El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, se refirió este viernes a las declaraciones que realizó este jueves, en las que sostuvo que “los derechos humanos no están a disponibilidad de las mayorías” y dijo que su opinión obedece “a aspectos puramente jurídico-constitucionales en cuanto a los límites de las mayorías en una democracia constitucional”. “Cuando se trata de la tutela de los derechos humanos que están recogidos en las cartas constitucionales, allí las mayorías parlamentarias y plebiscitarias no son omnipotentes, (sino que) tienen límites”, dijo este viernes a radio Sarandí 690.
En la madrugada de este jueves, con la sanción del Diputados, el Parlamento puso fin a los efectos de la ley de Caducidad (ratificada por la ciudadanía en el referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009) e hizo imprescriptibles los delitos cometidos por policías y militares durante la última dictadura (1973-1985). La nueva norma fue promulgada este jueves por el presidente de la República, José Mujica.
Van Rompaey aclaró que su ánimo no es el de “ingresar en una polémica de tipo político”, lo cual le está vedado, pero esbozó ejemplos de los límites que tienen las mayorías.
Primero se preguntó: ¿Si un medio periodístico “hace una crítica implacable sobre la acción del gobierno, alguna ley puede disponer de la clausura de ese medio de prensa, privando la libertad de expresión?”
“No lo puede hacer”, respondió y lo ratificó agregando una nueva interrogante: “¿Si esa ley fuera ratificada plebiscitariamente, eso le daría carácter de constitucionalidad? Es decir, ¿privaría el control de constitucionalidad de esa norma legal?”
En ese sentido, Van Rompaey insistió: “Cuando hablamos de la dimensión de la democracia sustancial, tenemos derechos fundamentales que no están en la disponibilidad de la mayorías, que pueden ser circunstanciales”.
Asimismo, recordó que la SCJ ya declaró la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y “tuvo en cuenta que esa norma había sido ratificada plebiscitariamente en el año 1989”.
El presidente de la SCJ fue el único de los cinco ministros de la Corte que se pronunció a favor de declarar los delitos cometidos en la dictadura como de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
