Cuando la reestructura para miles de deudores en unidades reajustables (UR), reclamada durante décadas a distintas legislaturas, parecía quedar saldado tras la votación unánime del Parlamento al cierre del 2023, la reglamentación del Poder Ejecutivo para la nueva ley volvió a encender el debate a varios niveles.
El presidente Luis Lacalle Pou firmó el 2 de abril el decreto que pone en marcha el proceso para conceder el alivio a deudores del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), y tanto los legisladores oficialistas detrás de la iniciativa como el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, están detrás de flexibilizar algunas disposiciones.
Uno de los puntos bajo la lupa es el que establece que los beneficiarios deberán demostrar que estaban al día con el impuesto de Primaria y los tributos de cada departamento a la fecha de la promulgación de la ley. "Se va a reglamentar para beneficiar al máximo posible de personas, porque nos consta que hay mucha gente que hoy ya ha pagado sus tributos, pero que quedaría afuera", confirmó a El Observador el ministro Lozano.
Inés Guimaraens
Raúl Lozano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial
El jerarca de Cabildo Abierto, que en su calidad de senador propuso años atrás un proyecto sobre este tema, prefirió no manejar números concretos, pero volvió a resumir que los posibles excluidos significan "mucha gente". Las estimaciones iniciales del Poder Ejecutivo eran que las reestructuras alcanzarían a 24 mil casos, con quitas que totalizarían casi US$ 600 millones.
Lozano sostuvo que una nueva reglamentación apuntaría a que "las personas puedan hacer convenios" o que "ya se den por pagos" sus tributos. Mientras el BHU y la ANV ya tienen prontos los oficios para enviar a la Dirección General Impositiva y a las intendencias para pedirles que les remitan el estado de situación de cada deudor, las autoridades se pusieron plazo hasta el 10 de mayo para dar con una solución, tras estar reunidos este martes en Torre Ejecutiva, contó el ministro.
El senador blanco Sergio Botana, uno de los impulsores de la iniciativa, sostuvo que "la reglamentación de la ley está generando algunas exclusiones indebidas que no era la intención que se produjeran".
"Algunos de los límites que se pusieron respecto al monto original (de los créditos), la necesidad de estar al día con los tributos al momento de la aprobación de la ley, puede estar excluyendo a demasiada cantidad de gente", dijo a El Observador.
Diego Battiste
Sergio Botana, senador del Partido Nacional
Botana –que por este tema ha arremetido contra las consultoras económicas por sus cuestionamientos al proyecto y que hasta ha pedido la renuncia de la actual presidenta del BHU, Casilda Echeverría– agregó que el ministro Lozano "está haciendo el esfuerzo de ensayar modificaciones al decreto" dentro del Ejecutivo. "Sino, junto a (los senadores) Carlos Camy y Germán Coutinho, vamos a ir por una modificación de la ley" para beneficiar a "deudores con un razonable cumplimiento", anticipó.
Créditos de US$ 80 mil
Una de las principales críticas de los deudores a la actual redacción apunta a que una de las condiciones para acceder al beneficio sea que "el crédito original no haya superado los US$ 80 mil a la fecha de su otorgamiento". Ese requisito se puso bajo la premisa de no estar aliviando deudas relacionados a viviendas de alto valor.
Según un documento entregado a las autoridades por la abogada de los deudores, Rosemarie Rosas, era preciso "determinar bien a qué se refiere" ese concepto, en tanto había "muchos casos que previo al crédito propiamente dicho –que se financiaba en 20, 25 o 30 años– se pagó lo que corresponde al “pozo” del edificio, o a una entrega inicial que también era financiada, o a otros conceptos".
"También se presentan situaciones dentro de los últimos tomadores de créditos desde el 2000 al 2008, de deudores buenos pagadores que nunca han reestructurados sus deudas, a quienes en la mayoría de los casos se les descuenta del sueldo o jubilación desde la primer cuota, y que por este tope de U$S 80.000 quedan afuera de la protección de la ley", apuntó, según el texto al que accedió El Observador.
La abogada pedía que "quede claramente establecido que para el tope de U$S 80 mil se considerará exclusivamente las cuotas que se refieren al préstamo propiamente dicho para adquisición de la vivienda y no a otros conceptos" como el pozo o seña.
"Después de todo el esfuerzo enorme, sería realmente muy triste dejar a personas afuera de la ley, no por el propio espíritu, sino por requisitos que estamos dispuestos a cumplir si nos dan un tiempo", declaró.
Consultado por El Observador, el ministro Lozano dijo que en las conversaciones en Torre Ejecutiva –donde este martes se juntaron el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, jerarcas del BHU y la ANV, la OPP y él mismo– no tienen pensado retocar el concepto de "crédito original". Las autoridades ya están coordinando el armado del fideicomiso financiero previsto por ley para ejecutar las reestructuras.
Tires y aflojes
La solución en cuestión, prometida por el propio Lacalle Pou a los deudores, no ha estado exenta de tensiones. Tras la aprobación unánime en el Senado, el Poder Ejecutivo salió de apuro a alertar por el posible costo fiscal de la redacción negociada, por lo que los diputados terminaron incluyendo varios requisitos que ya venía reclamando el senador frenteamplista Mario Bergara.
El texto ratificado por unanimidad de los partidos fue ampliamente cuestionado por economistas, expertos y hasta por la propia presidenta del BHU. "Esos US$ 590 millones son una cifra sideral concentrada en relativamente pocos uruguayos –unas 25 mil familias–, cuando Uruguay tiene 200 mil familias en asentamientos y un número elevado de pobreza infantil", decía, por ejemplo, el socio de Exante, Pablo Rosselli.
La ley establece que se extinguirán las deudas de más de 40 años, siempre y cuando en los diez años previos al momento de aplicación del beneficio "se hayan abonado un mínimo de 110 pagos"; y que el saldo a pagar sea igual o inferior al 65% del capital adeudado" al momento de contraerlo.
Las deudas contraídas antes del 31 de diciembre 1993 serán bonificadas con una tasa del 0% sobre las UR; las que se hayan adquirido entre 1994 y 2008 tendrán en cambio una tasa de 2,5% de interés. De haber más de tres cuotas sucesivas impagas, quedarán sin efecto los beneficios.
