Las autoridades británicas registraron 12.183 arrestos durante 2023 por mensajes considerados ofensivos en redes sociales y espacios públicos, lo que equivale a más de 30 detenciones diarias y representa un incremento del 58% respecto a 2019. Los datos oficiales revelan una escalada en la aplicación de las leyes sobre comunicaciones online que penalizan expresiones que causen "molestia", "inconveniente" o "ansiedad" a terceros, en un contexto de crecientes tensiones sociales derivadas de las políticas de inmigración y multiculturalismo. Pese a todo, estas estadísticas no reflejan que desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar.
La controversia se intensificó esta semana con el caso del comediante Graham Linehan, creador de las series Father Ted e The IT Crowd, quien fue detenido el pasado lunes 1° de septiembre por cinco oficiales armados en el aeropuerto de Heathrow al volver de un viaje a Estados Unidps. ¿El motivo? Publicaciones en su cuenta de la red social X consideradas "anti-trans" por las autoridades, quienes justificaron su accionar alegando una “incitación a la violencia” por parte de Linehan.
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El caso del comediante ilustra la criminalización de lo que hasta hace poco se consideraba como una simple sátira política. Revulsiva y provocadora en ocasiones, pero de ningún modo ilegal. Su arresto se debió en concreto a tres posteos publicados en los últimos meses. En uno de ellos. Linehan aseguró que, ante una situación hipotética en la que una mujer pudiera encontrarse con un “hombre biológico” (en referencia a las mujeres trans) en un espacio exclusivo para mujeres, la reacción adecuada debería ser "hacer escándalo, llamar a la policía y, si todo lo demás falla, patearle las pelotas".
El arresto de Linehan se produce en un contexto de creciente tensión social por las políticas de fronteras abiertas a la inmigración. Aunque en la teoría las normas que la regulan no han cambiado, las estadísticas muestran que las cifras de migrantes han subido de manera abrupta desde 2022. Durante el verano boreal de 2024, Reino Unido experimentó una ola de violencia anti-inmigración que derivó en disturbios callejeros. Las autoridades respondieron con cientos de procesamientos no sólo contra quienes participaron físicamente en los disturbios, sino también contra ciudadanos que publicaron contenido relacionado en redes sociales.
El caso más emblemático fue el de Lucy Connolly, una niñera casada con un concejal conservador, quien fue sentenciada a 31 meses de prisión por un posteo que instaba a "prender fuego" a hoteles que alojaban solicitantes de asilo, si bien la autora lo borró unos minutos después de publicarlo. La cuestión volvió a generar controversias en las últimas semanas, particularmente en la localidad de Epping, cercana a Londres. Los vecinos denuncian que un hotel que aloja temporariamente a inmigrantes en el pueblo ha ocasionado una disparada en los casos de inseguridad, particularmente de ataques sexuales a mujeres jóvenes y menores de edad. A las marchas contra la presencia de los inmigrantes se suman las contramarchas en su apoyo, mientras el Consejo municipal se encuentra en plena disputa legal con el Gobierno nacional pidiendo por el cierre de dicho hotel.
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Escalada legal contra la libertad de expresión
Las leyes que regulan el contenido y la comunicación en Reino Unido son —entre otras— la Communications Act de 2003 (en su Sección 127) y la Online Safety Act de 2023. Pero a las recientes reinterpretaciones más restrictivas de estas normas se le han sumado otras nuevas que avanzan sobre el derecho a la libertad de expresión incluso en el mundo físico. En octubre de 2024, por ejemplo, se implementaron mediante legislación específica las Zonas de Acceso Seguro alrededor de clínicas en donde se practican abortos. Dentro de estas zonas, cualquier actividad que pueda "influenciar" a quienes buscan estos servicios médicos constituye un delito. Las multas pueden ser de hasta 10.000 libras.
Rose Docherty, una abuela de 74 años, fue arrestada en febrero por sostener un cartel que decía "La coacción es un crimen, estoy acá para hablar, sólo si vos lo querés" cerca de un hospital de Glasgow. "Me esposaron y me arrestaron. Soy una anciana de 74 años, ¿de qué tienen miedo?", declaró tras su detención. Docherty sostenía que su cartel no buscaba impedir el acceso a un aborto sino ofrecer apoyo alternativo. "Sólo quería que las mujeres supieran que tenían opciones", explicó tras su liberación. Su arresto generó protestas de grupos defensores de la libertad religiosa.
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El gobierno laborista de Keir Starmer avanza mientras tanto con el proyecto de Ley de Derechos Laborales, conocida como Banter Bill, que criminalizaría conversaciones en pubs, restaurantes y espacios públicos si algún empleado las considerara ofensivas. La legislación, impulsada por la viceprimera ministra Angela Rayner, permitiría procesar a ciudadanos por comentarios que los trabajadores perciban como "acoso".
La Banter Bill promete transformar la vida social británica de manera radical. La legislación habilitaría que cualquier empleado de un pub, restaurante o espacio público presente una denuncia por conversaciones que considere ofensivas, independientemente de si estaban dirigidas hacia él o si las escuchó por casualidad. Los críticos señalan que esto podría criminalizar desde discusiones políticas hasta bromas entre amigos.
Toby Young, fundador de la ONG Free Speech Union, alertó sobre las consecuencias: "Las personas serán cautelosas, sin saber exactamente dónde está la línea. No solo la gente común no lo sabe, a menudo la policía tampoco lo sabe, y los propios jurados tampoco". Young explicó que la ley crea un "efecto paralizante" en la sociedad: "La gente dejará de hablar libremente porque no sabe si algún empleado puede considerarse ofendido por una conversación privada entre clientes".
Justicia con distintos estándares
Los críticos denuncian un sistema de "justicia de dos niveles" donde las autoridades toleran manifestaciones propalestinas que incluyen llamados a la "yihad" mientras arrestan a partidarios de Israel por gritar "Dios bendiga a Israel". En mayo, la policía londinense detuvo a un hombre por llevar una caricatura satírica del líder de la organización terrorista Hezbollah a una marcha propalestina, argumentando que podría "incitar al odio racial".
El caso de Hamit Coskun ejemplifica el doble estándar de manera elocuente. Este refugiado turco de 51 años, de ascendencia kurda y armenia, huyó de su país por persecución religiosa y, a modo de protesta contra las políticas del presidente Recep Tayyip Erdogan y su giro fundamentalista, decidió quemar un ejemplar del Corán frente al consulado turco en Londres. Durante su protesta fue insultado y luego atacado con un cuchillo por otra persona, por lo que debió ser hospitalizado.
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Sin embargo, las autoridades británicas procesaron a la víctima por "delito religiosamente agravado" y lo multaron con 240 libras, mientras que su agresor fue liberado bajo fianza sin consecuencias. "Vine aquí buscando libertad y me encuentro con que no puedo expresar mis opiniones sobre la religión que me obligó a exiliarme", declaró.
Una sociedad bajo presión
Los registros policiales revelan que las autoridades registran 65 "incidentes de odio sin delito" por día, investigaciones sobre hechos en donde no se cometió ningún crimen pero alguien manifestó sentirse ofendido. Estas investigaciones consumen recursos policiales significativos sin producir condenas, ya que no involucran actividades ilegales. Sin embargo, quedan registradas en bases de datos que pueden afectar verificaciones de antecedentes para empleos o licencias profesionales.
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La columnista Allison Pearson del Daily Telegraph fue visitada en su hogar por oficiales que se negaron a especificar qué tuit había generado la acusación. Pearson describió su experiencia como "intimidatoria". Los oficiales llegaron a su casa un domingo por la mañana pero se negaron a especificar qué publicación había generado la denuncia o quién la había presentado. "Fue como algo salido de una novela distópica", comentó. Su caso ilustra cómo estas investigaciones pueden proceder sin las garantías básicas del debido proceso.
Jake Hurfurt, de Big Brother Watch —organización británica que monitorea abusos estatales de vigilancia y control social—, calificó el incremento de arrestos como "seriamente preocupante": "La policía parece estar desperdiciando innumerables horas arrestando personas por publicar cosas en las redes que, aunque ofensivas, no son ilegales".
El fenómeno trasciende casos individuales para configurar una transformación social profunda. La incertidumbre legal genera autocensura preventiva que afecta desde conversaciones familiares hasta debates académicos y periodísticos. Los británicos desarrollan estrategias de supervivencia discursiva, evitando temas controversiales o adoptando eufemismos para eludir la persecución estatal.
La escritora J.K. Rowling describió el arresto de Linehan como propio de un régimen totalitario, mientras que organizaciones de derechos civiles documentan el efecto disuasorio de estas políticas en una sociedad que experimenta tensiones sociales crecientes. La combinación de leyes vagas, aplicación selectiva y procesamiento intimidatorio configura un escenario en el que se limita la capacidad ciudadana de cuestionar políticas gubernamentales o expresar disidencia social.
