La comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género aprobó este martes un proyecto de ley que declara de interés nacional “la obtención de datos conducentes a generar conocimiento fehaciente acerca de las brechas salariales de género en Uruguay” tanto en el ámbito privado como en el público para poder analizar su magnitud y evolución en el tiempo.
El texto fue respaldado por el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional y la idea es que la semana que viene sea tratado en el plenario del Senado. El proyecto establece que el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres), deberá generar un “indicador de la brecha salarial de género, tanto en el ámbito público como privado”.
¿Cómo se va crear ese indicador? El Banco de Previsión Social y “las entidades de seguridad social competentes” deberán informar al InMujeres sobre las “remuneraciones nominales de hombres y mujeres” de forma anual. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic) brindarán el “asesoramiento que sea necesario para el cumplimiento de la ley”.
Se trata de un proyecto que había sido presentado la legislatura anterior por el Frente Amplio, que no había tenido grandes avances y que al iniciar este período se desarchivó. En Uruguay no hay información sistematizada sobre el tema. Sin embargo, en 2024 la Oficina Nacional de Servicio Civil realizó un estudio sobre la brecha de género en los cargos jerárquicos del Estado y detectó que la brecha salarial en ese ámbito es de 10,48% a favor de los hombres.
En febrero de este año, la consultora CPA Ferrere presentó un informe que evidenciaba que las mujeres, en términos comparativos, trabajan "gratis" (sin remuneración) hasta el 28 de febrero de cada año, mientras que los hombres reciben su salario completo desde el 1º de enero.
En números, esto quiere decir que la brecha salarial es del 16%, según el informe Equal Pay Day de la consultora. La consultora analizó también la situación de Paraguay y Bolivia, cuyas brechas salariales fueron de 26% y 14%, respectivamente. Sin embargo, este dato es una aproximación a partir de la información relevada en la Encuesta Continua de Hogares que el INE realiza todos los meses.
En la exposición de motivos presentada junto al proyecto de la legislatura anterior se destacaba que actualmente no existe información de calidad sobre las brechas salariales de género y que hasta ahora la información fue tomada de “distintas aproximaciones y construcciones de indicadores" a partir de le mencionada encuesta.
“Se trata de simplemente un primer paso para aproximarnos como país a un indicador más fiel de la realidad del mercado laboral en materia de desigualdades de género; con el objetivo último de implementar posteriormente las políticas públicas tendientes a la reducción de esta desigualdad de género en el mercado laboral uruguayo”, decía en 2022 la diputada del Frente Amplio Cecilia Bottino, una de las impulsoras del proyecto que finalmente no avanzó.
La senadora Constanza Moreira, presidenta de la comisión, será la miembro informante en el plenario del Senado. Si bien el texto aprobado esta semana tuvo algunas modificaciones de redacción es esencialmente el mismo al que estudió la Cámara de Representantes en el período anterior.
Naciones Unidas ha observado en más de una oportunidad a Uruguay por no realizar acciones que ayuden a reducir la brecha salarial de género. En 2017, luego de una revisión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la ONU pidió al gobierno que “adopte las medidas adecuadas y efectivas para eliminar la persistente brecha salarial por razón de sexo, combatiendo la segregación vertical y horizontal en el empleo”.
