La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la condena de dos años de inhabilitación al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser hallado culpable de un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de datos reservados de un correo electrónico en la causa que llevaba adelante contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La petición llega tras la ejecución de la sentencia por parte del Alto Tribunal y pone de manifiesto una importante tensión institucional entre el Ministerio Público y el órgano judicial superior.
Acusan de vulnerar garantías procesales
En un escrito presentado ante la Sala Penal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Alto Tribunal, afirma que los magistrados “crearon un tipo delictivo para condenarlo” y que ignoraron “sin explicación alguna” las pruebas que podrían exculpar al exfiscal general. Según la Fiscalía, la sentencia vulnera principios fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la legalidad penal y la tutela judicial efectiva
El Ministerio Público sostiene que el delito de revelación de secretos “no contempla la conducta del funcionario que revela datos que ya son públicos”, dado que la información en cuestión ya había sido difundida previamente “por una pluralidad de medios de comunicación” antes de su publicación oficial por parte del exfiscal.
Críticas a la valoración de pruebas
La fiscal también critica que el tribunal haya hecho una “incompleta selección de los hechos” al omitir el testimonio de varios periodistas, quienes aseguraron que tuvieron acceso al contenido del correo antes de que García Ortiz lo recibiera. Además, considera “difícilmente entendible” la imposición de una indemnización de 10.000 euros y las costas derivadas de la acusación particular.
Un fallo que marcó tendencia
La condena de García Ortiz fue dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo tras concluir que filtró datos reservados relativos en la causa contra González Amador. La sentencia, ejecutada recientemente, incluyó además el pago de una multa y la remisión del fallo a la Inspección Fiscal para que decida sobre su futuro como miembro de la carrera fiscal.
