El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado queviven en España más de 550.000 inmigrantes que están recibiendo ayudas sociales del Estado sin haber trabajado previamente. En su intervención durante su presentación organizada por el diario ‘La Razón de’, celebrado el pasado martes en Madrid, Feijóo subrayó que esta cifra refleja un desafío en el sistema de bienestar social del país.
Días atrás, el líder popular presentó una propuesta de medidas para el abordaje de la creciente inmigración irregular al país, entre las que propone un visado que prioriza la regularización de quienes son afines culturalmente a España.
Las condiciones para el Ingreso Mínimo Vital
Feijóo destacó que uno de los puntos clave de su propuesta es la necesidad de que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se condicione a la búsqueda activa de empleo. “No podemos seguir con un sistema en el que se da dinero público a quienes no buscan una integración laboral en nuestra sociedad”, “No podemos seguir con un sistema en el que se da dinero público a quienes no buscan una integración laboral en nuestra sociedad”,
aseguró el presidente del PP, enfatizando que este tipo de medidas son esenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema de bienestar.
Rechazo a la regularización masiva incondicional
En cuanto a la regularización de inmigrantes, Feijóo se mostró firme en su postura en contra de “una regularización masiva incondicional”. Aseguró que la regularización debe estar basada en criterios claros y responsables que no pongan en riesgo los recursos públicos, y advirtió que una medida de este tipo sin condiciones podría generar efectos adversos en el empleo y los servicios sociales del país.
El debate sobre inmigración en el centro de la escena
Estas declaraciones de Feijóo se producen en un contexto de fuerte debate sobre la inmigración en España, donde los partidos políticos muestran posiciones contrapuestas sobre cómo abordar la regularización y la integración de los inmigrantes. Feijóo ha reiterado su mensaje en defensa de una inmigración “ordenada” y “controlada”, argumentando que debe priorizarse la integración de los inmigrantes al mercado laboral y a la sociedad española en su conjunto.
