La decisión fue tomada por el Honorable Directorio este lunes; la exdiputada no podrá ser candidata a la Intendencia de Artigas en 2025
Valentina Dos Santos y Pablo Caram
Instagram Valentina Dos SantosEl Honorable Directorio del Partido Nacional resolvió este lunes impedirle a Pablo Caram, Rodolfo Caram y Valentina Dos Santos utilizar el lema en las próximas elecciones, según confirmó El Observador con fuentes blancas.
A su vez, aceptó sus renuncias al partido.
La decisión deja a Dos Santos impedida de postularse a la Intendencia de Artigas en mayo de 2025, algo que preveía ya que habrá cumplido la condena y su sector (Artigas Adelante) tiene los convencionales suficientes para impulsarla.
Los nacionalistas comunicarán a la Corte Electoral que los tres están "impedidos de presentarse a cualquier cargo electivo bajo el lema Partido Nacional".
Minutos después de la sesión, el senador Jorge Gandini publicó la resolución en su cuenta de Twitter.
A su vez, la presidenta del Honorable Directorio, Macarena Rubio, dijo en rueda de prensa que en el Partido Nacional no hay lugar para quienes se aparten de la Constitución y la ley.
Pablo Caram, Rodolfo Caram y Valentina Dos Santos fueron condenados por la Justicia en el marco del escándalo por las horas extras irregulares de la intendencia departamental.
El ahora exintendente fue condenado a 14 meses de prisión por un delito de omisión a denunciar delitos que se sustituyó por libertad a prueba al alcanzar un acuerdo abreviado con el fiscal de Artigas, Federico Rodríguez.
Dos Santos, en tanto, fue condenada por el delito de usurpación de funciones –tomaba decisiones dentro del gobierno departamental que no le correspondían como ordenar el pago de horas extras– a seis meses de prisión que serán cumplidos bajo el régimen de libertad a prueba y con dos meses de trabajo comunitario.
Rodolfo Caram, por su parte, alcanzó un acuerdo abreviado por un delito continuado de fraude. También fue condenada su pareja, Stefany Severo. Para ambos se dispuso una pena de prisión de 24 meses, que fueron sustituidos con una libertad a prueba que incluye 10 meses de trabajo comunitario por cuatro horas. Además, se los inhabilitó por cinco años para ejercer cargos u oficios públicos y tendrán que pagar una multa de 1.000 unidades reajustables cada uno, es decir, más de US$ 40 mil al valor actual.