La Asociación de Tropa y Marinería (ATME) ha desatado un auténtico escándalo dentro de las Fuerzas Armadas tras denunciar que el nuevo protocolo de control de orina impuesto por el Ministerio de Defensa obliga a los militares a miccionar bajo observación visual directa de un testigo, algo que consideran una práctica “humillante” y “contraria a los derechos constitucionales”.
Un testigo “asegurándose la vista de la salida de la muestra”
La ATME ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo y un procedimiento administrativo contra la Inspección General de Sanidad de la Defensa, responsable de la instrucción técnica que regula el procedimiento.
Según el texto oficial, el testigo “deberá estar presente durante la emisión de la orina, asegurándose la vista de la salida de la muestra del cuerpo de la persona que realiza la micción, sin ninguna obstrucción”. Una descripción que, para los militares, roza lo vejatorio y que, según denuncian, no tiene precedentes en la administración pública.
“Degradante, desproporcionado y contrario a los derechos fundamentales”
ATME sostiene que la norma vulnera la dignidad de la persona y la prohibición de tratos degradantes reconocidas en la Constitución, además de contradecir las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. “Esta práctica es profundamente degradante, desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales”, señaló la asociación en un comunicado.
Los representantes de tropa y marinería subrayan que este tipo de controles no se aplican en otros cuerpos públicos, como la Policía, la Guardia Civil, el personal penitenciario o judicial, “todos ellos sometidos a regímenes de alta responsabilidad” pero sin la obligación de orinar bajo vigilancia.
“Un trato discriminatorio hacia los militares”
La asociación lamenta que sus alegaciones al proyecto original fueron ignoradas por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, y acusa al Ministerio de imponer una medida que “menoscaba la dignidad profesional y personal de los militares”.
“Este trato singularizado hacia los militares se considera discriminatorio”, concluye el comunicado de ATME, que exige la retirada inmediata del protocolo y una revisión profunda de los procedimientos sanitarios dentro del Ejército.
