidad sostiene que esta independencia del PEN es una protección consagrada en la Constitución y las leyes aplicables.
¿Cómo respondió la SIGEN a la acción de la UBA?
Ante la solicitud de medida cautelar de la UBA, el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, dio instrucciones para que el organismo prepare una medida judicial contra la acción de la UBA, buscando que se permita avanzar con la auditoría. La SIGEN planea realizar la revisión financiera el 28 de octubre, con el objetivo de evaluar el uso de fondos y la gestión de convenios que involucran recursos públicos.
¿Cuál es el papel de la Ley de Administración Financiera en este conflicto?
La Ley de Administración Financiera y su reglamentación, establecida en 2007 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, permite a la SIGEN auditar a las universidades públicas, según el gobierno actual. Sin embargo, la UBA considera que esta norma contradice la autonomía universitaria reconocida en la Constitución, y por eso ha solicitado la inconstitucionalidad del artículo en cuestión. Argumenta que dicho artículo vulnera la división de poderes y su autarquía.
¿Qué ha dicho la Justicia al respecto hasta ahora?
La causa fue inicialmente asignada a la jueza Rita Ailan, quien fue recusada por la UBA, y tras un sorteo recayó en el juez Diego Martín Cormick. El fiscal interviniente determinó que el caso corresponde al fuero contencioso administrativo federal, ya que se trata de un análisis de normas de derecho público y constitucional. Cormick solicitó al Ejecutivo un informe detallado en un plazo de cinco días para justificar la participación de la SIGEN en esta auditoría.
¿Qué otros actores han opinado sobre esta disputa?
Jesús Rodríguez, ex titular de la AGN y constituyente de la reforma de 1994, sostuvo que la autonomía universitaria no significa la ausencia de controles externos, y que las universidades deben someterse a auditorías. No obstante, aclaró que esto debería realizarse bajo los criterios de la AGN y no bajo la órbita del PEN. Este testimonio podría ser relevante en el desarrollo del juicio, dada la experiencia de Rodríguez en el tema.
¿Cuáles son las implicancias de esta controversia para la autonomía universitaria?
El conflicto pone en debate el alcance de la autonomía y autarquía universitaria, principios establecidos en la reforma de la Constitución de 1994 y en la Reforma Universitaria de 1918. Para la UBA, la autonomía implica independencia del PEN en sus asuntos internos y financieros. Sin embargo, el PEN considera que el control financiero externo es una medida para garantizar la transparencia en el manejo de fondos públicos asignados a las universidades.
Cómo sigue
- Decisión judicial sobre la medida cautelar: El juez Cormick debe evaluar si concede la medida cautelar solicitada por la UBA, la cual busca frenar la auditoría de la SIGEN hasta que se resuelva la constitucionalidad del artículo impugnado. Si se aprueba, la SIGEN no podría avanzar con el control hasta un fallo final.
- Informe del Poder Ejecutivo: El Ejecutivo tiene cinco días para justificar la intervención de la SIGEN en el caso, lo que permitirá al juez analizar la postura oficial sobre los límites del control de universidades públicas.
- Posible intervención de la Corte Suprema: En caso de no obtener una resolución favorable, la UBA ha hecho reserva para llevar el caso a la Corte Suprema, argumentando que se trata de una cuestión de autonomía constitucional y división de poderes.
- Escalada política y mediática: La disputa entre la UBA y el gobierno de Milei podría intensificarse, dado que el presidente ha manifestado públicamente su posición en favor de una supervisión más estricta de los fondos universitarios.
