Mientras en sala se ultimaban los detalles del proyecto para modificar la ley de usura, diputados del Partido Nacional se reunían en el despacho de la bancada con el director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco, para desactivar otra de las grandes leyes que por estos días genera diferencias entre los oficialistas del Parlamento y el Poder Ejecutivo.
El herrerista Federico Casaretto se puso al frente de las conversaciones para cerrar esa misma jornada el acuerdo con el Frente Amplio –a través de Cecilia Cairo, del MPP– y el resto de la coalición, por la reestructura de las deudas en unidades reajustables (UR) ante el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
Las conversaciones terminaron de consumarse en la mañana del miércoles en la comisión de Vivienda con la aprobación de una nueva redacción para el texto que había sido aprobado por unanimidad en el Senado y que había encendido las luces amarillas del gobierno.
Los diputados desecharon incluso esa iniciativa –impulsada principalmente por los blancos Sergio Botana y Carlos Camy, el colorado Germán Coutinho y el cabildante Raúl Lozano– y sumaron los votos para una alternativa, sin el respaldo de la nacionalista Carmen Tort (del sector de Botana) y de César Vega del PERI para los aspectos más sensibles del texto.
Una de las modificaciones centrales es que se topea en US$ 180 mil el valor de remate máximo admitido para los inmuebles que puedan ser beneficiados con la reestructura, un reclamo de larga data de los deudores para el que el presidente Luis Lacalle Pou prometió una solución en la Asamblea General del 2 de marzo.
El criterio del valor de los inmuebles ya había sido pedido por el senador frenteamplista Mario Bergara (expresidente del Banco Central) y reiterado en Diputados por el BHU, la ANV y Economía. El ministro de Vivienda, Raúl Lozano (Cabildo Abierto), había dicho por su parte a El Observador que solo acompañaba una reestructura para las casas "con montos pequeños" y no aquellas "viviendas caras".
El senador blanco Botana está en contra de eso: “Embroma al que cuidó el valor de la propiedad, al que edificó en el mismo terreno. Y el desordenado, el desprolijo, el que no cuidó el valor de las cosas, se ve favorecido", declaró a El Observador.
La presidenta del BHU, Casilda Echeverría, había cuestionado ese argumento semanas atrás: "Ciertamente, no estamos hablando de gente de muy escasos recursos; estamos hablando de casas en muy buen estado".
El Poder Ejecutivo terminó logrando su cometido y el diputado Casaretto sostuvo al respecto que se busca "hacer justicia" y "ayudar a quienes están con mayores dificultades".
Otro de los cambios sustanciales es que solo van a poder reestructurar –y hasta cancelar– su crédito hipotecario quienes sean titulares de una deuda contraída "con anterioridad al 1º de enero de 2009", incluso para los casos en que se traspasa la titularidad de la deuda de una persona a otra. El gobierno venía pidiendo a los diputados "focalizar" la solución ofrecida en el entendido que podían estar perdonando el crédito a quien no le corresponde.
"Todo esto que se agregó en el Senado tiene un costo que no conocemos y eso tiene consecuencias", había dicho Blanco, el jerarca del MEF, en la comisión de Diputados, mientras que el presidente de la ANV, Klaus Mill (Cabildo Abierto), había reconocido que el texto de los senadores presentaba "un costo fiscal mucho mayor" a los US$ 590 millones estimados en octubre por el MEF, entre los US$ 330 millones de créditos a los que renunciaría el BHU y los US$ 260 millones de los de la ANV.
"Así como estaba escrito no sabíamos qué costo tenía, porque estaban abiertas muchas perillas. El objetivo inicial de los deudores se cumplió", ratificó Casaretto. Como informó El Observador, los deudores venían transmitiendo a diputados oficialistas su malestar porque el Poder Ejecutivo aprovechara para plantarse firme recién en Diputados, cuando no lo hicieron ante los impulsores del proyecto y líderes sectoriales en la cámara alta como los propios Botana y Camy.
"Yo no entiendo cómo el Senado votó eso y nos dejó todo este paquete a nosotros", había reclamado la cabildante Elsa Capillera, quien este miércoles alzó su mano para la nueva redacción.
El Frente Amplio agregó en como requisito que "no se registre adeudo alguno por tributos nacionales o departamentales sobre el inmueble garantía del crédito".
Otra de las modificaciones es que el fiduciario que administrará los créditos no sea República Afisa sino la ANV, en el entendido de que "tiene otra flexibilidad" y que tiene el mismo software que el BHU, lo que facilita la operativa a la hora de implementar el nuevo mecanismo financiero.
Botana criticó al respecto que la ANV "tiene dos funcionarios" y que eso "puede hacer fracasar el proyecto". "Mientras tasa las propiedades el proyecto fracasa", acusó, antes de concluir: "El gobierno siguió los criterios del Frente Amplio y no los que habíamos llevado adelante los impulsores de la ley".
Los diputados calculan que la nueva redacción garantiza el beneficio para unas 25 mil familias con créditos hipotecarios en UR.
El texto establece que se extinguirán las deudas de más de 40 años desde que fueron contraídas, siempre y cuando en los diez años previos al momento de aplicación del beneficio "se hayan abonado un mínimo de 110 pagos"; y que el saldo sea "igual o menor al 50% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular".
Las deudas contraídas antes de 1993 serán bonificadas con una tasa de 0% sobre las UR; las que se hayan adquirido entre 1994 y 2008 tendrán en cambio una tasa de 2,5% de interés. De haber más de tres cuotas sucesivas impagas, quedarán sin efecto los beneficios.
Aún con las nuevas modificaciones, la iniciativa despierta fuertes resistencias en el propio BHU y en los economistas que han acusado que no corresponde una reestructura.
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