La Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria presentará el próximo 30 de agosto un documento preliminar de la nueva política energética del país, que servirá como base para una serie de talleres previstos entre setiembre y noviembre. El objetivo es alcanzar un acuerdo multipartidario en 2026 que establezca un marco para la política energética con horizonte al año 2050.
Uruguay ya había alcanzado un acuerdo multipartidario en 2010 que permitió transformar su matriz energética. Ese acuerdo implicó un compromiso político de largo plazo que trascendió los gobiernos y que según los actores públicos y privados fue clave para dar estabilidad a las reglas del juego, así como para asegurar continuidad en las políticas energéticas.
Aunque continúa vigente y le restan cinco años de validez, el gobierno busca ahora reeditar ese consenso para avanzar en una segunda etapa. El sistema político, empresarial y la academia coinciden en que el acuerdo anterior permitió una transformación profunda de la matriz energética y la concreción de inversiones en parques eólicos y granjas solares que, entre otras cosas, implicaron una reducción (en el orden de los US$ 132 millones anuales) del costo de generación de energía eléctrica.
En ese contexto, la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli, confirmó que el gobierno se puso como límite el próximo 30 de agosto para presentar ese “documento mártir” sobre la nueva política energética, que oficiará como insumo para discutir con los actores privados y organizaciones.
“Lo que surja de esos talleres irá a una discusión multipartidaria el año que viene”, detalló Spinelli en el marco del Congreso Latam Renovables, organizado por la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) en el LATU.
Spinelli destacó la importancia de que el documento base no sea una propuesta cerrada sino que recoja la opinión de todos los actores involucrados en el sector energético. El objetivo es cerrar un nuevo acuerdo multipartidario lejos de los tiempos de campaña electoral para asegurar la continuidad de la política energética y evitar que dependa de los cambios de gobierno.
Para Spinelli es una "ventaja" tener una política de Estado vigente, ya que los distintos actores del sector conocen y aceptan sus principios, lo que facilita continuar el proceso sin tener que partir de cero. Sin embargo, advirtió que la construcción de un nuevo acuerdo implicará desafíos importantes, especialmente en la articulación de múltiples actores y el manejo de conflictos.
"De nada va a servir ese documento si no recoge la opinión de todos. Escuchamos una fuerte demanda del sector empresarial, en particular de las energías renovables, al que debemos prestar atención. Pero imaginen cuando se sumen todos los demás. Es un camino muy complejo, pero estamos haciendo todo lo posible para que se concrete”, dijo ante empresarios del rubro energético.
Uno de los sectores que venía reclamando una nueva política energética multipartidaria era justamente el de las empresas vinculadas con las energías renovables. Tras la consulta de El Observador, el presidente de Auder, Diego Oroño, valoró el anuncio del gobierno y dijo que representa una señal positiva para el futuro del sector.
“Creemos que en estos tiempos de mayor confrontación política, lograr un documento de consenso es mucho más difícil que allá en el verano de 2010 cuando (el expresidente, José) Mujica convocó a todos los partidos. Este anuncio de que se empieza a trabajar para materializar estos cambios es una muy buena noticia”, señaló.
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Más foco en lo social y crítica por falta de recursos humanos
Spinelli realizó un balance de la política energética vigente y sostuvo que la Dirección Nacional de Energía enfrenta desafíos significativos, en términos institucionales y técnicos para cumplir con los ejes del acuerdo multipartidario de 2010.
“Estamos muy orgullosos de los funcionarios del equipo pero estamos súper exigidos, hemos perdido a mucha gente”, señaló la jerarca y advirtió que el organismo tiene dificultades para mantener equipos estables y fortalecidos como se había planteado inicialmente en dicho compromiso.
La directora explicó que la política energética no solo debe centrarse en aspectos técnicos o económicos, sino que también debe incorporar un enfoque social para garantizar que el acceso a la energía sea seguro y al costo más bajo posible para la población.
“El social fue el más débil de todos los ejes” de la política energética vigente y “es increíble porque se supone que trabajamos para poder brindar energía a la población de manera segura y al costo más bajo posible. Eso acordamos y se nos ha hecho difícil”, admitió.
Sobre ese punto, desde Auder consideran que el eje social será uno de los focos que el gobierno incluirá en el documento borrador de finales de agosto.
