A partir de una denuncia de la OCU, el ministerio evalúa una fuerte sanción a la empresa por prácticas ilegales y abusivas contra los inquilinos.
Demandan a la empresa de gestión de alquileres, Alquiler Seguro.
El Ministerio de Consumo y Derechos Sociales ha presentado una propuesta de multa por un valor de 3,6 millones de euros contra la empresa de gestión inmobiliaria Alquiler Seguro.
La sanción se debe a la vulneración de los derechos de los consumidores, tras las denuncias de organizaciones como Facua por prácticas irregulares en los cobros a inquilinos y otras deficiencias en sus contratos de arrendamiento.
La propuesta de sanción contra Alquiler Seguro se originó a partir de una denuncia que alertó sobre irregularidades en los contratos de la empresa. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran el cobro de un supuesto servicio de atención al inquilino, la imposición de un seguro del hogar que debería cubrir el arrendador, la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la obligación de pagar todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
El ministro Pablo Bustinduy subrayó que se destinarán todos los recursos disponibles para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley en el mercado de la vivienda. Según Bustinduy, en los últimos años ha imperado una “ley de la selva” en este ámbito, dejando a los inquilinos en una situación de “indefensión”, donde la búsqueda de vivienda se ha convertido en una competición, y los abusos y violaciones al derecho constitucional a una vivienda digna son comunes.
Además de la sanción a Alquiler Seguro, Bustinduy ha propuesto medidas para frenar el abuso en el sector del alquiler. Entre ellas, ha propuesto congelar los precios de los alquileres y prorrogar los contratos existentes por tres años, dado que en los próximos meses se vencerán alrededor de 300.000 contratos. Esto podría poner a muchas familias en una situación de angustia, con la posibilidad de que sus alquileres se incrementen entre un 30% y un 40%.
El Ministerio también está aplicando medidas fiscales "muy gravosas" contra aquellos que posean más de cuatro viviendas y está promoviendo la prohibición de la compra especulativa en zonas de alta demanda.
El Ministerio también está tomando medidas en relación con los cobros irregulares a inquilinos por parte de agencias inmobiliarias. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para denunciar los cobros "abusivos" de algunas agencias, como gastos de gestión y formalización del contrato, que deben ser asumidos por el arrendador según la Ley de Arrendamientos Urbanos desde mayo de 2023.
Estas prácticas también han sido denunciadas por OCU, que presentó una queja ante el Ministerio el año pasado, alertando sobre cobros irregulares por parte de Alquiler Seguro. En respuesta, el Ministerio ha abierto un expediente sancionador y ha comenzado a investigar las posibles irregularidades.
OCU ha solicitado que se sancione a Alquiler Seguro de acuerdo con los beneficios ilícitos obtenidos, destacando que, si las irregularidades son consideradas graves, la sanción podría multiplicarse entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.
La organización también anima a los afectados a unirse a su campaña para exigir el reembolso de los pagos indebidos y denunciar este tipo de abusos, los cuales contribuyen a agravar la crisis de acceso a la vivienda.