27M y después

No es una elección de “mitad de mandato”, aunque después veamos que terminó funcionando como tal en el comportamiento de los electores. Eso quizás confunde. Por eso invito a volver al punto de inicio y recordar las motivaciones de la recolección de firmas.

Diciembre de 2020: varios sindicatos y gremios aglutinados en la llamada Intersocial impulsaron la juntada de firmas contra aproximadamente un 30% del contenido de la LUC. Muchos de los artículos impugnados producen cambios en las relaciones de poder y por ende cambiaron el statu quo en áreas sensibles para estos actores sociales. De hecho, es por ello que desde un principio el gran impulsor fue el PIT-CNT –y particularmente algunos sindicatos– y no el Frente Amplio. 

En materia de la regulación del derecho de huelga y prohibición de piquetes los artículos chocan con los intereses del PIT-CNT en general. En cuanto a la gobernanza de la educación, Fenapes y ADES ven resentido su espacio de participación. Los cambios en Ancap en cuanto a mercado de combustibles y sistema de fijación de tarifas fue rechazado de plano por la Federación Ancap. El régimen de alquileres sin depósito es rechazado de plano por Fucvam y Fecovi. La portabilidad numérica recibió el rechazo total de Sutel. Los cambios en materia de inclusión financiera recibieron el rechazo contundente de AEBU. 

Entonces, la no derogación per se implica una derrota para múltiples actores colectivos, que no solo ven que se mantiene el status quo actual, sino que le terminaron dando una mayor jerarquía porque se ratificaron por vía de la democracia directa. A ello se agrega –por las declaraciones que estamos escuchando– que el gobierno toma viento en la camiseta. Otra hubiese sido la situación de haber prosperado el SÍ. 

De ahora en más cabe esperar un avance en temas pendientes en la agenda de la coalición. “Pisar el acelerador” es una frase que se reitera entre los socios del gobierno. Entre los temas prioritarios aparecen la reforma educativa, en seguridad social y el tema de los asentamientos irregulares, según dijo el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado a Búsqueda. Además, siguen en agenda otros temas de alta relevancia como los allanamientos nocturnos –prioritario para el ministro del interior–, la modificación de la ley de medios, proyecto de eutanasia, tenencia compartida, reformas impositivas y la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Y no olvidar que hay un talón de Aquiles en cuanto a la pérdida de salario real y la inflación. 

Ahora sí, en un segundo nivel podemos especular con la lectura de los votos. La ciudadanía se expidió sobre la derogación de una ley compleja, algo inédito si se piensa por ejemplo en los referéndums por la ley de caducidad (1989), empresas públicas (1992) y asociación de Ancap (2003). Como ya ha sido señalado por colegas, y en este espacio, esta complejidad iba a derivar en un efecto de elección de “mitad de mandato”. Pero no por la fecha en que se realizó el referéndum. En todo caso es por la propia complejidad de la materia legislativa en cuestión. 135 artículos, de los cuales muchos de ellos son de alto contenido técnico y que versan sobre varias políticas públicas. 

Desde educación, hasta seguridad pública pasando por el combustible, inclusión financiera y alquileres. Por ende, la necesidad de generar atajos informativos por parte de los electores iba a llevar inexorablemente a un patrón de votación inducido por las preferencias partidaria. El resultado llamativamente parecido al del balotaje no deja dudas. 

De allí se desprende, y se reafirma, el concepto de “bloques políticos” introducido por Luis Eduardo González en el análisis político uruguayo. La fuerte paridad entre dichos bloques es lo que puede ser leído como una advertencia para la coalición de gobierno y una buena noticia para el Frente Amplio. Un Frente Amplio que, además, logra amalgamar detrás de un objetivo a una amplia gama de organizaciones sociales afines.

Pero ojo, también podría decirse, –no lo he escuchado, pero es razonable plantearlo– que, así como en países con elecciones de medio término lo normal es esperar un debilitamiento de los oficialismos producto del desgaste y un crecimiento de la oposición, en Uruguay, se podría asumir un comportamiento similar. De hecho, la evolución de los datos de opinión pública sobre evaluación del gobierno y de presidente en Uruguay ratifican ese patrón.

Es decir, una valoración relativamente alta al inicio del mandato –lo que usualmente llamamos “luna de miel”–, una baja considerable entre el segundo y cuarto año de gobierno, y un repunte hacia el final. 

Asumiendo ese escenario tendencial en nuestro país, la lectura también podría ser que a pesar del desgaste de dos años de gobierno –y bien particulares esos años– el oficialismo, aún así, se impone a la oposición. 

En todo caso, lo interesante de esta paridad es que los bloques y partidos están obligados a trabajar de la mejor forma. El margen de error es muy reducido.