Oficialismo y oposición habían acordado un cronograma de trabajo para que el próximo miércoles 18 se esté aprobando en el Senado una solución para unos 23 mil deudores en Unidades Reajustables (UR) ante el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), con vistas incluso a poder alzar juntos la mano para en lo que refiere a la refinanciación.
El debate en torno a la última versión del texto –que juntó iniciativas de los blancos Sergio Botana, Carlos Camy, el colorado Germán Coutinho, el cabildante Raúl Lozano y que terminó de coordinarse con el Ministerio de Economía luego de que el presidente Luis Lacalle Pou prometiera el 2 de marzo una solución– aterrizó este jueves en la comisión de Vivienda integrada con Hacienda y muestra al menos un camino más empedrado para su aprobación unánime.
El Frente Amplio hizo en sala varios reparos para que el proyecto no refinancie deudas "al barrer", al tiempo que la discusión comienza a contaminarse con la venidera campaña electoral. "Cuanto más cerca de las elecciones se hace, más en aprietos pone al que busca tener responsabilidad institucional con el tema", dijo a El Observador el expresidente del BHU, Jorge Polgar, actual asesor del senador Mario Bergara.
El oficialismo, mientras tanto, se para firme ante varios de los cuestionamientos de la izquierda y rebate las críticas esgrimidas por economistas y consultoras involucradas en el ambiente bancario. La oposición, mientras tanto, sigue manejando en conversaciones políticas su disposición a no quedar por fuera de la iniciativa parlamentaria, pero exige que se haga lugar a determinados planteos suyos.
Por otro lado, blancos y colorados mantuvieron un capítulo segundo con la propuesta de fusionar el BHU con el Banco República, algo que requiere de mayorías especiales y que quedará por el camino ante la falta de apoyo de Cabildo Abierto y del Frente Amplio.
Oficialismo y Frente chocan por la reestructura
La refinanciación consiste en la extinción de las deudas que tengan más de 40 años desde su concesión, en el entendido de que son unas 2.500 personas que ya cubrieron varias veces el monto inicial y que ahora dejarían de pagar. A quienes les falten diez años para alcanzar esa antigüedad, se les aplicará una tasa del 0% sobre la UR. Y a quienes les falte más de diez años y hasta 39 años, se les cobrará una tasa de 2,5%. Si se incumplieran tres o más cuotas en un año, quedan sin efecto las bonificaciones.
Bergara insistió este jueves en que se considere como condición la continuidad en los pagos de los deudores, aún cuando cumpla con la antigüedad exigida. Al respecto, el nacionalista Sergio Botana dijo a El Observador que no acceden por considerar algo "ajeno" a la persona, pudiendo la continuidad haberse interrumpido, por ejemplo, por el cierre de un banco.
"El FA ha hecho críticas de que no se tiene en cuenta el valor de las viviendas, si el deudor pagó o no pagó, nada de eso está arriba de la mesa, sino que se da por hecho que habrían sido perjudicados por tener deuda en UR", expuso Jorge Polgar.
El oficialismo, alineado en la fórmula acordada, sostiene en tanto que al tomar el valor de los inmuebles puede estarse "corriendo el riesgo" de favorecer a quienes por "desorden propio" descuidaron la vivienda y eso llevó a que valga menos: "Podemos terminar sancionando al que la cuidó y favoreciendo a quien no lo hizo", ironizó Botana.
La izquierda también busca considerar una escala de ingresos para tener beneficios diferenciados hacia las familias más vulnerables. "Sobre el mecanismo (de la antigüedad) hubo aceptación general en los 40 años y en que haya una tasa más baja de reajuste de la deuda", indicó Botana.
Leonardo Carreño
Archivo, manifestación de deudores ante el Banco Hipotecario en la Agencia Nacional de Vivienda
El Frente también ha pedido un resarcimiento al Banco Hipotecario por estar renunciando a parte de su patrimonio. El gobierno había estimado un costo mínimo de US$ 330 millones por estas modificaciones y de US$ 260 millones para las deudas en la ANV que asumiría el BHU.
"Nosotros entendemos que no es necesario, porque lo que se le quita al banco es lo que todos entendemos que cobró de más, pero además es un capital que tiene ocioso, con diez veces el capital que necesita para su nivel de actividad. Por lo cual, no creemos necesario sacar de la bolsa de los pobres para dársela a un banco", planteó al respecto Botana, uno de los principales impulsores del proyecto prometido por Lacalle el 2 de marzo.
Polgar asegura en tanto que el texto "es muy desprolijo y millonario", que "va contra el patrimonio del Banco". La coalición de izquierda ha manejado al respecto incluir el resarcimiento en una moción aparte, según supo El Observador. "Más allá de que el patrimonio del BHU dé para absorberlo, no quiere decir que deba hacerlo porque, si se trata de una definición política, es discutible. Ya vivimos un BHU tan descapitalizado que cerró", había declarado Bergara en la comisión. También la Asociación de Bancarios (AEBU) había hecho esta advertencia.
El texto crea en su primer artículo un fideicomiso en la órbita de República Afisa, que depende de la banca pública. La oposición también ha incluido reparos a este sistema y ha propuesto que las soluciones las administre el fideicomiso en la órbita de la Agencia Nacional de Vivienda, a lo que el oficialismo se opone. "No tenemos problema en que sea la Corporación Nacional para el Desarrollo para atender el pedido de evitar vincular el tema con el Banco República", señaló Botana, aunque a su entender un nuevo fideicomiso "supone mejores eficiencias en el manejo de la cartera".
Cuestionamientos
Varios expertos –como un reciente informe de CPA Ferrere a pedido del BHU o economistas de renombre como Pablo Rosselli– han asegurado que es falso que los deudores en UR se hayan visto perjudicados. La consultora comparó deudas contraídas en UR (ajustadas por Índice Medio de Salarios) contra otras en Unidades Indexadas (por Índice de Precios al Consumo)
“Históricamente, las tasas de los préstamos hipotecarios en UI (tanto en bancos privados como en el BHU) han sido más altas que las tasas de los préstamos en UR. Esto responde a la relación de arbitraje entre la UR y la UI, ya que a largo plazo el crecimiento del salario en términos reales debería estar ligado al aumento de la productividad del trabajo”, sostuvo CPA.
Botana cuestionó al respecto que "es un dogma de la religión bancaria y un criterio sacralizado por los propios bancos a los que no les gustan las leyes que les obliguen". "Tienen razón en no cambiar las reglas de juego pero no hay razón que sustente el abuso de este nivel de tasas durante tanto tiempo e incluso el haber obligado a los deudores a tomar crédito con la UR como moneda", criticó.
"Lo otro es que a encargo del BHU hizo cálculos que arriesgan el buen prestigio de CPA, no hay manera de que una moneda que crece más y a una tasa mayor para un mismo monto y tiempo, pueda resultar menor que una moneda que crece menos y tiene una deuda menor. Parece que las matemáticas se pueden alterar por cercanías políticas o por el que paga los trabajos".
