De los pedidos del agro, ¿el gobierno puede satisfacer alguno?

Aunque los 130 representantes de gremiales de todo el país que se reunieron este martes en Durazno preparan una batería de propuestas para presentarle al gobierno, analistas consultados por El Observador dijeron que el Poder Ejecutivo tiene muy poco margen para atender las demandas.

El documento con las reivindicaciones será presentado el viernes 26 al presidente Tabaré Vázquez luego de que sea aprobado el martes 23 en una reunión con todos los productores y trabajadores del sector rural en Durazno.

Los reclamos se centran mayormente en el aumento del valor del dólar, la baja del costo de los combustibles, de la tarifa eléctrica y de la contribución inmobiliaria rural.

Pero aunque el gobierno tuviera la voluntad de atender las demandas, algunos de esos cambios requerirían transformaciones estructurales de largo plazo.

Uno de los principales reclamos de los sectores agropecuarios es un dólar más alto. Los representantes de las distintas gremiales entienden que existe un importante atraso cambiario.

El tipo de cambio real está en mínimos históricos en los últimos 17 años, solo superado por la cotización de fines de 2001, en plena crisis económica y financiera del país.

Uno de los números que manejan los productores como cifra ideal es un dólar a $36 (hoy está en $28,22 la compra y 28,92 la venta).

La gerente del área económica de PricewaterhouseCoopers (PwC), Mercedes Comas, ve poco margen para que eso suceda.

La analista explicó a El Observador que el dólar está cayendo en forma global y que Uruguay es de los países en los que menos ha caído el valor en los últimos meses. El gobierno intentó limitar la caída mediante la compra de pesos para lo cual invirtió recientemente la suma de US$ 3500 millones. "El dólar no está en un valor más bajo porque el Banco Central está comprando", señaló.

La experta entiende que el tipo de cambio actual también es una estrategia para controlar la inflación y que, en ese sentido, no hay estímulo para la suba del dólar. De forma que existe poco espacio para un aumento en el precio de esda moneda.

A la misma conclusión llegó el analista en temas agropecuarios, Joaquín Secco, aunque ensayó un argumento diferente. El especialista afirmó que el "atraso cambiario" es una consecuencia del "déficit fiscal y el endeudamiento".

El precio del combustible, en particular del gasoil, es otro de los temas en el que los productores entienden que existe margen para aportar soluciones. Una baja del precio del gasoil o permitir la libre importación es una de las reivindicaciones que estará en el documento.

Actualmente cuesta $ 41,8 por litro. También piden una reducción de la tarifa eléctrica que en enero aumentó un 3,2%. "No se habló de números concretos", dijo a El Observador Federico Holzmann, uno de los participantes de la reunión del martes.

Los analistas coincidieron en que es muy difícil que el gobierno pueda acceder al reclamo de los productores agropecuarios quienes piden por la baja del combustible –sobre todo del gasoil- y el descenso de la tarifa eléctrica. Aunque Ancap y UTE están en posiciones diferentes, las empresas públicas se transformaron en la armas del gobierno para reducir el déficit fiscal.

"Ancap tiene que saldar una cuenta terrible y si no es con la suba de precios no hay otra alternativa. Todas las otras posibilidades de endeudamiento ya se tomaron", dijo Secco quien entiende que hay pocas posibilidades de que el gobierno decida bajar los combustibles para el sector.

"No le veo mucho margen, el tema es la pata fiscal y la necesidad de reducir el déficit en un contexto en el que se han incrementado los niveles de deuda", coincidió Comas.

Aunque el gobierno logró mejorar la calificación crediticia, colocó deuda en el mercado internacional en pesos, logró mejorar la recaudación con el aumento del IRPF y con el aporte de las empresas públicas a rentas generales, la situación de déficit creció, señaló Comas.

Son por esas mismas razones que estos analistas ven poco probable que baje la tarifa eléctrica, aunque UTE dé superávit.

"A fin de año hubiese sido el momento ideal para un gesto en ese sentido y no lo hicieron", afirmó Secco.

Otro de los temas que estuvo arriba de la mesa en la reunión del martes fue una reducción del Impuesto a la Contribución Inmobiliaria Rural (ICIR).

En setiembre de 2015 el gobierno decidió eliminar la exoneración del 18% dispuesta durante el gobierno de Jorge Batlle y en ese entonces recibió fuertes críticas de las gremiales rurales.

Los productores también manifestaron preocupación por la situación de la seguridad pública, en particular por el delito de abigeato, y por la necesidad de firmar más acuerdos comerciales con otros países. Pero en estos casos no hubo reivindicaciones concretas.