El diputado colorado Ope Pasquet presentó un proyecto de ley alternativo al impulsado por Cabildo Abierto para resarcir a víctimas de la guerrilla en los años previos a la dictadura. El texto original, aprobado en el Senado sin discusión y hoy bajo análisis de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, había recibido críticas de las cátedras y de otras organizaciones sociales por diversas ambigüedades en su redacción.
La redacción de Pasquet refuerza algunos detalles sobre quiénes serían los beneficiarios y cuál sería el grado de la reparación. El texto, al que accedió El Observador, contempla el mismo período –del 1° de enero de 1962 al 31 de diciembre de 1976– para referir a víctimas de hechos ilícitos que hayan perpetrado "integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos, que como consecuencia o en ocasión de tales hechos hayan sufrido la pérdida de la vida, la incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o la privación de libertad por más de 72 horas".
Pasquet presentó el proyecto al cabildante Carlos Testa y al nacionalista Rodrigo Goñi, y el oficialismo espera aprobarlo en comisión la semana que viene. Por esta vía, la iniciativa tendría que volver a discutirse en el Senado.
Una de las diferencias con el anterior texto es que la redacción de Pasquet pone cifras a las reparaciones: "A los causahabientes de quienes perdieron la vida: U$S 150 mil; a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes: U$S 100 mil; a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes: U$S 50 mil".
"Se busca hacer aplicable el propósito de la ley, porque el texto que vino del Senado deja prácticamente todo librado a la reglamentación del Poder Ejecutivo. En cambio este proyecto va directamente a los contenidos necesarios para aplicar la ley. Entendemos que sería inconstitucional que el Ejecutivo elija a su gusto y paladar lo que va a destinar de fondos públicos para esto. No podemos dar un cheque en blanco al Ejecutivo", dijo Pasquet a El Observador.
Una de las críticas de organizaciones sociales es que el gobierno de facto ya había previsto indemnizaciones para funcionarios policiales y militares. En este sentido, Pasquet explicitó que quienes "ya hubieren recibido una indemnización" por este tipo de hechos, "solo tendrán derecho a la diferencia entre la suma efectivamente percibida y la que se establece el proyecto de ley.
El texto explicita que la indemnización a víctimas ya fallecidas "será abonada a sus hijos" y "a su cónyuge o concubino con 10 años de convivencia por lo menos, repartiéndose por partes iguales entre todos ellos". "A falta de los anteriores se abonará a los padres legítimos, naturales o adoptantes, repartiéndose por partes iguales entre ellos, y a falta de los padres se abonará a los hermanos legítimos o naturales, del mismo modo", indica.
Otro aspecto incorporado por el diputado colorado es la integración de la Comisión Especial que definirá las reparaciones. Pasquet había dicho a El País que le parecía "impracticable" la redacción de ese artículo en que no se especifica cómo quedaría integrada. Su redacción indica que tendrá cinco integrantes y que dependerá del Ministerio de Educación y Cultura, por lo que su presidente será designado por la cartera.
La repartición se integrará además con un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, uno del Ministerio del Interior y dos de las organizaciones más representativas de los beneficiarios de la presente ley, designados por el Poder Ejecutivo, propone Ope Pasquet. A la hora de asignar las reparaciones, se van a requerir por lo menos cuatro votos.
La reparación a víctimas de la guerrilla es uno de los proyectos que Cabildo Abierto está poniendo sobre la mesa a la hora de negociar con el resto de la coalición de gobierno su apoyo a la reforma de la seguridad social.
