La Universidad de Harvard se le plantó a Donald Trump y aseguró que no cumplirá con las demandas del presidente para modificar sus políticas de diversidad y limitar el activismo en el campus. La institución de elite no siguió así los pasos de otras universidades, como Columbia, que cedieron a la presión del gobierno ante la amenaza de recortes. La respuesta del presidente no se hizo esperar: congeló más de 2.000 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos para Harvard.
El gobierno de Trump envió el viernes una carta a la Universidad de Harvard en la que le pidió realizar amplias reformas, tanto en sus políticas de admisión y contratación, en las que pidió dejar de lado los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), como en sus contenidos académicos, y pidió reducir el poder del profesorado y los administradores a los que describió como "más comprometidos con el activismo que con el estudio".
También exigió prohibir el uso de máscaras en Harvard -una medida que parece dirigida a los manifestantes propalestinos-, y presionó a la universidad para que dejara de reconocer o financiar "a cualquier grupo o club estudiantil que respalde o promueva actividades criminales, violencia ilegal o acoso ilegal".
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Una protesta reciente en Harvard contra la guerra en Gaza
AP
Además, advirtió que había casi 9.000 millones de dólares en subvenciones y contratos en riesgo si la universidad no cumplía con estas demandas, que según la administración estaban destinadas a combatir el antisemitismo en el campus, después de las protestas registradas el año pasado en diversas instituciones del país contra la guerra de Israel en Gaza.
La respuesta de Harvard
"Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir", señaló el presidente de Harvard, Alan Garber, en un mensaje a la comunidad de la universidad.
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La universidad envió además una respuesta legal a la administración Trump en la que indicó que no iba a cumplir con los términos exigidos.
En una carta al gobierno, los abogados dijeron que la universidad está "comprometida con la lucha contra el antisemitismo y otras formas de intolerancia en su comunidad", pero que las demandas de la administración "invaden las libertades universitarias largamente reconocidas por la Corte Suprema".
Garber reafirmó esta postura: "Queda claro que la intención no es trabajar con nosotros para abordar el antisemitismo de manera cooperativa y constructiva". "Aunque algunas de las demandas presentadas por el gobierno están dirigidas a combatir el antisemitismo, la mayoría representan una regulación gubernamental directa de las 'condiciones intelectuales' en Harvard", señaló, según recogió la agencia AP.
Para el presidente de Harvard, la decisión de retener fondos federales a la institución, una de las principales universidades de investigación del país en ciencia y medicina, "no sólo pone en riesgo la salud y el bienestar de millones de individuos, sino también la seguridad económica y la vitalidad de nuestra nación". También viola los derechos de la universidad garantizados en la Primera Enmienda constitucional y excede la autoridad del gobierno en virtud del Título VI, que prohíbe la discriminación contra los estudiantes por su raza, color o nacionalidad, apuntó.
La tensión creciente con Trump nacionalizó el debate. Figuras como Barack Obama, quien fue alumno de derecho en Harvard, felicitó a la universidad por haberse plantado y la puso como un ejemplo.
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La congelación de fondos
El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo creado por Trump anunció entonces "la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones durante varios años", así como "contratos plurianuales por valor de 60 millones de dólares", según un comunicado del Departamento de Educación.
"La interrupción del aprendizaje que ha afectado a los campus en los últimos años es inaceptable. El acoso a estudiantes judíos es intolerable", completó.
Las subvenciones federales suponen el 11% de los ingresos de Harvard, sobre un presupuesto anual de 6.400 millones de dólares, de acuerdo con datos publicados por esa universidad privada, situada cerca de Boston, informó la agencia AFP.
La suspensión de los fondos a Harvard es la séptima vez en que el gobierno de Trump toma esta medida en una de las universidades más exclusivas del país, en un intento de obligarla a cumplir con su agenda política. Seis de las siete escuelas se encuentran en la Ivy League, un grupo de ocho prestigiosas universidades estadounidenses.
Estudiantes protestan en la Universidad de Columbia, Nueva York, el 11 de marzo, exigiendo la liberación de Mahmoud Khalil - Reuters.avif
Estudiantes protestan en la Universidad de Columbia, Nueva York, exigiendo la liberación de Mahmoud Khalil.
La primera universidad que quedó en la mira del gobierno fue Columbia, que accedió a las exigencias gubernamentales bajo la amenaza de que le recortarían miles de millones de dólares. La administración canceló subvenciones y contratos con la universidad de Nueva York por un valor de 400 millones de dólares "debido a su pasividad ante el persistente acoso a estudiantes judíos".
El gobierno también pausó el envío de fondos federales para la Universidad de Pensilvania, Brown, Princeton, Cornell y Northwestern.
La avanzada de Trump contra las universidades
Trump prometió un enfoque más agresivo contra el antisemitismo en los campus y acusó al ex presidente Joe Biden de permitir que las escuelas no rindan cuentas de sus actos.
En ese marco, abrió una investigación contra 60 universidades, a las que envió una carta advirtiéndoles sobre posibles violaciones a las leyes contra el antisemitismo, relacionadas con las protestas propalestinas en los campus universitarios. Las universidades que no actúen frente a estas acusaciones podrían perder su financiamiento federal.
A la par de las investigaciones, el gobierno canceló las visas de más de 300 estudiantes extranjeros que participaron de las manifestaciones del año pasado, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.
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Marco Rubio con Donald Trump en una reunión de gabinete
AFP
Varios inmigrantes que estuvieron en las protestas fueron detenidos por las autoridades migratorias. Entre ellos se encuentran Mahmoud Khalil, un estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia que fue detenido en Nueva York a pesar de contar con residencia permanente, y Rumeysa Ozturk, una estudiante turca de doctorado de la Universidad de Tufts, que fue detenida cerca de Boston.
"Les dimos una visa para que vinieran a estudiar y obtener un título, no para convertirse en activistas sociales que destrozan nuestros campus universitarios. Si te damos una visa y decides hacer eso, la vamos a quitar", aseguró Rubio.
Además, la semana pasada se dio a conocer que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está empleando herramientas de análisis de datos para examinar las redes sociales de inmigrantes y estudiantes extranjeros, con el fin de detectar posibles actividades antisemitas que puedan servir como base para rechazar solicitudes migratorias o revocar visados.
El anuncio generó preocupaciones inmediatas sobre cómo Estados Unidos definiría qué constituye un apoyo a actividades antisemitas, y si cualquier crítica a Israel o su manejo de la guerra en Gaza podría ser suficiente para denegar la entrada al país. Además, suscitó un debate más amplio sobre la protección de la libertad de expresión y las libertades civiles, planteando interrogantes sobre los límites de la vigilancia gubernamental.
