Cinco meses después de que se instalara una comisión investigadora en la Asamblea General para analizar el proceso de compra de las patrulleras oceánicas, los legisladores de la Coalición Republicana —del Partido Nacional, del Colorado y el Independiente— resolvieron presentar una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, por abuso de funciones.
Así lo anunciaron en una conferencia de prensa desde el Parlamento que estuvo encabezada por los legisladores blancos Gabriel Gianoli y Pablo Abdala, el colorado Maximiliano Ocampo y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo. La intención de presentar esta denuncia había sido informada por El Observador en mayo de este año.
Durante la conferencia, Abdala señaló que se presentaría la denuncia "en función" de la "operación política" que entienden que el gobierno de Yamandú Orsi ha llevado a cabo para rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos patrulleras oceánicas por US$ 90 millones.
"Está claro que ha habido una operación, como aquí se decía, que empieza con el mismo gobierno. Lo que la comisión investigadora termina de confirmar es que las verdaderas ilicitudes e irregularidades acontecieron a partir del 1 de marzo del año 2025, en particular el mes de mayo que tuvo demostrado que estaba la decisión tomada de terminar con el contrato. Sin embargo, en junio, se pagaron 12 millones de euros", describió Abdala.
Y agregó que hoy hay una "demanda arbitral de carácter internacional que pesa sobre la suerte del país", que podría terminar condenado "con toda seguridad" al pago por daños y perjuicios.
La denuncia será redactada en las próximas horas y presentada en los próximos días.
"Creemos que, claramente, ella (por Lazo) ha protagonizado hechos de apariencia delictiva evidentes", agregó Abdala.
¿De qué acusan a Lazo? Por un lado, la coalición entiende que todo lo relacionado al astillero Cardama pertenece a la órbita del Ministerio de Defensa Nacional y, por ende, la ministra es la responsable.
Pero, además, señalan que fue Lazo —como "quedó demostrado en la comisión investigadora"— es "responsable" de haber permitido que personas ajenas al ministerio, sin ningún vínculo funcional con él, intervinierann en la "realización de pesquisas, en obtener información que era confidencial y reservada" o en "citar a declarar a almirantes de la Armada Nacional o el propio comandante en jefe de la Armada".
Esas indagatorias, señaló Abdala, fueron la base para las investigaciones administrativas que luego hizo el Ministerio de Defensa respecto a este tema.
Son esas acciones las que, para la coalición, suponen un "abuso de funciones por parte de la ministra" y, eventualmente, también una "usurpación de funciones" por parte de los interventores ajenos al ministerio.
En mayo, El Observador informó que la intención de la coalición era presentar la denuncia contra Lazo, pero también contra los asesores Daniel Marsiglia y Damián Rojas por "pesquisa" y "usurpación de funciones".
Gianoli había dicho el origen de la denuncia estaba en un pedido de informes que había realizado tiempo atrás en el que confirmó que ambos asesores ejercieron funciones sin haber sido formalmente designados.
En su respuesta, Defensa detalló que Marsiglia, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, fue designado en pase en comisión el 15 de mayo y que Rojas, funcionario de la Universidad de la República, fue contratado como adscripto a fines de mayo.
A pesar de esto, ambos funcionarios fueron autorizados verbalmente a realizar tareas desde marzo vinculadas al tema Cardama.
La oposición considera irregular que hayan tenido reuniones con oficiales de la Armada por la compra a Cardama que luego derivaron en sanciones, que hayan revisado expedientes, y que incluso hayan recibido al titular del astillero junto a otros empresarios cuando no tenían los contratos de trabajo firmados.
