El Alto Tribunal argumenta que los presuntos delitos cometidos por el rey emérito están prescritos o fueron regularizados y que no hay nuevos elementos para reabrir la causa
Rey emérito Juan Carlos I
El Tribunal Supremo desestimó una querella presentada por un grupo de juristas y personalidades públicas contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales. Según el
auto, los hechos ya fueron objeto de una investigación archivada por la Fiscalía Anticorrupción en 2022 y no se aportaron nuevas pruebas que justifiquen reabrir el caso.
La Sala Segunda del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, concluyó que los hechos atribuidos al exmonarca “no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron objeto de regularización tributaria”, y que la acción popular no puede reemplazar la iniciativa del Ministerio Fiscal ni revivir una causa cerrada sin aportes sustanciales.
La querella sostenía que Juan Carlos habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas, canalizadas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum. También cuestionaba la legalidad de las regularizaciones fiscales realizadas por el exjefe de Estado entre 2014 y 2018, cuando ya había abdicado, y denunciaba el uso de estructuras opacas en el extranjero.
El Supremo, sin embargo, respaldó el criterio del Ministerio Fiscal y rechazó que las regularizaciones tuvieran defectos invalidantes. De hecho, recordó que Juan Carlos abonó más de 5 millones de euros al fisco tras ser advertido por la Agencia Tributaria, y que dichas actuaciones surtieron efecto conforme al artículo 305.4 del Código Penal, al haberse efectuado antes de que existiera conocimiento formal de una infracción.
“El relato fáctico se limita a una glosa crítica de las decisiones de la Fiscalía, sin contrarrestar los argumentos que fundamentaron el archivo con algún apoyo documental de contraste”, sostuvo el tribunal. Y añadió: “Nada ha cambiado tres años después del archivo de esa investigación que pueda ameritar acordar la apertura de un proceso penal”.
Los jueces también aludieron a la “imprecisión y falta de claridad” en la redacción de la querella, que no aportó documentación adicional ni rebatió de forma sólida las conclusiones previas de la Fiscalía.
Juan Carlos I, de 87 años, reside en Emiratos Árabes Unidos desde 2020, aunque ha regresado en varias ocasiones a España, principalmente para participar en competiciones náuticas en Galicia. Pese a las múltiples investigaciones y controversias que rodearon su fortuna y su figura en los últimos años, no enfrenta cargos penales gracias a la inviolabilidad que tuvo como jefe de Estado hasta su abdicación en 2014 y a la prescripción de los hechos investigados.
Rey emérito Juan Carlos y Rey Felipe VI