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Claro pidió al gobierno que anule el decreto que renovó el espectro del 4G
Mientras la Ursec continúa elaborando el pliego de la subasta del 5G, el gobierno comenzó a analizar estos días un recurso administrativo presentado por la multinacional Claro contra el decreto que habilitó la renovación automática del espectro radioeléctrico destinado al 4G.
El decreto fue emitido por el Ministerio de Industria a fines de noviembre, algunos días antes que comenzaran a vencer asignaciones realizadas por veinte años –entre 2002 y 2004– a las tres empresas de telefonía móvil que operan en el mercado uruguayo: Antel, Movistar y Claro.
La firma de capitales mexicanos ingresó su reclamo sobre el final del año, señalando su disconformidad con el criterio que se estableció para determinar el monto que deberá pagar cada empresa para renovar las frecuencias en las que opera, según confirmó a El Observador el director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, Alejandro Quiroga López.
El gobierno definió que en lugar de realizar un nuevo proceso competitivo, las empresas pudieran renovar sus frecuencias pagando “el mismo precio que abonaron cuando se les asignó su utilización”, según señala el decreto.
Este criterio es cuestionado por Claro, porque entiende que se verá perjudicada. La multinacional deberá pagar US$ 18 millones para renovar los 30 MHz que tiene en la banda de 1800/1900 MHz.
“Tiene un problema de precios relativos. No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la renovación y entendemos que ha habido un error importante cuando se analizó la situación”, dijo el representante.
Quiroga señaló que el monto “está mal” porque la banda donde Claro tiene asignadas las frecuencias tiene “menor eficacia” por lo que requiere “inversiones más altas” para tener “el mismo nivel de cobertura o similar” que las que están en la de 850 MHz.
Por esta razón, de acuerdo con el ejecutivo, el gobierno debería haber establecido precios diferenciales para la renovación, ya que en otros países “es mucho más cara la banda de 850 MHz”. “Nuestro espectro es más ineficiente y vale dos veces más caro que el otro, por eso nos agraviamos”, expresó.
El director nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Guzmán Acosta y Lara, defendió la decisión del gobierno señalando que se mantuvieron las reglas para todos los operadores y que había fundamentos técnicos para definir los precios.
Claro, en tanto, argumenta que la Ursec hizo evaluaciones acerca del monto que correspondía establecer para la banda de 1900 MHz pero no para la de 850 MHz, algo que supieron una vez que accedieron al expediente del decreto.
El informe mencionado por el representante de Claro fue realizado por el departamento de frecuencias radioeléctricas de la Ursec el 20 de octubre e incluye un análisis de 22 subastas en 19 países en los últimos 4 años en bandas de frecuencias que van desde los 1500 hasta los 2600 MHz.
A partir de un cálculo mediante benchmarking, la Ursec indicó que estos bloques tenían un valor actual 28,7% menor a lo que se pagó entonces.
Sin embargo, para la banda de 850 MHz “de la información obtenida no surgen datos estadísticos ni insumos relevantes suficientes para compartir en el presente informe”, dice el documento de la Ursec.
Ese párrafo es el utilizado por Claro para fundamentar su recurso. “El acto administrativo es cuestionable por falta de fundamento. Es algo subsanable, y nos vemos en la obligación de cuestionarlo porque se incurrió en este error”, dijo Quiroga.
En caso de que las tres empresas renueven el espectro, el gobierno recibirá un ingreso millonario (más de US$ 54 millones) que irán a las arcas de Rentas Generales durante los próximos meses.
La potestad de fijar la política nacional de telecomunicaciones le corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). A esa cartera le compete autorizar genéricamente la asignación de frecuencias a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para servicios de telecomunicaciones, así como fijar los precios que deberán abonar los concesionarios por la utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas y demás bienes escasos necesarios para las telecomunicaciones.
Desde el Ejecutivo habían explicado a El Observador que optaron por renovar las licencias en lugar de recorrer el proceso competitivo porque querían que las empresas se concentraran en la subasta por el 5G.
La fuente señaló que el mercado uruguayo cuenta con más de 6 millones de celulares activos, y muchas de esas líneas funcionan dentro de los sub bloques del espectro cuyas licencias caducan. Por tanto, si se quitan esos espacios y se asignan a operadores diferentes miles de clientes de telefonía móvil podrían quedar expuestos a perder su servicio actual. Además, generaría todo un dolor de cabeza con los contratos vigentes que las tres telefónicas tienen con sus clientes.
