Lógica decepción del agro

El descontento de los productores rurales con algunos alivios financieros a tres sectores, que les comunicó el presidente Tabaré Vázquez, profundizó las líneas de combate entre el agro y el gobierno, renovando la perspectiva de mayor conflictividad.

Los dirigentes agropecuarios lanzaron duras críticas a la decisión oficial de limitarse a una devolución del IVA al gasoil a los arroceros, la lechería y los productores de hortalizas y frutas y de una extensión por dos meses, hasta marzo, de la rebaja del 15% en energía eléctrica a los dos primeros sectores.

Todos expresaron desencanto y desilusión con las medidas oficiales y se acusó al gobierno de tratar de dividir al masivo movimiento nacional de protesta de los productores rurales, al que se han plegado otros sectores de la actividad privada.

Guillermo Franchi, vocero del movimiento, declaró que reclaman soluciones generales para todos los sectores y no "tratar de dividir", dándole "dos pesos más a uno o tres más a otro". Dijo que ese curso no contempla los planteos de la proclama leída en la concentración del agro y de otros sectores productivos en Durazno una semana atrás.

El documento insistió en medidas razonables y que se le reclaman al gobierno desde hace largo tiempo, pero que quedaron fuera del anuncio de Vázquez. Incluyen reducir el tamaño del Estado y no gastar más de lo que le ingresa para evitar endeudamiento y abatir el déficit fiscal, así como bajar para todos el desmesurado precio actual de los combustibles y otras fuentes de energía.

Tanto el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani, como el representante de la Asociación Rural, Gerardo García Pintos, gremiales excluidas de los respiros financieros anunciados, fueron igualmente críticos de las medidas, que describieron como desilusionantes insuficientes, sectoriales y parciales.

El gobierno, por su parte, sostuvo que las medidas benefician al 90% de los productores en los tres sectores incluidos, con un costo para el Estado de unos magros US$ 6,4 millones.

La administración Vázquez obviamente está acotada hasta donde puede abrir la bolsa fiscal en momentos en que el déficit en las cuentas públicas, consecuencia de despilfarros improductivos en años previos, ha levantado el fantasma de la pérdida del grado inversor. Pero se equivocó si creyó que las medidas anunciadas para los sectores más castigados del agro por impuestos y tarifas bastarían para desactivar los reclamos.

Tanto el movimiento de los autoconvocados, que creció en forma vertiginosa e independiente hasta incluir a los productores de todo el país, como las gremiales que los representan están acordes en sus exigencias de que se necesitan medidas de asistencia inmediata para todos y corrección de fondo de las debilidades estructurales de la economía.

La restringida respuesta oficial dista de llenar esos requisitos, lo que acorrala al gobierno en la disyuntiva de tratar con el agro el contenido global de su proclama o arriesgarse a que la calmada disposición del ruralismo en los días previos se reavive en una acrimonia que agudice la rebeldía civil que todo el sector privado exteriorizó en Durazno.