Consumo evalúa fuertes sanciones contra una importante inmobiliaria por prácticas abusivas con inquilinos
La conocida inmobiliaria es investigada por exigir a los inquilinos el pago de comisiones ilegales y por imponer la contratación de seguros.
27 de marzo de 2025 10:27 hs
Investigan a un importante inmobiliaria por cobro ilegal de comisiones.
Lo que importa
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una gran inmobiliaria por posibles prácticas abusivas con inquilinos, como el cobro de comisiones ilegales y la imposición de servicios no solicitados.
La investigación, iniciada en octubre, también se extiende a otras inmobiliarias que podrían estar cometiendo infracciones similares.
Las prácticas investigadas violan la Ley de Vivienda, que prohíbe que los inquilinos asuman los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato.
Las sanciones por estas infracciones podrían ascender hasta un millón de euros, dependiendo de su gravedad.
Esta acción se suma a otros expedientes sancionadores relacionados con el alquiler, como los abiertos a plataformas de viviendas turísticas por publicidad ilícita y engañosa.
Contexto
¿Qué prácticas están siendo investigadas?
El Ministerio investiga si algunas inmobiliarias cobran comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento, obligan a los inquilinos a contratar seguros o servicios no solicitados, y trasladan a los inquilinos gastos de gestión inmobiliaria y de formalización de contratos, lo cual está prohibido por la Ley de Vivienda.
Denuncias sobre estas prácticas han sido presentadas por varias organizaciones, como el Sindicato de Inquilinas-CECU, Facua, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las cuales alertaron al Ministerio sobre estas posibles infracciones.
¿Cuáles son las implicaciones legales?
La Ley de Defensa de los Consumidores establece que las cláusulas que obligan a los inquilinos a asumir estos gastos pueden ser calificadas como infracciones graves o muy graves. Si se consideran graves, las multas podrían alcanzar hasta 100.000 euros, y si son muy graves, hasta un millón de euros, con la posibilidad de que las sanciones superen estas cantidades en función del beneficio ilícito obtenido.
¿Cómo afecta esta investigación a la política de vivienda del Ministerio?
La acción está alineada con el compromiso del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores, especialmente en el ámbito del acceso a la vivienda. Además de las investigaciones actuales, el Ministerio ha impulsado acciones informativas a los operadores del mercado para evitar conductas abusivas en los contratos de alquiler.
¿Qué otros procedimientos se han abierto en este ámbito?
Este expediente se une a otros expedientes recientes relacionados con el sector de la vivienda. Por ejemplo, se abrió un procedimiento sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por mantener anuncios de alojamiento que fueron considerados publicidad ilícita. Además, en febrero, el Ministerio abrió expedientes a empresas que administran viviendas turísticas por prácticas engañosas en los anuncios.
Cómo sigue
El expediente sancionador iniciado contra la inmobiliaria en cuestión continuará su curso, y el Ministerio de Consumo analizará si las prácticas investigadas son constitutivas de infracciones graves o muy graves. Si se confirman las irregularidades, se procederá a imponer las correspondientes sanciones económicas, que podrían ser sustanciales dependiendo de la magnitud de los beneficios ilícitos obtenidos por las inmobiliarias. La investigación también podría extenderse a otras agencias del sector inmobiliario si se detectan más comportamientos abusivos.
De manera paralela, el Ministerio podría continuar su lucha contra las prácticas engañosas en el mercado de alquiler y en el sector de las viviendas turísticas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las leyes que protegen tanto a los inquilinos como a los consumidores en general. Las acciones futuras también podrían involucrar nuevas medidas de control y de difusión de las normativas sobre los derechos de los inquilinos, en un esfuerzo por regularizar el mercado y evitar más abusos. Sin embargo, el resultado final del expediente sancionador dependerá de los resultados de la investigación que sigue en curso.
