Polonia llevó a cabo de manera forzosa unas 2.100 deportaciones de extranjeros durante 2025, el doble que el año anterior, tras la entrada en vigor de nuevas leyes de control fronterizo impulsadas por el Gobierno para “recuperar el control” de las fronteras y expulsar a migrantes que hayan cometido delitos.
Más expulsiones tras la reforma migratoria
A las expulsiones forzosas se sumaron 7.200 personas que recibieron órdenes de abandonar el país y lo hicieron de forma voluntaria, lo que eleva el total a 9.300 salidas en el marco de lo que el primer ministro Donald Tusk definió como una “lucha implacable contra la inmigración ilegal, contra el abuso y la explotación de lagunas legales o la debilidad del Estado”.
Cuáles son las nacionalidades más afectadas
Por nacionalidades, los ucranianos encabezaron las deportaciones forzosas, con 1.150 casos, seguidos por 350 ciudadanos de Georgia, a quienes el Ejecutivo vinculó previamente con una “ola de criminalidad importada”. El endurecimiento también se reflejó en actuaciones por alteraciones del orden público, como la expulsión en agosto de 63 personas de Ucrania y Bielorrusia tras incidentes en un concierto en Varsovia.
Limitación del asilo
Desde hace un año, el Gobierno aplica la “Estrategia de Migración 2025-2030”, que amplía las competencias de la Guardia de Fronteras y limita el acceso al asilo. La normativa permite incluso suspender temporalmente el derecho a solicitar protección internacional si se detecta una “instrumentalización” del sistema por parte de “potencias extranjeras”.
Rechazo al plan europeo
Pese a la presión comunitaria, Varsovia mantiene su negativa a participar en el plan de reubicación forzosa de migrantes de la Unión Europea. En febrero de 2025, Tusk afirmó que “Polonia no asumirá ninguna carga vinculada al mecanismo de reubicación”, al sostener que el país ya “cumplió sus obligaciones” al acoger a más de un millón de refugiados ucranianos desde el inicio de la guerra en 2022.
Sanciones y controles sobre visados
El nuevo marco legal incorpora sanciones más severas contra el empleo ilegal de extranjeros y controles estrictos sobre los visados de estudiantes universitarios procedentes de fuera de la UE, como parte del refuerzo general de la política migratoria polaca.
