La esposa del presidente de España había sido convocada en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos públicos. Sus abogados le transmitieron que su presencia "no era necesaria".
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no compareció este sábado en el juzgado de Madrid donde había sido citada por el magistrado Juan Carlos Peinado.
El juez la había convocado en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos públicos.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la defensa de Gómez entendió que su presencia no era necesaria en esta fase.
Según los letrados, el trámite responde a un derecho de información para los investigados y no a una obligación de comparecencia, por lo que la ausencia no altera el procedimiento.
A la misma diligencia habían sido convocados el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado, y Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa.
Tampoco Martín acudió a la citación, mientras que Álvarez sí figuraba en el llamamiento realizado por el magistrado.
El acto estaba enmarcado en el artículo 25 de la Ley del Jurado, que establece la obligación del juez de precisar la imputación de los investigados.
En esta audiencia, las partes pueden solicitar el archivo de la causa o, por el contrario, la continuación del procedimiento hacia un eventual juicio.
Durante la vista, la Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, solicitaron al juez Peinado el archivo de la pieza de malversación vinculada al nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa.
En sentido opuesto, las acusaciones populares, entre ellas Hazte Oír, pidieron que se cite a declarar como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El juez fijó esta vista tras decidir que, en caso de llegar a juicio, los investigados fueran juzgados por un jurado popular y no por un tribunal compuesto por jueces.
La medida se encuadra en una pieza separada abierta hace seis meses, en la que se indaga si hubo un posible desvío de fondos públicos en la designación de Álvarez y si esta realizó funciones privadas para Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, la no asistencia a esta diligencia no invalida el trámite ni supone un incumplimiento procesal.
El procedimiento seguirá su curso, quedando a disposición del juez las resoluciones posteriores en función de las pruebas y alegatos presentados.