Leonardo Carreño

5G: una subasta abierta pero con condiciones exigentes para las empresas

Movistar y Claro esperarán a ver el pliego para definir si participan mientras que Dedicado busca sumarse

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23 de enero de 2023 a las 05:01

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El viernes 27, mientras el ministro de Industria, Omar Paganini, esté en el Parlamento respondiendo a los cuestionamientos de la oposición por la suba de las tarifas públicas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), le entregará el pliego de la subasta del 5G a esa cartera. 

Esta subasta, que permitirá el despliegue de una tecnología de internet móvil de alta velocidad que hará que se puedan conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, estaba prevista para el año pasado, pero se postergó debido a que el gobierno se tomó más meses para emitir el decreto que la autorizó.

Ese decreto recibió cuestionamientos de Movistar y Claro, las dos empresas privadas de telefonía móvil que operan en el mercado uruguayo, y que ahora esperan conocer el pliego para definir si participan de la subasta, según dijeron a El Observador representantes de las dos empresas.

A esta situación se suma el interés de Dedicado por participar, algo que no se sabe si podrá realizar y quedará definido una vez que se conozcan las condiciones del pliego.

Los comentarios de las tres empresas vienen siendo observados con atención por las autoridades del gobierno.

Camilo dos Santos
El desarrollo de 5G se producirá en los próximos años

La intención, según supo El Observador, es que la subasta sea abierta y con condiciones exigentes para las empresas que quieran participar. 

Un punto de discusión, aún no resuelto, es si se repite el modelo establecido en la portabilidad numérica, donde se exigía a quienes participaran tener actividad en más de un país. También analizan si se pedirá como condición que sean empresas de telecomunicaciones las que puedan participar, y la solvencia económica que deberán demostrar.

Todos estos asuntos, que no formaron parte del decreto, están siendo esperados por Movistar y Claro, y serán claves para definir su participación. Dedicado también los espera porque determinarán si podrá postularse. Por las señales recibidas, en el gobierno no esperan que otra empresa se interese por pujar.

La directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica Movistar Uruguay, Leticia Lago, señaló que su participación “dependerá de las condiciones del pliego en el que está trabajando URSEC”. 

“Los aspectos técnicos, regulatorios y económicos que se planteen condicionarán nuestro proyecto 5G. Estamos evaluando diferentes escenarios, dada la experiencia que tenemos en diferentes países”, expresó.

Algo similar respondió el director de Asuntos regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López, que expresó que están “evaluando” la situación.

La subasta será de tres bloques en la banda de 3.5 Mhz, aunque uno estará reservado para la estatal Antel, que pagará el promedio del valor al que se adquieran los otros dos. El precio base serán US$ 28 millones, US$ 6 millones por encima de lo que había calculado URSEC.

“El gobierno ha anunciado que los bloques para los privados serían en una subasta para que entren empresas que no están en Uruguay. Eso plantea que alguno de los operadores actuales pueda quedar fuera. Ahí la cuestión que nos parece llamativa es que si se quiere hacer una subasta abierta, la primera desde 2005, hay espectro disponible en la banda de 3.5 MHz y se podría recuperar parte del espectro que hoy está asignado con carácter precario y revocable”, manifestó Quiroga López de Claro.

El ejecutivo de la multinacional mexicana agregó que buscaban conocer los criterios de precalificación y que no tenían “ningún problema” en que haya más operadores, pero las “condiciones tienen que ser las mismas para todos”. 

Desde Movistar, Lago subrayó que el decreto estableció “algunas condiciones generales” y que será “fundamental” conocer tanto las condiciones del pliego como “algunas otras definiciones respecto al modelo de despliegue para que 5G sea competitivo”, que no están contempladas en la normativa.

Leonardo Carreño
Claro y Movistar analizan si participan de la subasta

El gobierno no restringirá el uso de tecnología china en el despliegue, pese a las advertencias de Estados Unidos, tal como anunció Paganini a Búsqueda meses atrás. El decreto incluye algunas exigencias de despliegue en el territorio, ya que obliga a las adjudicatarias a tener instaladas 70 estaciones en el primer año, dos en 10 departamentos (sin contar Montevideo) en dos años; y al menos dos en cada departamento en los tres años siguientes. 

“Estamos conformes, consideramos que existe un buen diálogo con el gobierno y que tenemos el espacio para plantear nuestro punto de vista, lo cual valoramos. Eso obviamente no significa que siempre estemos de acuerdo con todas las decisiones que se toman. El buen diálogo supone aceptar que podemos tener visiones diferentes sobre los temas de la agenda sectorial”, manifestó Lago, de Movistar.

Las críticas de Claro se centran en que el proceso de decisión no tuvo el diálogo que quisieran y cuestionan el “enfoque” elegido por el gobierno. “5G representa un desafío tan importante en cuanto a inversiones que es un cambio muy profundo respecto a las subastas de tecnología anteriores. Muchos gobiernos están cambiando para valorizar las inversiones por sobre los ingresos al fisco, porque la ecuación como se venía haciendo en subastas anteriores no da”, dijo Quiroga López.

Este ejecutivo puso como ejemplo el caso de Brasil, donde el modelo estableció que un 5% del precio iba a ser en ingresos al fisco y el resto en valorizar las inversiones que iban a hacer las compañías. “Todavía no hay un leading case que repague las inversiones, pero los ingresos incrementales son del 1,6% según SMA”, agregó. 

“El precio fijado es 6 veces más caro que en un mercado como Brasil, que es más industrializado y tiene un crecimiento potencial con población joven incluso, mientras Uruguay está envejecido”, subrayó y señaló que sus cálculos le dan un precio base de US$ 8 millones, por lo que entienden que los US$ 28 millones establecidos son “muy altos”. “Al final todos los operadores van a sufrir”, sentenció.

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