La Audiencia Nacional (AN) ha decidido abrir una investigación contra el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y dos directivos más de la empresa, por la venta no autorizada de acero a la compañía israelí Israel Military Industries (IMSI), un reconocido fabricante de armas, tanto ligeras como pesadas. El juez Francisco de Jorge, a cargo del caso, ha confirmado que los tres investigados sabían que el material se utilizaría para la fabricación de armamento, lo que agrava la situación.
La denuncia de una Asociación Palestina de Cataluña
La querella se origina a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Comunitad Palestina de Cataluña-Tierra Santa, que apunta a una violación de la ley.
Según el magistrado, los tres directivos no solicitaron la autorización del Gobierno para realizar esta venta, ni tampoco se inscribieron en el registro obligatorio para este tipo de transacciones, lo que infringe las normativas sobre comercio de material sensible.
El juez destaca que tanto el Tribunal Penal Internacional como la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y la UNRWA han expresado su preocupación sobre la situación, lo que refuerza el carácter público y serio de las implicaciones de este caso.
Investigación a la empresa
Además de los tres directivos de Sidenor, el juez ha decidido que la investigación también incluye a la sociedad mercantil Clerbil SL, que tiene la responsabilidad administrativa sobre Sidenor Holdings Europa. Sin embargo, el magistrado ha decidido no investigar a la empresa Sidenor Aceros Especiales SLU, debido al rol activo de sus trabajadores en la denuncia pública de la actividad presuntamente ilegal, y a su colaboración para evitar la continuidad de esta práctica.
Protección para los trabajadores que declaren
El juez ha subrayado que los trabajadores de Sidenor están protegidos por la legislación europea de protección de informantes, en particular, la Directiva (UE) 2019/1937 y su transposición en la ley 2/2023. Esta normativa garantiza que las personas jurídicas que informen sobre infracciones normativas, como es el caso de los empleados de Sidenor, no sean perjudicadas por medidas cautelares ni por posibles sanciones.
Los tres directivos investigados han sido citados a declarar el próximo 12 de noviembre, en lo que será un paso clave en la instrucción de este caso.
