Madrid exige que se den explicaciones y dato oficiales sobre la cantidad de hombres acusados de maltrato se beneficiaron con este fallo.
La consejera de Familia, Juventud y Asunstos Sociales, Ana Dávila
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha exigido la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras destaparse los fallos en las pulseras antimaltrato, un sistema clave para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta al Ministerio en la que reclama saber "cuántos maltratadores se han beneficiado de este fallo desde el 20 de marzo de 2024, con especial referencia a la Comunidad de Madrid". Según advierte, lo ocurrido compromete directamente la seguridad de las víctimas y la credibilidad del sistema judicial.
La denuncia llega después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara en su Memoria de 2024 de absoluciones de acusados debido a "múltiples fallos" en los dispositivos.
Para Dávila, esta "deficiente" gestión "ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de mujeres, y de sus hijos, en toda España". La consejera denuncia que cada día que pasa sin respuestas "seguimos sumando riesgo, inseguridad e incertidumbre en la vida de las mujeres".
"Debe aclarar con detalle y transparencia cada paso dado para la adquisición de los terminales y la gestión del servicio, así como el proceso en la migración de datos entre las empresas que han gestionado el sistema y que ha puesto en jaque la garantía de los procedimientos judiciales", ha subrayado.
La Comunidad de Madrid no considera lo sucedido un simple error técnico, sino la consecuencia de una gestión marcada por la dejadez. "No es un fallo técnico aislado, sino parte de una larga cadena de decisiones irresponsables desde el Ministerio de Igualdad, que evidencia, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más daño ha causado a las mujeres en democracia", ha asegurado Dávila.
Además, ha acusado al Ejecutivo central de intentar tapar la situación: "El Gobierno ha tratado de ocultarlo y minimizarlo, pese a las advertencias reiteradas de las víctimas, del Observatorio del CGPJ, de distintas fiscalías provinciales y de profesionales del propio sistema".
La consejera considera que esta gestión "solo puede considerarse como una negligencia premeditada, consciente y encubierta, absolutamente impropia de una democracia avanzada y más propia de un gobierno que abandona a las víctimas".
Ante la gravedad del escándalo, Dávila exige que la ministra Ana Redondo asuma responsabilidades políticas: "Las mujeres no pueden ver peligrar su vida por la incompetencia de su Gobierno".
Según la consejera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha traicionado su deber más elemental, que es proteger a las víctimas". Por ello, insiste en que tras "el dolor, la desprotección y el desamparo" generados, la dimisión de la ministra de Igualdad es "la única salida digna".