Los chats del caso Penadés: entre los mensajes encriptados, la investigación paralela y las acusaciones de denuncias coordinadas
A tres años de la denuncia pública de Romina Papasso que desencadenó en la imputación del exseandor nacionalista, el análisis de los dispositivos incautados revela una red de espionaje policial, gestiones políticas y vínculos entre algunos de los denunciantes
27 de marzo 2026 - 5:00hs
Hace exactamente tres años, el 28 de marzo de 2023, nadie creía demasiado en lo que Romina Celeste Papasso, una militante trans del Partido Nacional conocida hasta entonces por su histrionismo y una reciente condena por agredir a una funcionaria municipal, tenía para decir.
Pero esa tarde, en un programa de streaming, hizo más que buscar notoriedad: pronunció un nombre que inició la historia que revolcaría a Gustavo Penadés, uno de los senadores más influyentes del Partido Nacional (que en ese entonces era uno de los cabeza de la bancada del oficialismo que gobernaba con Luis Lacalle Pou en la presidencia), desde su escaño en el Palacio Legislativo hasta una celda en la cárcel de Florida, donde permanece a la espera de que comience el juicio oral.
El relato fue crudo y directo. Papasso afirmó que, cuando tenía 13 años y todavía se identificaba como varón, Penadés la había abordado en su auto en la zona del Parque Batlle.
Describió cómo la convenció de subir, cómo la llevó a un hotel de alta rotatividad y cómo, tras mantener relaciones sexuales, le pagó. Aunque inicialmente declaró que no buscaría una denuncia penal, la mecha ya estaba encendida y la Fiscalía, actuando de oficio, recogió el guante.
El caso mutó rápidamente de la palabra de una denunciante contra la de un senador a una avalancha de acusaciones: la Fiscalía consolidó los testimonios de catorce víctimas, cuyos relatos consideró que dibujaban un patrón de abusos que se extendía a lo largo de tres décadas. La presión se volvió insostenible y el Senado, en una sesión histórica, votó por unanimidad el desafuero de Penadés, despojándolo de su inmunidad parlamentaria.
El punto de inflexión más dramático, sin embargo, fue la inversión de la teoría de la conspiración. Mientras Penadés alegaba ser víctima de una "trama", la investigación judicial probó que existía una "estafa procesal" orquestada por él mismo y el exdirector del Comcar, Carlos Taroco.
Esta operación de espionaje ilegal, montada para amedrentar e identificar a las víctimas, no solo se convirtió en la prueba de su intento por obstruir a la justicia, sino que terminó con seis personas condenadas. Pero mientras el edificio de la defensa de Penadés se derrumbaba, el de la acusación sufría sus propias fisuras: la misma Romina Papasso fue condenada y encarcelada por inventar una denuncia falsa contra el entonces precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, un hecho que arrojó dudas sobre su credibilidad.
Hoy, a tres años de esa primera denuncia, el último movimiento relevante de la fiscal Isabel Ithurralde, que sustituyó a Ghione que lleva ocho meses de licencia médica, fue que la fiscalía renunció a la declaración anticipada de Papasso y de MI2, dos de las víctimas a las que se les volvería a tomar testimonio para aclarar algunos aspectos. En esa audiencia Penadés y Papasso podrían haberse encontrado cara a cara pero la defensa de la mujer que ahora vive en Argentina, pidió posponerla alegando que no estaba en condiciones de viajar.
Resta que declare nuevamente por declaración anticipada Javier Viana, otras de las víctimas que vive en España y lo hará cuando se coordine la audiencia con un juzgado de ese país, y luego se realizará la audiencia o las audiencias de control de acusación, en la que se discutirá la prueba que ingresará al juicio oral, que se desconoce cuando comenzará.
La fiscalía pidió al exlegislador una pena de 16 años, la máxima prevista para esos delitos, mientras que pidió una condena de 6 años para Mauvezin.
La investigación judicial se ha sostenido sobre dos pilares fundamentales: los testimonios de quienes se presentaron como víctimas y la evidencia digital extraída de dispositivos clave.
Por un lado, la fiscalía ha construido su acusación sobre el relato de catorce víctimas, muchas de las cuales prestaron su declaración en audiencias anticipadas para preservar su identidad y evitar la revictimización.
En paralelo, el análisis de cuatro teléfonos celulares se convirtió en un campo de batalla probatorio. El dispositivo de Gustavo Penadés reveló comunicaciones que sugerían tráfico de influencias, el de Carlos Taroco expuso la planificación de la trama de espionaje. Como contrapartida, el celular de Romina Papasso contenía contactos con otras víctimas y pruebas de aleccionamiento a Paula Díaz, mientras que el de Jonathan Mastropierro se transformó en un punto de disputa, con la defensa luchando por acceder a su contenido para fundamentar su teoría de una conspiración.
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El celular de Gustavo Penadés
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Parte de la investigación sobre el exsenador Gustavo Penadés se sustenta en el análisis de un dispositivo celular incautado en 2023, que contiene aproximadamente 129.000 páginas de registros. Según la carpeta fiscal a la que accedió El Observador, el dispositivo revela una serie de comunicaciones con dirigentes políticos, así como diálogos de índole privada y evidencia de una estructura de inteligencia paralela.
Entre los contactos analizados figura el exministro Luis Alberto Heber, quien el 30 de marzo de 2023 informó a Penadés sobre una comunicación mantenida con el entonces fiscal de Corte, Juan Gómez, relativa al inicio de las actuaciones de oficio tras la denuncia de Romina Celeste Papasso. Heber sostuvo que dicho contacto fue una comunicación oficial ante la consulta de la prensa.
Asimismo, los chats con Pablo Iturralde, entonces presidente del Directorio del Partido Nacional, registran coordinaciones sobre la licencia y posterior renuncia partidaria de Penadés, incluyendo referencias de Iturralde sobre la designación de la fiscal Alicia Ghione como “Ghione es mi amiga” y “es nuestra”. La publicación de ese chat por el semanario Búsqueda, derivó en la renuncia de Iturralde.
El dispositivo también documenta gestiones de carácter administrativo y laboral, donde Penadés se comprometía a interceder ante el Ministerio del Interior para el ingreso de ciudadanos a la Guardia Republicana y a la Policía Nacional, incluso sugiriendo la redacción de cartas para solicitar excepciones por edad.
En el plano de los contactos personales, la fiscalía incluyó en la carpeta los intercambios con un hombre, a quien llamaremos Jorge para cuidar su identidad, quien le recuerda encuentros sexuales ocurridos cuando tenía 13 años y con quien Penadés mantenía contacto actual mediante el envío de dinero por fotografías.
También se registra una comunicación con un hombre llamado Christian, de 25 años, que ofreció servicios sexuales remunerados por Instagram, aunque los mensajes no confirman la concreción del encuentro. Otros diálogos relevantes corresponden al asesor comunicacional del entonces presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf, y a Sebastián Mauvezín, este último señalado como presunto reclutador de menores.
Un aspecto central de la pericia técnica es la existencia de cientos de chats encriptados y mensajes borrados por el propio Penadés. La fiscal Ghione solicitó la intervención de Interpol para desencriptar este contenido tras manifestar en audiencia que los informes iniciales de la Policía fueron insuficientes.
En el teléfono se halló además el flujograma elaborado por el equipo del exdirector del Comcar, Carlos Taroco, que permitió confirmar la participación de funcionarios policiales y del Parlasur en una trama destinada a identificar a las víctimas protegidas. Estos elementos forman parte de la prueba que llevó a la imputación de Penadés por 22 delitos de abuso sexual y a la condena de seis personas vinculadas a la investigación paralela.
El celular de Romina Papasso
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La Justicia uruguaya autorizó el acceso al teléfono celular de Romina Celeste Papasso, tras una solicitud de la defensa de Gustavo Penadés, al vencerse el plazo por el que la fiscal Ghione había decretado reservada esa prueba. Originalmente, estos fueron parte de la investigación realizada por la fiscal Sandra Fleitas, quien logró la condena de Papasso junto a Paula Díaz por orquestar la falsa denuncia contra el entonces precandidato Yamandú Orsi. Gracias a ello fue que se conocieron conversaciones entre ambas mujeres en las que surgieron aspectos que podrían tener relevancia para el caso del exsenador, lo que derivó en el pedido de acceso al dispositivo por parte de la defensa de Penadés.
El acceso a los dispositivos se limita al año 2023 y la Justicia ha dispuesto salvaguardas para no identificar a las víctimas protegidas. Según los informes que integran la carpeta, el contenido de estos chats expone la coordinación entre Papasso y diversos denunciantes sobre las declaraciones que debían prestar ante el Instituto Técnico Forense, así como diálogos referentes a las compensaciones económicas que podrían derivarse de un eventual acuerdo con la Fiscalía.
En el análisis de las comunicaciones de Romina Papasso, se identificaron intercambios con personas vinculadas al proceso judicial. Con una de las víctimas del caso, identificado como G, se observa una relación de alianza táctica donde se discute el futuro del caso y la participación de otros actores como Jonathan Mastropierro. Esos mensajes le han servido a la defensa de Penadés para cuestionar la pureza de los testimonios. Por otro lado, los chats con H, otro de los denunciantes, muestran un interés específico en el cálculo de las posibles indemnizaciones económicas, posicionando a Papasso como la figura encargada de organizar e informar al grupo sobre estos aspectos.
La pericia también incluye contactos con familiares de las víctimas y otros implicados. En una conversación con la madre de un joven identificado como D, Papasso actuó como gestora de información, aunque mantuvo cautela sobre las identidades y redirigió la consulta hacia la representación legal de las víctimas. Asimismo, se detectó un chat con un denunciante de iniciales J, el cual fue extraído específicamente para su análisis, aunque los peritos determinaron que la conversación se encontraba vacía.
Además, el dispositivo contiene el registro de comunicaciones con Paula Díaz en las que Papasso la instruyó sobre cómo hacer creíble su testimonio en la denuncia contra Orsi (en ese entonces precandidato por el Frente Amplio). Los chats entre ambas evidencian la planificación del testimonio fraudulento, incluyendo instrucciones precisas sobre el relato que debía presentar ante la Fiscalía.
El celular de Carlos Taroco
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El análisis del teléfono celular de Carlos Taroco, exdirector del Comcar y de la Oficina de Información Táctica del Instituto Nacional de Rehabilitación, revela el funcionamiento de una estructura paralela destinada a desacreditar las denuncias contra Gustavo Penadés. Las peritajes técnicos sobre el dispositivo, junto con el del oficial subordinado Federico Rodríguez, documentan la ejecución de un plan de inteligencia ilegal que incluía vigilancias, infiltraciones y el uso de recursos públicos para proteger al entonces senador.
Las conversaciones entre Taroco y Rodríguez exponen una dinámica de jefe y subalterno volcada a la investigación de Jonathan Mastropierro y Romina Celeste Papasso. En los chats, Taroco instruía a Rodríguez para realizar tareas de campo en "reserva total", como la vigilancia fotográfica de una vivienda en Piedras Blancas denominada La Fortaleza.
El objetivo explícito de estas acciones, según los audios de los implicados, era "quedar bien con los políticos" y "minimizar" la responsabilidad de Penadés, intentando probar que la causa era una "cama" organizada por los denunciantes. Para ello, elaboraron un flujograma o diagrama de vínculos que buscaba identificar a las víctimas anónimas mediante el cruce de datos personales, antecedentes y registros del Centro de Comando Unificado.
El oficial Federico Rodríguez, uno de los condenados por el caso que declarará como testigo en el juicio, actuaba como el brazo ejecutor en el territorio. Los registros muestran que utilizó perfiles falsos en redes sociales para intentar seducir a Mastropierro y obtener información. Finalmente, logró concretar encuentros presenciales en un boliche de Ciudad Vieja y en el restaurante del piso 25 del hotel Radisson, donde grabó las conversaciones de forma oculta. Tras estos encuentros, Rodríguez informaba a Taroco sobre supuestas filtraciones de la fiscal Alicia Ghione hacia Mastropierro, afirmando incluso que la reserva de las escuchas telefónicas se había roto.
El alcance de la red involucraba a otros actores y métodos de coacción. Los chats detallan planes para "apretar" a un agente policial vinculado al grupo de Mastropierro y el interrogatorio irregular a un recluso que había compartido tiempo con Penadés, con el fin de extraerle testimonios comprometedores sobre las víctimas. Asimismo, la investigación detectó el rol de Diego Cuiñas, funcionario del Parlasur, quien actuó como nexo entre Penadés y Taroco. Cuiñas fue posteriormente condenado por tráfico de influencias y asociación para delinquir, y debió indemnizar a cuatro víctimas del caso.
Cuando se descubrió la maniobra y ante la inminencia de la citación judicial, los registros muestran que Taroco ordenó a Rodríguez borrar toda la información de las computadoras de la oficina y no llevar el celular personal a la Fiscalía. Paralelamente, escuchas telefónicas a colaboradores de Penadés, como Ximena Portillo y Horacio Tejera, confirmaron que el exsenador también les solicitó "limpiar" sus dispositivos y eliminar chats de aplicaciones como Telegram. Carlos Taroco llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue condenado en marzo de 2024 a tres años de prisión por cohecho, revelación de secreto y asociación para delinquir, recuperando su libertad en septiembre de 2025 tras una reducción de pena por trabajo en reclusión.
El celular de Jonathan Mastropierro
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La apertura de las 39.000 páginas extraídas del celular de Jonathan Mastropierro introdujo un nuevo frente de conflicto en el caso Penadés, al revelar una comunicación que trasciende el rigor procesal con la fiscal Ghione. El dispositivo, incautado originalmente en 2020 por causas de estafa y analizado por las defensas de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín en agosto de 2024, contiene registros que la defensa utilizó para sostener su teoría de una "trama" orquestada y cuestionar la objetividad de la fiscal en el caso.
En los chats examinados, Ghione mantiene un intercambio fluido con Mastropierro, ofreciéndole valoraciones personales sobre el imputado, como la frase: "Penadés es lamentable, con esto se hunde". También le advierte: "Ojo, Jona, porque podés estar pinchado ilegalmente". Para los abogados defensores, estos mensajes prueban un vínculo improcedente de quien dirigió la investigación con las víctimas.
El peritaje del teléfono también permite reconstruir el origen del vínculo entre Mastropierro y Papasso. Los datos confirman que el joven se presentó inicialmente ante ella bajo el seudónimo de "Mateo", estableciendo una alianza que incluyó la entrega de material fotográfico, como una imagen de Penadés en el motel Séptimo Cielo. Mientras la fiscalía tomó este material como indicio de conductas delictivas, la defensa argumenta que los involucrados en esa foto eran mayores de edad y que la prueba fue manipulada para simular la presencia de menores.
La controversia escaló a una denuncia penal de parte de los defensores Guerrero, Robatto y Rosana Gavazzo contra la fiscal Ghione por omisión de denunciar delitos, violación del principio de objetividad y abuso de funciones, que a medidados de marzo de 2026 fue archivada por el fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez.
Actualmente, Mastropierro permanece bajo investigación por delitos sexuales a raíz del contenido que los abogados encontraron en su celular, y cumplió prisión domiciliaria tras detectarse, en otra causa, que enviaba material pornográfico infantil a través de aplicaciones de mensajería.
