El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha acordado abrir juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura; y otras nueve personas, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Así lo establece un auto judicial dictado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, que investiga la presunta adjudicación irregular de un puesto público en la Diputación de Badajoz a favor del hermano del jefe del Ejecutivo.
Es el primer familiar directo del presidente Pedro Sánchez que va a juicio por una causa relacionada a hechos de corrupción política.
La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también es investigada por tráfico de influencias en cuestiones empresarias.
Los fundamentos de la jueza
La magistrada Beatriz Biedma ha rechazado los recursos presentados por las defensas de los implicados, desestimando los argumentos que solicitaban el archivo del caso por falta de indicios. En su resolución, la jueza destaca que el puesto ocupado por David Sánchez "no era necesario" y que "se fue adaptando a sus preferencias personales", lo que apunta a un posible uso indebido de influencias para obtener un beneficio propio.
Qué se investiga
El proceso judicial investiga la creación y adjudicación de un puesto público supuestamente diseñado a medida para David Sánchez, lo que ha generado un fuerte debate político tanto en Extremadura como a nivel nacional.
Miguel Ángel Gallardo ha anunciado que prevé incorporarse como diputado en la Asamblea de Extremadura el próximo 29 de mayo, lo que le otorgaría la condición de aforado y trasladaría la competencia del caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Gallardo defiende esta decisión como una estrategia política para contrarrestar al gobierno regional del Partido Popular, negando que se trate de un intento de protegerse judicialmente.
La acusación de la fiscalía
Aunque la Fiscalía había solicitado el archivo del caso al considerar que se basa en "conjeturas", la jueza ha optado por continuar con el proceso. La acusación popular, liderada por la organización Manos Limpias y apoyada por partidos como el PP y Vox, reclama una condena de tres años de prisión para David Sánchez.
Preocupación en el Gobierno
Este caso podría tener importantes repercusiones políticas en la región, al involucrar a dos figuras relevantes del PSOE en Extremadura y afectar la dinámica política y la percepción pública sobre ambos implicados.