La Agencia Tributaria desmanteló una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos, con presencia en todo el territorio nacional y una estructura de 38 sociedades, a la que se le imputa un fraude superior a 300 millones de euros durante 2024. Según informó este viernes el organismo, se trata de “una de las dos mayores tramas de IVA desarticuladas hasta la fecha en España en dicho sector”.
Operación "Pamplinas Stars"
En el marco de la operación ‘Pamplinas Stars’, se efectuaron 18 registros en doce localidades de siete provincias, donde se intervinieron inmuebles, vehículos, embarcaciones, “cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, un importante volumen de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico”.
Las pesquisas señalan que la estructura estaba diseñada para dos fines: “servir a la defraudación del IVA repercutido y no ingresado en las arcas públicas, y trasladar al extranjero los fondos obtenidos con el fraude para tratar de impedir su trazabilidad”. Para sostener el entramado, la organización utilizaba testaferros y asesorías legales, además de adquirir sociedades con alta en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef) para prolongar la operativa delictiva.
Cinco detenidos y uno de los líderes en prisión
Más de 160 funcionarios de la Agencia Tributaria participaron en el operativo, que terminó con cinco detenidos, entre ellos uno de los líderes de la red, ya en prisión provisional, acusado de delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación se inició a mediados de 2024 tras detectar irregularidades en un operador mayorista que comenzó a vender grandes cantidades de hidrocarburos a finales de 2023. En ese momento aún no estaba vigente la normativa que, desde enero de 2025, obliga a estas sociedades a presentar declaraciones mensuales y operar con el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).
Tres operadoras expulsadas del mercado en cinco meses
Según los investigadores, el fraude se articulaba mediante empresas instrumentales que facturaban el producto a los destinatarios finales. La primera operadora fue dada de baja del Redef en verano de 2024, pero la actividad continuó con una segunda compañía, que “habría defraudado según los investigadores 123 millones de euros” entre octubre y noviembre de 2024.
Una tercera operadora inició la actividad fraudulenta en diciembre del mismo año y fue expulsada del registro cinco días después. Con la inhabilitación de las tres mayoristas, la trama quedó sin capacidad legal para operar, quedando así desmontada la vía principal del fraude.
Impacto en el mercado y perjuicio a la competencia
La Agencia Tributaria subrayó que el esquema permitía “un rápido aumento de las ventas a bajo precio gracias a la defraudación del IVA”, lo que facilitó una expansión por todo el territorio en un corto periodo de tiempo. Este modelo generó un fuerte impacto tanto en la recaudación pública como en la competencia dentro del sector.
La operación sigue bajo investigación del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Las autoridades trabajan ahora en la trazabilidad internacional de los fondos desviados.
