El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió al Ministerio de Igualdad de problemas con las pulseras de control de agresores machistas en oficios enviados en enero y febrero por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
La presidenta de este observatorio, Esther Erice, envió dos oficios el 8 enero y el 21 de febrero de este año a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Allí señalan fallos en la geolocalización de los agresores y problemas en la cobertura y batería de los dispositivos.
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El CGPJ detalló que los informes remitidos por las Audiencias Provinciales, como las de Granada y Galicia, alertaban sobre las dificultades para localizar a los agresores debido a errores en la ubicación o incluso manipulaciones de los dispositivos sin que se detectara. Además, se destacó la lentitud en la colocación de las pulseras debido a una escasez de personal técnico, lo que provocaba demoras en su implementación.
Ana Redondo admite los fallos y anuncia nuevas licitaciones
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido estos problemas, que ocurrieron durante un cambio de proveedor de los dispositivos de Telefónica a Vodafone.
Según Redondo, durante el proceso de migración de datos entre las dos compañías surgieron dificultades técnicas, lo que afectó la fiabilidad de los dispositivos en algunos casos. Sin embargo, la ministra insistió en que estas fallas no comprometieron la seguridad de las mujeres, asegurando que "ninguna mujer ha sido asesinada llevando una de estas pulseras".
Redondo defendió que el sistema de pulseras sigue funcionando y que en los próximos meses se llevará a cabo una nueva licitación para mejorar el servicio. "Incorporaremos mejoras técnicas, como una plataforma de datos que permita a los jueces tener acceso inmediato a la información", anunció. Además, la ministra desmintió las acusaciones de que las pulseras se adquirieran en sitios no autorizados como AliExpress, calificando estos rumores como "absolutamente falsos".
La polémica y la respuesta del Gobierno
El Gobierno ha cerrado filas en torno a Redondo, aunque la polémica ha aumentado, especialmente tras la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, que reveló la pérdida de datos sobre las órdenes de alejamiento debido a los fallos en la gestión de los dispositivos.
En respuesta a las críticas, tanto la ministra de Igualdad como otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Sanidad, Mónica García, han defendido que el sistema sigue funcionando correctamente y que las víctimas nunca estuvieron desprotegidas.
El Partido Popular (PP) ha aprovechado la situación para cuestionar la gestión del Gobierno y exigir responsabilidades, lo que ha llevado a la ministra Redondo a acusar al PP de utilizar "el miedo de las víctimas como ariete político" y de alimentar una alarma innecesaria para obtener rédito político.
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A pesar de la polémica, el Gobierno sigue comprometido con la mejora del sistema y con la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Según datos oficiales, en julio de este año, más de 4.500 pulseras estaban en funcionamiento, un aumento significativo respecto a las 1.800 en 2018.
FUENTE: El Observador
