Gobierno y sindicatos pactan elevar más del 11% el salario de los funcionarios públicos hasta 2028
Pese a que la negociación se había frustrado a principios de semana, la clave del avance estuvo en la disposición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a reforzar los incrementos previstos para 2025 y 2026.
El Gobierno y las principales organizaciones sindicales de la función pública alcanzaron un principio de acuerdo para la revalorización salarial de los empleados públicos.
El pacto, que se extenderá hasta 2028, contempla un incremento total del 11% —que rondará el 11,5% en términos acumulados— y fija para 2025 un alza del 2,5% con efectos retroactivos, que será abonada en una paga adicional en diciembre de este mismo año.
El entendimiento se produjo tras una segunda reunión esta semana entre la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, y representantes de CCOO, UGT y CSIF. UGT y CSIF respaldaron la propuesta final, mientras que CCOO pidió un plazo adicional para valorar su adhesión.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en una reunión con CCOO, UGT y CSIF para abordar la mejora salarial y laboral de los trabajadores públicos.
Un ajuste tras el bloqueo inicial
La clave del avance estuvo en la disposición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a reforzar los incrementos previstos para 2025 y 2026.
La negociación había encallado el lunes porque la propuesta inicial del Ejecutivo, aunque alcanzaba el 11% total, dejaba solo un 4% para los dos primeros años con el fin de no superar el techo de gasto.
Finalmente, Función Pública aceptó añadir un incremento variable para 2026: un 0,5% adicional vinculado a que el IPC iguale o supere el 1,5%. Esa subida se abonaría en el primer trimestre de 2027, con efectos retroactivos.
El reparto pactado queda así:
2025: +2,5%
2026: +1,5% fijo +0,5% variable según IPC
2027: +4,5%
2028: +2%
Fin progresivo de la tasa de reposición
El acuerdo incluye también compromisos adicionales por parte del Ejecutivo, entre ellos la eliminación progresiva de la tasa de reposición —que limita la oferta de empleo público a las bajas por jubilación— y mejoras en materia de selección, jornada, carrera profesional, jubilación y permisos.
“Este es un gran acuerdo, un acuerdo en el que no solamente ganan los empleados públicos, sino también la calidad de lo público y la ciudadanía”, afirmó Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos. La dirigente subrayó que el pacto aborda cuestiones como indemnizaciones, mutualismo administrativo, clases pasivas e insularidad.
Por su parte, CSIF defendió que la subida es “el mejor acuerdo posible” dentro del actual contexto político y presupuestario, y destacó que permitirá recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
El sindicato insistió en que el pacto “no es un cheque en blanco” y anunció la creación de una comisión de seguimiento para garantizar su cumplimiento en un plazo máximo de 15 días desde la firma.
