10 de febrero de 2026 16:50 hs

Las lluvias han dejado una huella devastadora en el norte de Colombia, particularmente en los departamentos de Córdoba y Sucre, desatando una emergencia que aumenta la presión sobre el gobierno de Gustavo Petro, urgido de recursos para atender la crisis.

En menos de 24 horas cayó un volumen de agua equivalente a un mes de precipitaciones, lo que provocó el desbordamiento de ríos como San Jorge, Sinú y Canaletes. El propio presidente confirmó un saldo trágico: 14 personas fallecidas, 50.000 familias y 300.000 personas afectadas, junto con más de 9.000 viviendas destruidas.

Inundaciones en Colombia - 7-2-26 - EFE

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, declaró a Caracol Radio que 24 de los 30 municipios del departamento han resultado afectados por las lluvias. Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, informó que más de 40.000 hectáreas permanecen bajo el agua, reflejando la magnitud de la emergencia.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que normalmente febrero es un mes de pocas lluvias, pero este año ha habido intensas precipitaciones por un frente frío que ha impactado el Caribe. Su presidenta, Ghisliane Echeverry, explicó en un Consejo de Ministros que “en un día cayó la lluvia que se esperaba para todo un mes”.

Aunque el Ideam anticipa una reducción paulatina de las precipitaciones en los próximos días, la entidad decidió mantener las alertas hidrológicas activas. La razón es clara: los suelos de la región siguen saturados y cualquier nueva lluvia, por ligera que sea, puede desencadenar inundaciones adicionales o deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

La directora del Ideam subrayó que este año no se consolidó una temporada seca, lo que agrava el panorama. Además, recordó que en marzo y abril comenzará el ciclo habitual de lluvias, con posibles impactos tanto en el Caribe como en la región andina. Esto significa que el país enfrenta un escenario de riesgo prolongado, donde la emergencia actual podría ser solo el preludio de nuevas crisis climáticas.

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La Hidroeléctrica

A los factores climáticos, el presidente Petro ha sumado un nuevo elemento al debate: la Hidroeléctrica de Urrá, inaugurada en el año 2000. Según el mandatario, los directivos de la empresa habrían permitido que el embalse alcanzara niveles superiores a los autorizados por la normativa, lo que los obligó a realizar descargas de agua en plena emergencia.

“Claro que las descargas de ahora de Urrá son obligatorias o si no se derrumban los muros o el agua sale sin control por arriba. Pero eso obedece a que previamente la represa estaba super llena y por encima de la norma”, dijo Petro en su cuenta de X.

Añadió en otro escrito en X que “todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato, y asumir sus responsabilidades penales. Dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá, por simple codicia”.

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Ante la presión, el presidente de la Hidroeléctrica, Juan Acevedo, renunció a su cargo a través de una carta en la que indicó: “He considerado que lo más responsable es apartarme del encargo y permitir que la empresa continúe su labor sin que mi nombre se convierta en un elemento adicional de controversia”.

La caja

El costo de la ayuda a las familias damnificadas, la distribución de alimentos —que hasta ahora suma 11 toneladas— y el impacto económico en departamentos que permanecen bajo el agua han puesto la mirada sobre las finanzas del Gobierno.

El pasado 30 de enero la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica, dejando sin efecto las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno, que incluían un alza de impuestos destinada a financiar parte del déficit en las cuentas públicas.

El fallo suspendió el cobro de los impuestos de manera temporal, hasta tanto la Corte tome una decisión definitiva sobre si el estado de excepción se ajusta o no a la Constitución. En diciembre pasado, Petro presentó una reforma tributaria en el Congreso, pero la mayoría de los legisladores la rechazó al considerar que no corregía problemas estructurales como el aumento desmedido del gasto.

El presupuesto nacional ya arrastra un déficit de 16 billones de pesos (unos 4.300 millones de dólares), y a esa carga se suma ahora el impacto de la emergencia por las lluvias, que el presidente calcula en un monto similar. “Tendríamos que recortar 16 billones del presupuesto. Esto va a valer otros 16 billones, mal contados, para llegar a la reparación total”, advirtió el mandatario durante un Consejo de Ministros en el que se evaluó la situación.

Inundaciones en Colombia - 5-2-26 - EFE

Ante este panorama, Petro ha planteado la posibilidad de decretar una nueva emergencia económica para recaudar fondos destinados a la reconstrucción. Sin embargo, por ahora ha optado por solicitar a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de emergencia ya existente, con el fin de agilizar la disponibilidad de recursos y enfrentar la crisis sin abrir un nuevo frente jurídico.

“Le he solicitado a la Corte que levante el decreto que ya existe. No necesitaríamos otro, esa es la discusión jurídica”, dijo Petro.

El gobernador de Córdoba advirtió que el departamento requiere con urgencia “un gran plan de reactivación económica” para mitigar los efectos de la emergencia. Sin esa estrategia, alertó, el impacto social podría alcanzar dimensiones mucho mayores y profundizar la crisis que ya golpea a miles de familias.

“Tenemos comunidades pesqueras que lo perdieron todo, tenemos familias campesinas que lo perdieron todo, tenemos emprendedores que perdieron sus negocios, tenemos familias que perdieron su casa. Si no se activa un plan de reactivación económica en el departamento de Córdoba, todo lo que hemos construido durante todos estos años, porque esto no es un logro de este mandato, sino que es un proceso del departamento de Córdoba, va a caer”, dijo Zuleta.

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