Acciones para la internacionalización de Uruguay

En contexto de pandemia y presentación de presupuesto, la Academia Nacional de Economía, con intención de ser propositiva, organizó un ciclo de tres charlas. Las mismas trataron aspectos clave del país y se materializaron en sugerencias a las autoridades.

La primera de ellas: Agenda para la internacionalización del país, fue realizada por Isidoro Hodara, Marcel Vaillant, María Soares de Lima y Álvaro Pereira. Esta agenda busca colaborar en la mejora de la competitividad y dinamizar la economía a través de ganancias de productividad, reducción de costos y corrección de distorsiones.

Este evento no incluyó diagnóstico y propuestas de política pública para la agenda de inserción internacional de forma integral, sino que se sugirieron cursos de acción específicos. Las propuestas se pueden clasificar en dos categorías: adhesión de acuerdos plurilaterales, y  tasas/ tarifas de comercio exterior.

Ratificación y adhesión a acuerdos plurilaterales

Esta ratificación permite incorporar disciplinas y compromisos con potenciales impactos positivos sobre la productividad a través de efectos de segundo orden.

Acuerdo sobre Tecnología de la Información (OMC): Implica eliminación de las tarifas sobre todos los productos de TI. Incorporar a Uruguay resultaría en una reducción de costos de estos productos. Actualmente el Acuerdo cuenta con 82 signatarios, que representan alrededor del 97% del comercio mundial de estos bienes. La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) ha manifestado el apoyo a esta propuesta.

Acuerdo de Compras gubernamentales (OMC): Implica apertura mutua del mercado de contratación pública entre partes bajo la regla del trato nacional. Esto redundaría en mayor eficiencia del gasto público nacional al tiempo que se garantizan condiciones de acceso en el extranjero a empresas uruguayas. Este acuerdo está firmado por la mayoría de los países desarrollados, contando con casi 50 signatarios. Respecto a compras públicas debe señalarse que, Uruguay tiene acuerdos bilaterales más ambiciosos que este plurilateral, por lo que estas normas no son desconocidas ni inaceptables.

Tratado de cooperación de patentes (OMPI): Permite proteger patentes en 153 países bajo una gestión única de patentamiento internacional. No suscribir este acuerdo implica que nuestra comunidad científica deba recurrir a patentar en otros países para proteger sus creaciones. En la base de datos de OMPI se encuentran más de 200 solicitudes internacionales con al menos un inventor uruguayo.

Este es uno de los tratados internacionales de mayor cobertura. Entre los países no signatarios están Uruguay, Bolivia, Argentina, Paraguay, Venezuela, Somalia, Etiopía, Eritrea, Congo, Yemen, Pakistán, Afganistán, Irak.

Tasas y tarifas de comercio exterior

Otra categoría de propuestas pretende reducir sobrecostos y distorsiones causados por algunas tasas y tarifas de comercio exterior. Las medidas propuestas tienen implícito que recaudar a través de estos instrumentos no es óptimo.

Eliminación de Tasa Consular (TC): Esta aplica sobre bienes importados excepto bienes de capital para la industria, sector agropecuario y sector pesquero, así como para el petróleo y bienes adquiridos bajo el régimen de Admisión Temporaria.

En 2019 recaudó USD 216 millones. Actualmente la TC es de 0% con México, 3% con el Mercosur y 5% Extrabloque. Este diferencial viola la normativa de la OMC (cláusula de la nación más favorecida: obligación de los países miembros de darse entre sí cualquier ventaja/privilegio en el comercio que se le otorgue a terceros).

Esta violación conlleva observaciones en las evaluaciones que OMC realiza a nuestro país. Asimismo, es un impuesto distorsivo por discriminar productos de acuerdo a su origen.

Uruguay ya ha definido algunos lineamientos para avanzar en la eliminación paulatina de la TC. Por un lado, se eliminará para el Mercosur en un plazo de 3 años. Por otro lado, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur también implica la eliminación paulatina de TC para UE. En este contexto, la Academia sugiere  extender este proceso de eliminación paulatina al resto de los países de la OMC ii . Debe destacarse que la TC tiene un impacto fiscal significativo y por tanto en el escenario actual debería ser sustituida por otro elemento menos distorsivo.  

Tarifas de servicios públicos: Varias tarifas, por ejemplo las de servicios portuarios y del LATU, se cobran en función del precio de los bienes transados. Esto permite que puedan existir apartamientos entre la tarifa y el costo de provisión de servicio.

Se propone corregir estos desvíos. Este cambio debería realizarse atento a potenciales impactos redistributivos regresivos. Se propone que las agencias participantes no actúen como entes recaudadores ni encubran subsidios cruzados.

Se recomienda realizar estudios para cada caso, de forma que las tarifas sean una contraprestación razonable en relación a los servicios recibidos.

La agenda presentada es concreta, práctica y no requiere de aprobaciones supranacionales (ej: regulación a nivel Mercosur).

Depende de nosotros su concreción para mejorar nuestra inserción internacional.

 i Miembros de la Academia Nacional de Economía. Disertantes, junto a Isidoro Hodara y Marcel Vaillant.  en la Mesa Redonda sobre Propuestas de la Academia, llevada a cabo el pasado 17 de agosto.

 ii La opinión de la Academia también se manifestó en la columna del Ac. Enrique Iturburu: https://www.elobservador.com.uy/nota/aumento-de-la-tasa-consular-a-las-importaciones-2018412500