De zafarrancho en zafarrancho: las imprevisiones de la ley de la marihuana

Piense solo en esto: la gente que le dice que va a construir la utopía socialista es la misma que le acaba de regalar el papelón de la ley de la marihuana: algo así como organizar un asado para quinientas personas, y olvidarse de comprar la carne.

Es que, en el afán por darle el gusto al expresidente cuyos fracasos colman las estanterías, el régimen frenteamplista embarcó a cultivadores, farmacias y consumidores en la fantasía de recrear una Ancap del porro, echando al olvido la minucia de que se trataba de un negocio. Que generaría fondos. Y que esos fondos requerirían de un soporte bancario. Solo este sistema poblado de inspectores Clouseau podía haber incurrido en tamaño gazapo.

Y ahora vea lo que se disparó. En EEUU, una ley federal caracteriza (¡desde 1970!) a la marihuana, junto con la heroína, como una sustancia controlada "con gran potencial de abuso", prohibiendo su cultivo o tráfico. Esta ley entra, sin embargo, en conflicto con los negocios vinculados a la marihuana (llamados "MRBs") autorizados, en el caso de su empleo medicinal, en 29 estados o territorios de la Unión, o en lo recreacional, en 8, además del Distrito de Columbia.

La administración Obama intentó sortear esta divergencia disponiendo, desde el Departamento de Justicia, una serie de guías de referencia destinadas al ministerio público, ordenadas bajo lo que se conoce como los "Memoranda Cole": ocho prioridades acusatorias para sus fiscales que, al focalizarse en el consumo de menores, las actividades criminales o el financiamiento del tráfico, procuró restar presión al consumo social o medicinal.

En 2014, el Departamento del Tesoro tradujo el Cole al mundo financiero, al facultar a los bancos a identificar selectivas "banderas rojas" de riesgo en el caso de brindar servicios financieros a MRBs, de esa forma cautamente legitimados.

Y aquí es donde entra el mercado, que todos ignoran a su costo. Porque el afán regulatorio supone para los bancos la contracara de un costo administrativo de cumplimiento y debida diligencia, así como una necesaria provisión financiera (o seguro) para el caso de incurrir en una infracción reputacional: mientras los políticos creen que las reglamentaciones son apenas bellas palabras, los afectados piensan en lo que les cuestan.

Consecuencia: los bancos y uniones de crédito prefieren eludir a los MRBs como a la peste, y éstos quedan sin posibilidad de bancarizar su operación.

Todo esto, claro, se decuplica en el terreno internacional, donde los bancos mayoristas estadounidenses que operan como cajas de transacción de instituciones financieras extranjeras sobre las que no tienen control alguno, y clientes finales sobre los que no tienen referencia, optan por cerrar cuentas a toda la cadena: los bancos, los MRBs, y aún a los individuos vinculados a los MRBs, sea por ser dueños, proveedores o empleados.

¿Qué pesadilla, no? Obligados así a operar en efectivo para todo, forzados a llevar un régimen de contabilidad más estricto, llevados a trasladar sus problemas a proveedores, servicios y empleados, empujados a contratar seguros de altas primas y, en última instancia, igualmente expuestos a ser arrojados en cualquier momento de los bancos o de los negocios bancarios a título personal, los dueños de MRBs no tienen consuelo. Y no lo tienen desde hace años.

El presidente del BCU, que dice haber estado en conocimiento de esta situación todo el tiempo, clama contra la "inconsistencia normativa de los EEUU" con el mismo patetismo con el que nuestros ministros gimen por las reformas laborales en Brasil, o podrían hacerlo por las lluvias. Y esboza una solución al dilema: viajar a Washington, a fin de "sensibilizar" a los Departamentos del Tesoro y de Justicia, así como para entrar en contacto con quienes percibe como sus potenciales aliados: los congresistas que el 27 de abril pasado introdujeran un proyecto llamado SAFE Banking Act, por el cual se atiende el problema de la bancarización del negocio de la marihuana en EEUU.

La irrelevancia de la primera gestión salta a la vista. El Departamento de Justicia ya ha formulado sus criterios en esta materia en los Memoranda Cole, en tanto el del Tesoro hizo lo propio en la guía que, el 14 de febrero de 2014, instruyera los pasos de su unidad de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN): ambos con alcance doméstico, y ambos superados, como expliqué, por la práctica privada de las instituciones financieras.

Pero es en el segundo paso previsto donde destaca el provincialismo oficialista: el de solicitar entrevistas con los legisladores estadounidenses que promueven la SAFE Banking Act. Tal vez con el miembro por Colorado Ed Perlmutter, tal vez con el de Washington, Denny Heck, o el de Alaska, Don Young.

Lo que estos legisladores procuran desde 2013 (cuando ya presentaran un proyecto similar) es prohibir a los reguladores federales la limitación de seguros de depósito a favor de bancos estadounidenses que abran cuentas a MRBs, al tiempo que aislar a los bancos de toda responsabilidad penal que pudiera surgir por tratar con ellos. Pretenden, además, que los informes de actividad sospechosa que frenan, en los hechos, el negocio estén sujetos a un régimen más laxo. Solo que estas medidas están claramente orientadas al mercado doméstico estadounidense. Es a los MRBs de ese país, cuya facturación anual estimada es de US$ 7.000 millones, que apunta el SAFE Banking Act que hoy analiza el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Lo que el presidente del BCU, en tanto, pretende es "sensibilizar" a los legisladores respecto a la situación de un mercado que no conocen, no les importa, y para el cual no existe estímulo alguno a la excepción: el uruguayo.

Ahora póngase Ud. en el lugar de un congresista de los mencionados. Su trabajo es defender el proyecto que respaldan sus votantes y las empresas de su estado que financian sus campañas, y hacerlo ante colegas renuentes, demostrando que es bueno y compatible con las estrictas normas de regulación financiera que monitorea el FinCEN.

Ahora recibe la visita de un regulador latinoamericano que le explica (ojalá que en inglés) que han armado en su remoto país una desregulación controlada del mercado de consumo social de la marihuana sin pensar siquiera en un sustento financiero. Y que, mientras el tema se resuelve, están analizando el pago en efectivo de la marihuana que, tal vez, dispensen herboristerías, u otros "canales" ... que bien se cuida de nombrar, ya que no tiene ni idea de cuales serían.

A ella le agrego la mía. Trataría de sacarme a mi insólito visitante de encima lo antes posible, y en sigilo, no sea cosa que mis colegas sepan que, en tanto yo promuevo la aprobación de la SAFE Banking Act para atender a mis votantes, ya se han colado en el Congreso algunos latinoamericanos que piden excepciones porque ... se olvidaron de pensar en los bancos cuando armaban su tinglado y hablan, sin más, de bancarizar billetes de baja denominación (obviamente, no han visto la serie televisiva "Ozark").

Y una vez se hubieran retirado de mi despacho ese innecesario latinoamericano y sus acólitos, me serviría un buen "scotch", sin pensar siquiera por un segundo en los cientos de miles de compatriotas del personaje que nunca sabrán hasta qué punto han sido mal representados y a propósito de algo tan lastimoso.