“En el marco de la Operación Catatumbo, tropas del Ejército Nacional desde el pasado viernes 11 de abril, se encuentran desarrollando operaciones militares ofensivas”, precisó un comunicado oficial. La declaración también destacó que en el despliegue participa la “la Fuerza Aeroespacial Colombiana”.
Ante los combates en las zonas montañosas, familias campesinas huyen hacia centros urbanos. Hugo Guerrero, alcalde del municipio de Ocaña, informó que más de 150 personas han llegado a la ciudad desplazadas por los enfrentamientos. Además, la noche del 14 de abril, 93 familias procedentes del Catatumbo arribaron a Bogotá, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas para atenderlas.
La conmoción interior
Las Fuerzas Armadas están desplegadas en el Catatumbo desde enero, cuando los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control de la zona desencadenaron una crisis humanitaria que obligó al presidente Gustavo Petro a decretar la conmoción interior. Este paso le permitió al Gobierno cobrar nuevos impuestos a fin de financiar la ofensiva militar y un plan que intenta reducir los cultivos de coca.
A través de su cuenta en X, el presidente aseguró que “el ELN ha sido detenido, y la mitad de la zona cultivada de hoja de coca en Tibú, el municipio con más hectáreas de hoja de coca del mundo, ha sido inscrita en el programa de sustitución voluntaria de cultivos”.
Sin embargo, la crisis en la región está lejos de ser controlada. El observatorio de la Universidad del Rosario afirma en su reporte de abril que “las medidas anunciadas por el gobierno nacional en el marco del estado de conmoción interior son insuficientes y se desvanecen en medio del debate político de cara a las elecciones de 2026”.
“Más de 61 mil desplazados, 16 mil personas confinadas y 98 homicidios son los datos oficiales que entrega la Gobernación de Norte de Santander, tras más de dos meses de enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las FARC con el ELN en el Catatumbo”, añade el Observatorio.
El informe de Human Right Watch
Entre enero y febrero de este año, Human Rights Watch (HRW) investigó la situación en el Catatumbo, entrevistando a desplazados, trabajadores humanitarios y autoridades judiciales. Además, realizó entrevistas telefónicas con habitantes de la región, verificó fotografías y videos, y contrastó sus hallazgos con reportes de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.
El pasado 26 de marzo la organización publicó un informe que documenta graves violaciones a los derechos humanos en el Catatumbo, atribuidas al ELN y a las disidencias de las FARC, concretamente al Frente 33. El documento detalla homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual, confinamientos, trabajo forzado y desplazamientos.
“Human Rights Watch recibió denuncias creíbles de múltiples asesinatos de civiles en el Catatumbo cometidos por el ELN y el Frente 33. En la mayoría de los casos, los grupos armados buscaron a las víctimas en su casa o lugar de trabajo. En varias ocasiones, los combatientes mataron a las personas en las carreteras y prohibieron a sus familias y otras personas retirar sus cuerpos”, dice el reporte.
La investigación precisa que en la mañana del 16 de enero, combatientes del ELN llevaron a cabo una serie de asesinatos en cinco municipios del Catatumbo. Entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo y excombatientes de las FARC que se habían desmovilizado en virtud del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cwyev560zgxo
Miles de efectivos militares se han desplegado para contener la violencia en el Catatumbo.
Getty Images
Reclutamiento de menores
La Defensoría del Pueblo ha denunciado que los grupos armados recurren al reclutamiento de menores como una estrategia de fortalecimiento y expansión territorial. El Catatumbo es una muestra.
El informe de Human Rights Watch señala que en los dos primeros meses del año “las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados”.
“Tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento. Cientos de profesores también han huido del Catatumbo”, dice el informe.
Trabajos forzados
Tanto el ELN como las FARC han establecido control social en el Catatumbo. Human Rights Watch indica que distintos entrevistados “contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como campamentos de resocialización, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”.
“Un hombre de 35 años dijo que el 8 de diciembre de 2024 miembros del Frente 33 lo sacaron de su casa y lo llevaron a lo que describió como un campamento de resocialización. Fue llevado allí para ser investigado por publicar en WhatsApp un video de un helicóptero del Ejército colombiano, lo que según los miembros del Frente 33 era una prueba de que cooperaba con los militares”, dice el informe.
Añade que “a él y a otras 27 personas, según nos contó, las obligaban a trabajar cortando caña de azúcar todos los días” desde las cuatro de la mañana hasta las seis de la tarde.
“También nos describió la violencia sexual contra las mujeres y las niñas ejercida por los comandantes del grupo armado”, indica el documento. De acuerdo a este testimonio, el grupo de “favoritas” disfrutaba de “lujos” como “dormir en una cama”. Funcionarios públicos informaron a HRW que habían recibido reportes similares sobre casos de violencia sexual.
La sustitución del Estado
El Catatumbo es de las regiones más pobres de Colombia y se caracteriza por una gran deficiencia en el estado de sus carreteras, escuelas y hospitales. Para ganar influencia o control sobre las organizaciones locales, el Frente 33 ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios, y ha repartido regalos de Navidad a los niños.
Human Rights Watch explica que “a menudo, estos proyectos se han llevado a cabo junto con las Juntas de Acción Comunal, lo que ha expuesto a los civiles a un mayor riesgo de represalias por parte del ELN”.
“Los grupos armados también convocan a los líderes comunitarios y a otras personas a reuniones en las que anuncian normas para sus comunidades. Un líder comunitario de Tibú nos dijo que 'todos los líderes deben asistir a las reuniones; de lo contrario, recibimos amenazas de muerte'”, agrega.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, recomendó en el informe que “el gobierno debe poner en marcha de manera urgente una política de justicia y seguridad para proteger a la población y restablecer el Estado de derecho en el Catatumbo”.
Además, añadió que “el gobierno también debe asegurarse de que su programa de sustitución de cultivos ayude a los campesinos a integrarse en economías legales y no cree incentivos perversos que conduzcan a más violencia en el futuro”.
