Pagos sin facturas ni orden de compra
Respecto a la empresa de traslados ITHG, que concentró el 96,47% del gasto del SAME-105 –más de $2 mil millones que fueron observados por el Tribunal de Cuentas– la investigación revela que se pagaron US$ 800 mil en 2024 por una ambulancia que tenía una productividad de “un llamado cada dos días”.
El dato fue aportado por el nuevo director del SAME-105, Gustavo Grecco, quien relató que el móvil estaba “a tiempo completo” asignado al Ministerio de Desarrollo Social ( Mides) para la cobertura de gente en situación de calle desde el Batallón 13. El flamante jerarca aseguró que el contrato fue dado de baja y que la demanda se cubrió con otros móviles de la unidad.
A partir de la declaración de funcionarios de varias áreas, la investigación detectó que “los traslados del Ministerio de Desarrollo Social no se controlaban”.
A su vez, la investigación señala que el precio pago por el SAME-105 a ITHG “supera los abonados por otras unidades ejecutoras a otros proveedores en traslados de similares características”.
20240920 Ambulancia de ASSE, Same 105.
En este sentido, cuestiona que no haya evidencia material de que se cotizaban otros precios antes de decidir las compras. El exdirector, José Antonio Rodríguez, aseguró que sí los hicieron e identificó a una exdirectora administrativa que se encargó de las gestiones, pero los instructores de la investigación remarcaron que esta exfuncionaria –que ya no está en ASSE– no contestó mail y llamados, a la vez de que no dieron con ninguna “constancia” de que la consulta de otros precios haya ocurrido.
Una auditora delegada del Tribunal de Cuentas explicó al respecto que hacerlo “es de buena administración” para realizar una compra directa, aunque “no está dispuesto en ninguna normativa” y el organismo de contralor tampoco lo solicita.
Otro de los asuntos que surge es que ASSE no elaboraba “órdenes de compra” a ITHG sino que la empresa enviaba facturas exigiendo pagos por servicios que había dado.
El exjerarca del SAME-105 relató al respecto que el empresario José Lima, a quien definió como un “ejecutivo de cuentas” de ITHG, “traía las facturas personalmente en forma semanal” y las entregaba a la directora administrativa de ASSE. A partir de eso, contrastaban con una contadora de la empresa en casos de que hubiera “alguna diferencia” para controlar eventuales desvíos y conciliar en torno a eso, para llegar a la lista final y así facturar en favor de ITHG.
Como muestra, la investigación señala que hubo una orden de compra para 284 facturas, la cual fue realizada con fecha “posterior" a la emisión del documento. Una funcionaria declaró que “no recibieron explicación de por qué no iban a haber órdenes de compra a ITHG”.
Al relevar las facturas de ITHG con la documentación interna de ASSE, detectaron –a partir de una muestra de una semana por año– que hubo “pagos por traslados que no cuentan con detalle de proveedor ni móviles que lo realizaron”.
Respecto a esto, la documentación reprocha que se haya conformado un sistema con débiles controles. A modo de ejemplo, cuenta que contratados por ITHG “cubrían” bases del SAME-105 en el interior, pero no pudieron saber “cuántas horas efectivamente realizaron” porque “no se hicieron los controles previstos en la ley”.
“Ninguna de estas decisiones con una implicancia de tanto dinero de por medio podría haberse resuelto solo a nivel de la unidad SAME-105, lo que significa que ninguna de las autoridades de ASSE estaban ajenas al gasto y a los sistemas de contratación de esta empresa”, fundamenta.
El actual titular de SAME-105 estimó en el marco de la investigación administrativa que “el mismo servicio se podría brindar pagando un 20% de lo que hoy” gasta esa repartición, por lo que están en un proceso de llamado a precios para asignar la compra directa –en la que mantienen a la compañía por razones de disponibilidad de flota– y que pondrán en marcha licitaciones “para dar transparencia a la gestión” en lo referido a los servicios de alto costo.
Sin controles
La flexibilización en los controles no se produjo únicamente con ITHG, sino que también se extendió a los convenios por camas de CTI y cuidados moderados firmados con el Círculo Católico y Casmu.
En estos casos, ASSE pasó de pagar por cama ocupada a tener una tarifa plana con una cantidad de camas disponibles. Según entendieron los instructores, ese cambio debilitó el control ya que antes se recibía la factura junto con la historia clínica –que era analizada por médicos–, mientras que luego solo pasaron a recibir las facturas.
A su vez, se desarmó un equipo de intensivistas que estaban de retén y discutían telefónicamente con médicos de la mesa central de operaciones los ingresos de pacientes de ASSE a CTI de estas mutualistas.
“Consideramos que no aporta nada al proceso pues no es de buena práctica de la medicina intensiva definir el ingreso a un CTI por vía telefónica. Si a un paciente lo está viendo un médico, o está intubado o está ventilado, o la solicitud viene de block quirúrgico o de una puerta de emergencia visto por médicos emergencistas o fue reanimado por médico de móvil especializado, y pide cama de CTI, qué aportaría un intensivista al teléfono”, justificó Rodríguez.
El exjerarca dijo que esa función existió históricamente pero “no demostró ser en lo más mínimo útil”.
Pese a esto, un intensivista interrogado señaló que el servicio de control era “beneficioso para ASSE” y que la decisión de Rodríguez provocó un “menor nivel de control de los pacientes que estaban internados en CTI privados”.
Una funcionaria declaró que no firmaba nada respecto a Casmu y el Círculo porque no le gustaba “cómo se venía dando todo el proceso en general de los convenios”.
“La oficina de control de facturación se enteraba por parte del prestador de una modificación del convenio, ya que remitían un acta de seguimiento para fundamentar un cambio introducido en una factura, y no por parte de ASSE”, dijo.
La investigación dice que la facturación de estas dos mutualistas era “controlada” –las comillas son de la investigación– por una funcionaria en un “sistema que no ofrecía garantías”.
Respecto a los cobros adicionales –por fuera del convenio– de camas de cuidados moderados al Casmu, fueron $25,8 millones que representan un 47% de lo gastado por la tarifa plana. En el caso del Círculo Católico, encontraron que un 43% de las facturas por conceptos de “actos médicos y enfermería” no debieron haberse pago ya que las tareas “no tenían paciente asignado” o los servicios “ya estaban incluidos en la tarifa plana”.
Sobre esto, el gerente administrativo Juan Behrend –sobre el que se dispuso un sumario– se desligó porque era “asistencial”, mientras que a Eduardo Henderson –exgerente general–le llamó la atención que hubiera cobros de camas adicionales sino están relacionados con camas efectivamente ocupadas en dicho período.
Pese a los números, la investigación señala que no se puede dimensionar a cuánto ascendió el monto facturado por “estudios y procedimientos” que supuestamente eran “extra convenio” pero que “en realidad estaban incluidos en el precio día cama”.
Uno de los cuestionamientos sobre el funcionamiento de estos convenios con Casmu y Círculo Católico es que no se convocaba a las comisiones de seguimiento ni se enviaron las modificaciones que se hacían al Ministerio de Salud Pública y el Tribunal de Cuentas.
Behrend y Rodríguez dijeron en la investigación que esos “formalismos” eran una forma de “perder tiempo” ya que retrasaban la puesta en marcha de los acuerdos.
“No se hizo adenda alguna, razón fundamental porque requiere mucho tiempo. Los acuerdos eran temas de menor entidad en el total del convenio que no merecían una adenda porque los cambios no eran definitivos, duraban hasta la siguiente reunión de seguimiento”, dijo Behrend.
Guardias “vendidas” y pagos en la mira
El último punto refiere a un convenio de Casmu con el Hospital de Treinta y Tres, una investigación que se ampliará ya que se comprobó que figuraban especialistas en planilla pero había otro prestando funciones, lo que da cuenta de que se “vendían” guardias por fuera.
“Desde ASSE central y la región este dijeron que no resultaba ‘conveniente’ exigir el registro de asistencia al personal tercerizado debido al riesgo de eventuales reclamos laborales”, señala la investigación.
A su vez, se descubrieron irregularidades con los pagos de intervenciones quirúrgicas, ya que encontraron facturas que señalan que participaron funcionarios contratados mediante comisión de apoyo pero en realidad eran tercerizados, lo que “genera puntaje para el cobro de la variable anestésico-quirúrgica sin corresponder”.
