Sólo Vox se opuso al decreto que debió ser retocado por Pedro Sánchez para lograr el apoyo de los independentistas catalanes. Quedaron afuera medidas fiscales y económicas
Pedro Sánchez en la sesión del Congreso. EFE
El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles el decreto ómnibus gracias al respaldo del Partido Popular (PP) y Junts --cuyo rechazo en la votación del pasado 22 de enero había hecho caer la iniciativa--.
La votación resultó en 315 votos a favor y 33 en contra, estos últimos pertenecientes a Vox.
Sin embargo, el resultado representa una victoria a medias para Pedro Sánchez, ya que el decreto aprobado incluye solo 29 de las 80 medidas que el Ejecutivo pretendía sacar adelante en enero. La presión de Junts obligó al Gobierno a reducir drásticamente el contenido del decreto y realizar modificaciones para garantizar su aprobación.
El PP no quiso entonces rescatar al Gobierno tras la falta de apoyo de Junts --socio de Pedro Sánchez para su investidura--, lo que llevó al Ejecutivo a aprobar sólo una versión reducida del paquete original.
A pesar del recorte en el contenido del decreto, algunas medidas de impacto social lograron avanzar, entre las que destacan la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios al consumidor (IPC), descuentos en el transporte público, ayudas para los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y prórrogas en las ayudas para los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.
Sin embargo, la mayoría de las medidas fiscales y económicas propuestas inicialmente quedaron fuera del decreto final.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, celebró la convalidación del decreto, destacando que "frente a los que votaron en contra, la ciudadanía nos tiene a nosotros, que trabajamos para conseguir los votos".
Desde la tribuna del Congreso, subrayó que la aprobación se logró "gracias a la capacidad de trabajo y diálogo de este Gobierno y de los grupos que apoyan que el país siga avanzando".
La derrota del 22 de enero fue un golpe para el Gobierno, que esperaba que la relevancia social de las medidas generara apoyo por parte del PP o Junts, pero el partido catalán argumentó que el Ejecutivo había incumplido acuerdos previos y que el decreto contenía demasiadas medidas, lo que consideraron una forma de "chantaje".
Para asegurar la aprobación del decreto, el presidente del Gobierno aceptó fraccionarlo y permitió que la Mesa del Congreso tramitara una proposición no de ley sobre la cuestión de confianza, aunque Sánchez no se someterá a ella. Además, se aceleraron negociaciones como la cesión de competencias en inmigración a Cataluña.
El acuerdo con Junts mostró la dependencia del Gobierno respecto a los independentistas catalanes, al punto de que Sánchez tuvo que retrasar un Consejo de Ministros para concretar la negociación.
El diputado de Junts, Isidre Gavín, calificó el decreto aprobado como una "rectificación" y criticó al Gobierno por no haber negociado antes. "¿Por qué no presentaron un decreto con las medidas urgentes que sí estaban acordadas?", cuestionó.
El PP, que inicialmente se opuso por considerarlo una "amalgama jurídica", también cambió de postura en general, pero sostuvo el rechazo a la cesión de un palacete del Instituto Cervantes en París al PNV, una medida que sigue incluida en el decreto final.
"El PP dijo que aprobaríamos la subida al transporte, las jubilaciones y las ayudas a la DANA, y así lo estamos haciendo. Nuestro compromiso es con los jubilados", aseguró el diputado Jaime de Olano, al negar un cambio de postura.
A lo que Bolaños respondió con ironía, "agradeciendo" al PP por respaldar las medidas de protección social, aunque señaló que hubiera preferido que este apoyo llegara en la votación anterior.