La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) ha publicado esta semana el esperado informe final sobre la implosión del sumergible Titán, que en junio de 2023 causó la muerte de sus cinco ocupantes durante una expedición turística hacia los restos del Titanic.
Las conclusiones son contundentes: el accidente fue resultado directo de prácticas negligentes, graves fallos de seguridad y una cultura organizacional tóxica impulsada por la dirección de OceanGate, empresa operadora del submarino.
El informe, de 335 páginas, responsabiliza principalmente a Stockton Rush, CEO y fundador de OceanGate, quien también falleció en el accidente. Según la investigación, Rush ignoró múltiples advertencias sobre fallas de diseño, minimizó informes técnicos críticos y manipuló documentos para eludir las regulaciones marítimas internacionales.
Restos del sumergible que implosionó
Seguridad deficiente y cultura laboral tóxica
Los investigadores identificaron "prácticas de seguridad muy deficientes" y una estructura interna que desincentivaba la crítica y ocultaba información clave. Empleados y contratistas fueron presionados a guardar silencio bajo amenazas de despido, lo que impidió que se tomaran medidas preventivas antes de la tragedia.
OceanGate llegó incluso a reclasificar ilegalmente a sus pasajeros como “especialistas de misión” para sortear regulaciones y presentó documentación falsa ante las autoridades marítimas. El informe revela también que en 2017, un oficial advirtió a Rush sobre la ilegalidad de su plan de inmersión. La respuesta del CEO fue que “compraría a un congresista” si era necesario.
Una tragedia evitable
La implosión ocurrió el 18 de junio de 2023, apenas una hora y 45 minutos después del inicio del descenso. A bordo del Titán se encontraban, además de Rush, el empresario británico Hamish Harding, el experto francés en Titanic Paul-Henry Nargeolet, y Shahzada Dawood con su hijo Suleman, ambos ciudadanos británico-pakistaníes. Ninguno sobrevivió.
Para Jason Neubauer, de la Junta de Investigación Marina, “esta tragedia era totalmente evitable”. Los hallazgos impulsarán nuevas recomendaciones para una supervisión más estricta en la industria privada de exploración submarina, actualmente bajo un marco legal débil y plagado de vacíos regulatorios.
Repercusiones legales y cierre de la empresa
La familia de Nargeolet ya ha presentado una demanda por negligencia contra OceanGate, exigiendo una compensación millonaria. En julio de 2023, la compañía suspendió todas sus operaciones y fue declarada en proceso de liquidación. Su portavoz, Christian Hammond, aseguró que están colaborando con las autoridades y ofreció condolencias a las familias de las víctimas.
Expertos afirman que este caso marca un antes y un después en la regulación de las expediciones turísticas en alta mar, una industria en auge pero hasta ahora escasamente supervisada. Como declaró un analista marítimo: “casi toda la regulación se escribe con sangre, y algo tenía que pasar primero”.
FUENTE: El Observador
