Nacional > VÍCTIMAS DE LA GUERRILLA
La historia del asesinato por error del padre de Pablo Abdala y su pedido para que no lo consideren en la reparación
El presidente del INAU, Pablo Abdala, pidió a la comisión de diputados que el pasado miércoles aprobó la iniciativa para reparar a víctimas de la violencia de grupos armados con fines políticos, que se retirara el nombre de su padre del listado usado como referencia para el actual proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto y promovido por toda la coalición de gobierno.
Carlos Abdala fue asesinado en junio de 1976 cuando revestía como embajador uruguayo en Asunción, cuando el croata separatista Jozo Damianovic lo confundió con el diplomático yugoslavo Mancilo Vucekovic cuando salía del Ministerio de Hacienda paraguayo.
Sin embargo, su nombre fue uno de los 66 que el primer gobierno de Tabaré Vázquez –con las firmas de los ministros Danilo Astori (Economía), Daisy Tourné (Interior) y Azucena Berrutti (Defensa)– remitió al Parlamento para ser considerados como víctimas de la sedición.
"Más allá de la tragedia –cuyos efectos seguimos sufriendo hoy, es lo peor que me pasó en la vida–, entiendo que se dio en otro contexto: mi padre no fue víctima de la sedición", dijo Pablo Abdala a El Observador. El jerarca y exdiputado blanco agregó: "Mi segundo argumento es que no tengo nada que reclamarle al Estado".
Fue a raíz de este ejemplo que los diputados de la coalición añadieron al proyecto de ley la posibilidad de excluir de las listas de víctimas "los casos que manifiestamente no se ajusten a los criterios". El propio Ope Pasquet, legislador colorado que redactó el texto final, mencionó este caso en la comisión y recordó que ahora la comisión especial que determinará las reparaciones pueda hacer esa separación.
El diputado blanco Rodrigo Goñi resaltó el miércoles que el propio Abdala se había comunicado para dejar por fuera a su padre: "Considero que con esta nueva redacción queda claramente habilitado para solicitar eso", zanjó.
El nombre de Carlos Abdala –que en vida fue edil, vicepresidente del BPS, ministro de Trabajo y luego embajador en Paraguay– ha figurado en los sucesivos listados de las iniciativas impulsadas por el exdiputado Daniel García Pintos (2004 y 2007), a quien Vázquez dio su consentimiento al mandar el proyecto de ley. Ya en esa fecha el periodista Samuel Blixen escribía en Brecha que resultaba "un caso incomprensible" la consideración de Abdala como víctima de la sedición uruguaya.
El diputado del MPP, Mariano Tucci –cuya fuerza política rechazó el proyecto de ley que ahora será votado en plenario luego de Semana de Turismo–, reclamó al respecto que la coalición está recogiendo en la norma el período de 1962 a 1976. "Usted establece con meridiana claridad que se elige 1976 con el asesinato del señor Abdala (8 de junio de ese año). Correspondería que nosotros dejemos constancia de que no existe una explicación concreta y contundente de por qué la coalición elige este período de tiempo para reparar", indicó.
En este sentido, el nacionalista Goñi acusó que "la fecha es la misma que surge del proyecto de Tabaré Vázquez", por lo que a su entender "cae cualquier suspicacia" respecto a la consideración de Abdala entre las víctimas de la sedición. La periodización empleada en el proyecto de ley recibió semanas atrás los cuestionamientos de los investigadores Ana Frega y Aldo Marchesi por no quedar explicitados sus fundamentos.
La última muerte de la "sedición"
En el listado de referencia está incluida otra muerte en el año '76: la del capitán de artillería Roberto Botti Porra, quien murió el 19 de febrero ese año por razones que nunca se han dilucidado por completo. La versión del Ejército es que el militar del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) recibió un disparo en la nuca durante un allanamiento en Las Piedras para capturar a dos presuntos operadores del Partido Comunista.
Sin embargo, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos sostiene que ocurrió por una herida de muerte luego de que a un soldado se le disparara el arma por accidente. También la exvicepresidenta Lucía Topolansky, exguerrillera tupamara, dijo al respecto en una entrevista con el semanario Las Bases en 1985: "(...) Botti muere a consecuencia de un problema interno del cuartel y nos adjudican esa muerte a nosotros".
El proyecto de ley establece una reparación de U$S 150 mil para quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes; de U$S 100 mil a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes U$S 50 mil.
FA no dio sus votos
La oposición se opuso al proyecto de ley que espera ahora su aprobación en la cámara. La diputada Cecilia Bottino reclamó que la redacción alternativa formulada semanas atrás por el colorado Ope Pasquet debería haber requerido iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. "El (proyecto) que se nos envió no se corresponde con el que remitió el Poder Ejecutivo", justificó la dirigente del MPP.
Bottino aseguró además que les hubiera gustado recibir a la Cátedra de Derecho Constitucional "a los efectos de que luego no caiga, por razones de constitucionalidad, este proyecto de ley". Agregó además que "parece raro" que "no haya venido nadie del Poder Ejecutivo" a fundamentar la iniciativa, en tanto "los dineros públicos que se van a estar disponiendo se van a pagar por Rentas Generales", cuya cifra no está clara por no estar dilucidada la lista de eventuales beneficiarios.
