Un mes después de las elecciones, celebradas el pasado 1º de julio, México aún espera que se defina quién será su próximo presidente. El tema lo resolverán tres magistrados del Tribunal Electoral que tienen hasta el 6 de septiembre para tomar una decisión.
Desde hace 30 días, llegan al órgano judicial denuncias de compra de votos y financiación ilegal aportadas por el candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que cuestionan la victoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Enrique Peña Nieto y exige nuevas elecciones.
Desde el día de la votación (y hasta que llegue la sentencia definitiva), el candidato derrotado, que logró más de 15 millones de votos, ofrece una rueda de prensa diaria donde aporta nuevos datos de lo que considera una elección fraudulenta.
Como contracara, el PRI anunció este miércoles que pedirá a la Unidad de Fiscalización del órgano electoral mexicano que informe sobre "la posible comisión de faltas en perjuicio de la Hacienda pública" por parte de López Obrador.
Los hechos tienen que ver con las cuentas de Honestidad Valiente y Austeridad Republicana, las asociaciones civiles que durante años apoyaron a López Obrador en sus giras y actos proselitistas, antes de convertirse en candidato de la izquierda a la Presidencia.
La petición la hará el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a través de su representante ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Sebastián Lerdo de Tejada, en fecha no detallada en el comunicado emitido por la formación política.
El PRI recordó que "es obligación de toda autoridad informar a las autoridades hacendarias sobre cualquier posible defraudación al fisco". "Este instituto político celebra que las autoridades e instituciones competentes lleven a cabo su trabajo con imparcialidad y eficacia, sobre todo cuando lo hacen en atención a las denuncias interpuestas por los cauces legales por la ciudadanía", señala el PRI.
Este partido dice que existe una "presunta triangulación de recursos y esquemas de simulación financiera por las asociaciones Honestidad Valiente y Austeridad Republicana" a la vista de "nuevas pruebas, datos duros e indicios" recabados por la agrupación política.
El PRI alega "la probable defraudación fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y su encubrimiento en beneficio del candidato perdedor, Andrés Manuel López Obrador".
Según los datos oficiales, en los comicios presidenciales del 1 de julio pasado Peña Nieto obtuvo 19,2 millones de votos (38,21 %), por delante del izquierdista López Obrador, con casi 15,9 millones (31,59 %).