El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de las Naciones Unidas consolida a Colombia como el mayor productor de coca del planeta. Con 253.000 hectáreas sembradas al cierre de 2023 -último año con datos disponibles- el país concentra el 67% de los cultivos a nivel global. La cifra representa un incremento del 24% frente a 2021 y confirma el lugar central que ocupa el país en una economía de la cocaína que ha ampliado la producción y su acceso a nuevos mercados.
El repunte en las cifras no obedece únicamente a la mayor cantidad de hectáreas sembradas, también está relacionada con una revisión metodológica que elevó el estimado de producción. Según el informe, los nuevos datos de rendimiento en Colombia permitieron calcular un volumen de coca aproximadamente un 50% mayor al reportado el año anterior.
Este rol protagónico de Colombia ocurre en un momento en que la producción global de cocaína aumentó un 34%, alcanzando en 2023 la cifra récord de 3.708 toneladas. Esta escalada ha impulsado una diversificación del mercado: además de los destinos tradicionales como Europa y Estados Unidos, el mapa del tráfico incluye ahora rutas hacia África Occidental, Asia y Oceanía, reflejando una demanda creciente en regiones donde el consumo solía ser poco significativo.
Los datos confirman el aumento sostenido de la demanda. En 2023, unos 25 millones de personas consumieron cocaína a nivel global, frente a los 17 millones registrados una década atrás. El crecimiento se concentra en la población de entre 15 y 64 años.
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Procesamiento de la hoja de coca, con la que se elabora pasta base de coca, insumo para la fabricación de cocaína
EFE
El informe advierte que la violencia y la competencia que históricamente caracterizaron el mercado ilícito de la cocaína en América Latina se están trasladando a Europa Occidental, a medida que los grupos de delincuencia organizada de los Balcanes Occidentales amplían su influencia en este mercado.
La respuesta de Petro
Frente al repunte en los cultivos y la producción de coca en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha defendido un enfoque alternativo a la política tradicional de erradicación forzada. Su estrategia se centra en la sustitución de cultivos por regiones, el impulso a la agroindustria local y el abandono del uso de glifosato como herramienta de control.
Ante los datos del informe de la ONU, que exponen la limitada efectividad de su política antidrogas, el presidente colombiano, en declaraciones a medios de comunicación, centró su respuesta en la demanda global. "Es evidente nuestro calvario. Por eso, desde hace 50 años ha corrido mucha sangre en Colombia. Cerca de 200.000 asesinatos en el país, muchos de ellos en el Catatumbo, una de las zonas más expuestas a este fenómeno que no generan los colombianos, sino unos consumidores de sustancias a los cuales las leyes de sus países les prohíben consumir", afirmó.
Uno de los principales reparos de Petro al informe se centró en la metodología utilizada para estimar el "potencial de producción" de cocaína. El mandatario afirmó haber solicitado una explicación directa a los delegados de la ONU en Viena: "Me respondieron que es por un incremento de la productividad. Y en cierta forma, eso es una trampilla contra nosotros. Porque lo que nos están diciendo es que, de un año para otro, del 2022 al 2023, se duplicó la productividad de la hoja de coca por hectárea en toda Colombia”, dijo.
Petro también cuestionó la eficacia de la fumigación aérea, una estrategia central durante dos décadas en la política antidrogas de Colombia. “Me respondieron que las cosechas de hoja de coca no son anuales, sino que pueden ser dos, tres y hasta cuatro al año. Luego, la fumigación, que ha sido la gran estrategia por 20 años, hasta que la prohibieron, pues no funciona”, afirmó.
Además, criticó el enfoque global sobre las drogas: “Dejo tras el debate qué es más dañino, si el whisky o la cocaína. Siempre he dicho que estas son cosas de la ciencia, no de la política”.
Certificación en juego
El informe de la ONU llega en un momento clave para Colombia: en septiembre, el gobierno de Estados Unidos, ahora bajo la administración de Donald Trump, deberá decidir si mantiene la certificación del país en la lucha contra las drogas. Este aval, que Colombia ha recibido de forma ininterrumpida durante tres décadas, resulta crucial para sostener la cooperación bilateral en materia de seguridad y evitar sanciones como la suspensión de ayudas o restricciones al acceso a financiamiento internacional.
Aunque Washington ha reconocido avances en materia de incautaciones y en el enfoque de la nueva política antidrogas, también ha exigido resultados concretos frente al crecimiento de los cultivos ilícitos, lo que mantiene abierta la posibilidad de una descertificación.
"Nos preparamos, obviamente, para un escenario de certificación, que es algo que le estamos apostando en nuestro país y en cada una de las acciones que hacemos”, afirmó la canciller de Colombia, Laura Sarabia, en una conferencia de prensa el pasado 3 de abril. No obstante, dejó entrever la preocupación del Gobierno al añadir que también se están tomando medidas "para un escenario de descertificación, en el cual yo no quisiera ahondar porque es un escenario hipotético”.
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Una eventual descertificación tendría consecuencias significativas para Colombia. En términos económicos, podría implicar el congelamiento total o parcial de la asistencia exterior, así como restricciones al acceso a financiamiento en organismos multilaterales. También existen mecanismos para suspender beneficios comerciales, restringir la venta de equipos militares y limitar la cooperación en seguridad e inteligencia.
En el plano diplomático, significaría un deterioro en la relación bilateral y un cuestionamiento internacional a la política antidrogas del gobierno colombiano.
Aunque la legislación estadounidense permite al presidente suspender estas sanciones por razones de seguridad nacional, la posibilidad de que eso ocurra bajo una eventual descertificación de Colombia se reduce con Trump en la Casa Blanca. Su historial en política exterior revela una inclinación a utilizar sanciones como instrumento de presión, ya sea para endurecer su postura frente a gobiernos que señala de ineficientes o para obtener concesiones en otros frentes de negociación.
