El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, dio un vuelco a la política migratoria y ordenó operativos policiales para deportar a los inmigrantes irregulares, una decisión que puso bajo amenaza a la diáspora venezolana que, ante el colapso de su país, ha buscado refugio al otro lado de la frontera.
“Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales: primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo De la Espriella durante un consejo de seguridad en Barranquilla.
Migrantes venezolanos en Colombia
EFE
“No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”, recalcó y agregó: “Es una decisión política y yo la asumo. Es una decisión administrativa y yo la asumo”.
Esta orden impacta con crudeza a los venezolanos que, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia a junio, sumaban 2,85 millones. De ellos, 527.525 están en situación irregular, sin documentos, y otros 320.369 se encuentran en proceso de regularización. En total, 847.000 no tienen su situación en regla: una población que, si se concentrara en un solo punto de la geografía colombiana, sería la sexta ciudad más poblada del país, por encima de Cúcuta y Bucaramanga.
Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, explica que este discurso de De la Espriella “es una posición deliberada del presidente, en la cual se asume el discurso de un sector de la derecha latinoamericana que encontró en la narrativa antiinmigrante uno de sus nichos, al igual que lo hace Donald Trump en Estados Unidos”.
Peatones cruzan la frontera de Venezuela a Colombia
AP
Rodríguez advierte que los funcionarios públicos, como el presidente, tienen una responsabilidad política cuyo peso, al referirse de esta manera al tema migratorio, “terminan generando unas dinámicas muy fuertes de xenofobia” e inciden de forma negativa en un problema complejo que constituye un reto muy exigente para Colombia. “Una persona que se encuentra en estatus irregular no es un criminal”, explica.
Tres etapas
El colapso del socialismo del siglo XXI en Venezuela y la deriva autoritaria del país desencadenaron una diáspora que presionó a Colombia, un país de ingreso medio que ha tenido que afrontar la mayor crisis migratoria de la región. Para afrontarla el gobierno de Juan Manuel Santos creó un sistema de atención humanitaria y el de Iván Duque un proceso de identificación y regularización.
Ronal Rodríguez indica que este proceso de regularización “perdió ritmo durante la administración de Gustavo Petro” y destaca el reto de Colombia es regularizar a la población migrante, especialmente a más de 193.000 menores de edad en condición irregular.
María Gabriela Trompetero, docente especializada en movilidad humana en las Américas, afirmó en su cuenta de X que “durante los últimos años, el gobierno de Gustavo Petro dejó pasar una enorme oportunidad para ampliar y adaptar las vías de regularización a la realidad de la migración, en su mayoría proveniente de Venezuela”.
“El resultado es bastante predecible: si el Estado cierra o restringe las puertas de regularización, aumenta la irregularidad”, agregó.
La mano dura
El discurso de De la Espriella apunta a que, más que avanzar en la regularización, tiene como prioridad la deportación de migrantes, algo que analistas consideran difícil de aplicar por los costos, la cantidad de efectivos policiales que tendría que dedicar a este objetivo y lo complejo de impedir que los venezolanos expulsados regresen a través de una frontera de 2.200 kilómetros, donde la norma es la escasa capacidad de control de ambos gobiernos, el venezolano y el colombiano.
Durante la campaña electoral, el mandatario hizo de la seguridad y la mano dura una de sus principales banderas. En su núcleo duro de votantes se promueve el discurso, sin soporte en cifras oficiales, de que los venezolanos tienen una participación relevante en la criminalidad de las grandes ciudades.
Desde la acera del derecho, Fabián Cárdenas, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor en Derecho Internacional, señala en un análisis publicado en El Espectador que la orden presidencial de localizar extranjeros irregulares puede ser compatible con la ley, pues Migración Colombia está facultada para realizar controles y verificar documentos. Pero una cosa es identificar masivamente y otra muy distinta deportar colectivamente.
“La Convención Americana prohíbe expresamente la expulsión colectiva de extranjeros. Esto significa que el Estado puede realizar miles de verificaciones simultáneamente, pero las decisiones de deportación deben estar fundamentadas en la situación individual de cada persona”, explica Cárdenas.
Ronal Rodríguez indica que De la Espriella ha adoptado un discurso pensado para las redes sociales y su imagen, pero no para lo que exige el tema migratorio. “Un mandatario no es elegido para hacer lo popular, sino lo que el Estado y la sociedad demandan de él. Parece que el presidente está más preocupado por su imagen y por sostener una narrativa que por construir una respuesta frente a uno de los mayores retos del Estado colombiano”, sostiene.
Es el Darién
Ante la alarma que desataron las palabras de De la Espriella, su ministro del Interior, Rodrigo Lara, buscó restarle peso al asegurar que la orden de deportar a migrantes “ilegales” tiene como objetivo a las redes criminales que operan con el tránsito irregular de personas por el Darién hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tránsito por esta ruta se ha reducido de manera considerable desde que Estados Unidos adoptó una política de deportación masiva y Panamá comenzó a cerrar trochas. En enero, el gobierno panameño afirmó que el paso por el Darién en 2025 se redujo 99% respecto a 2024.
Ronal Rodríguez considera que el ministro del Interior “básicamente trata de atenuar las declaraciones del presidente” y advierte que, si bien ha disminuido la intensidad del éxodo venezolano, la “emergencia humanitaria compleja prevalece y, al contrario de lo que se decía a principios de año, de que tras la extracción de Nicolás Maduro los venezolanos regresarían a su país, la migración continúa”.
