18 de diciembre 2025 - 16:54hs

Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal a la que se atribuye uno de los mayores fraudes de IVA registrados en el sector de los hidrocarburos, con un perjuicio estimado cercano a los 300 millones de euros.

La operación, centrada en la actividad de la operadora Biomar Oil, sacó a la luz un entramado de gran complejidad que acumulaba coches de lujo, inmuebles, importantes sumas de dinero y hasta un taller clandestino de armas con material de guerra.

En el marco de la investigación fueron detenidas ocho personas y otras diez figuran como investigadas por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

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FRAUDE HIDROCARBUROS

Se allanaron domicilios de Madrid y Ávila

En los registros practicados en siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital se encontraron 140.000 euros en efectivo, relojes de alta gama y distintos activos financieros.

Además, se bloquearon cuentas bancarias con más de 12,5 millones de euros, junto a 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de lujo valorados en más de tres millones de euros y 46 inmuebles con un valor superior a los cinco millones.

Uno de los hallazgos más llamativos se produjo en una vivienda donde los agentes localizaron una fábrica clandestina de armas de fuego y munición de guerra, donde incautaron 44 armas —algunas modificadas— y un vehículo blindado de uso militar equipado con una ametralladora pesada instalada en la torreta.

La investigación se inició a comienzos de 2023, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectó importantes movimientos económicos en varias empresas del comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales.

armas uno

La trama de la investigación

Las primeras pesquisas revelaron la existencia de dos operadoras petrolíferas que incumplían de forma sistemática sus obligaciones fiscales, especialmente el pago del IVA, y que estarían controladas por una misma organización criminal, generando una fuerte distorsión en el sector.

La Agencia Tributaria informó que el entramado ofrecía carburante “a precios muy por debajo del valor real de mercado” gracias a los incumplimientos fiscales.

La red podía incluso vender el producto por debajo de su costo de adquisición, ya que no ingresaba el IVA repercutido y tampoco cumplía con la normativa sobre biocarburantes, eludiendo un pago compensatorio que habría supuesto unos 40 millones de euros adicionales. Estas prácticas les permitían obtener amplios márgenes económicos y competir de forma desleal con empresas que sí cumplían la ley.

Los investigadores constataron que la organización disponía de su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, una circunstancia poco habitual en el sector.

El grupo tenía una clara vocación de continuidad: tras operar con una primera petrolera, creó una segunda para seguir con la actividad ilícita y llegó incluso a constituir una tercera, cuya puesta en marcha fue frenada a tiempo por la Agencia Tributaria.

La estructura del entramado era jerárquica y estaba liderada por dos socios, bajo cuyo control se encontraban los responsables financieros encargados de gestionar las cuentas y la contabilidad.

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