A todo esto se suma, según supo El Observador, un extendido malestar en filas blancas por las respuestas que las iniciativas parlamentarias suelen recibir por parte del MEF.
Una votación reñida
Si la Asamblea General logra asistencia completa, se precisan 78 votos para tener los tres quintos necesarios para levantar el veto presidencial. La ley impugnada por el gobierno se aprobó en ambas cámaras con el apoyo del Frente Amplio, Cabildo Abierto, los blancos Sergio Botana, Rosina Piñeyro (Senadores), Carmen Tort y Marcos Portillo (Diputados), el colorado Germán Cardoso y César Vega del PERI. Todos ellos, de estar presentes en su totalidad, suman 74 adhesiones para rebatir el veto.
La mayoría de tres quintos ya está dada en el Senado, pero faltan cuatro votos para tenerla en Diputados.
Pero como la mayoría especial se cuenta sobre el total de presentes, solo con que falten seis de los otros ya hay suficientes adhesiones para levantar el veto. Si algo demostró, por ejemplo, el fracaso en Diputados para aprobar esta semana el proyecto de ley de financiamiento de partidos, fueron las dificultades que más de una vez ha tenido la coalición para que todos los suyos estén en sala.
Inés Guimaraens
Manifestaciones por el cierre de Casa de Galicia
En esa tarea han estado los secretarios de bancadas oficialistas. A nivel del Senado, la nacionalista Graciela Bianchi confía en que Piñeyro, madre de Juan Sartori, se retracte y no vote para levantar el veto. En Diputados hubo conversaciones con el blanco Diego Echeverría, cuyo nombre –por pertenecer al sector Mejor País de Sergio Botana– sonó más de una vez para alinearse con el texto vetado. "Yo voy a respaldar al presidente", confirmó a El Observador. No será el caso de sus compañeros Tort y Portillo.
El colorado Cardoso, quien alzó su mano en el Senado en suplencia de Raúl Batlle, prestará su voto en Diputados para levantar el veto, aunque quien lo hará será su suplente.
Lacalle sostuvo en su veto la ley votada es "discriminatoria" para el resto de los trabajadores privados en beneficio solamente de los exfuncionarios de Casa de Galicia y arremetió contra el costo que tendría. Quienes la impulsaron defienden que a los trabajadores les corresponde percibir el tope de más de $ 600 mil previstos en el fondo de insolvencia laboral, y no los $ 175 mil que pretende el Poder Ejecutivo, a un costo de US$ 8 millones para Rentas Generales, tres veces menos que de la otra manera.
Ruido por usura
El acuerdo del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, con el Frente Amplio y el blanco Marcos Portillo allanó el camino para aprobar con amplia mayoría un proyecto para modificar la ley de usura de 2007 que llevaba trancado en la comisión de Hacienda desde comienzos de la legislatura.
Pese a la fricción con el Banco Central, el texto salió casi por unanimidad –incluidos blancos y el colorado Conrado Rodríguez–, salvo por artículos puntuales que en especial resienten Iván Posada, del Partido Independiente, y Álvaro Viviano, del Partido Nacional.
Según supo El Observador, la salida de la comisión despertó movimientos en Economía y propiciará la semana que viene reuniones en el oficialismo. Tanto AEBU como la Asociación de Bancos Privados están alertando además que el texto puede tener "efectos colaterales negativos y difíciles de revertir", desde la restricción del crédito formal y la expulsión de clientes hacia el sistema informal hasta la afectación a miles de fuentes de trabajo y cooperativas de ahorro y crédito.
La necesidad de limitar un extendido endeudamiento y de atacar prácticas agresivas por parte de las empresas encargadas de recuperar los créditos despiertan posiciones diversas en las bancadas, bajo la premisa de que, aunque mejorable, una nueva ley es necesaria.
Foto: Leonardo Carreño.
Archivo, diputados de la coalición de gobierno
El "corazón del proyecto", al decir del diputado Peña, es el artículo 10 que establece que el BCU dejará de considerar en el cálculo de las tasas medias de interés de los bancos aquellas operaciones de créditos que se originen en otras instituciones y que "distorsionan la realidad del mercado".
Si bien el BCU ha considerado que no ya hoy con la ley vigente no deben estar comprendidas las administradoras de crédito, AEBU ha alegado que "varios bancos son dueños de administradoras a la vez que suelen comprar las carteras de créditos de estas empresas o de otras, por lo que, al informar las tasas al BCU incluyen estas operaciones que no realizan directamente", lo que lleva a tasas de referencia más altas que luego se cobran a los clientes.
A todo el ruido se suma que Gustavo Olmos, quien iba a ser el miembro informante del proyecto, está de licencia mientras se resuelve la denuncia en su contra por acoso en el Tribunal de Conducta Política del FA, por lo que será Sebastián Valdomir, del MPP, quien tomará la posta el martes.
El texto de nueve páginas tiene diversas modificaciones para temas sensibles, que tendrán además un segundo capítulo en el Senado. El dirigente del MPP, Charles Carrera, quien en la cámara alta impulsa un proyecto de reestructura de deudas de personas físicas alternativo al de Cabildo Abierto –que está juntando firmas para llevar a un plebiscito que consagre nuevos parámetros– planteó a El Observador que el proyecto que salga de Diputados es una "oportunidad" para "juntar varias carpetas y que ya el Senado sea la segunda cámara" para su iniciativa.
A través del exsenador Gustavo Penadés, el Ejecutivo frenó a fines del año pasado un proyecto sobre reestructura de deudas que ya tenía el apoyo de varios partidos –incluidos varios blancos– en la cámara alta.
Alerta por el costo fiscal
"Todo esto que se agregó en el Senado tiene un costo que no conocemos y eso tiene consecuencias", advirtió ante los diputados de la comisión de Vivienda el director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco.
La presidenta de la comisión, Cecilia Cairo (MPP) le recordó que cuando comparecieron ante el Senado el 19 de julio –antes de que se aprobara el texto impulsado por Sergio Botana, Carlos Camy, Germán Coutinho y Raúl Lozano, y prometido por Lacalle Pou– habían hablado de un costo de US$ 330 millones para el Banco Hipotecario y US$ 260 millones para la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) por reestructurar unos 25 mil créditos en UR.
Blanco se disculpó por haber manejado esos números queriendo dar una "certeza" que en realidad "no la hay". Como informó El Observador, sobre lo mismo remarcaron el BHU y la ANV, con especial énfasis en su pedido de "focalizar" la solución ofrecida a los deudores. Uno de los puntos centrales es la sugerencia de excluir de la reestructura a las novaciones (cuando se sustituye el titular de la deuda), en el entendido de que pueden estar perdonando el crédito a quien no le corresponde.
Diego Battiste
Manifestación de los deudores en UR
Tanto el blanco Botana como su diputada Carmen Tort –que integra la comisión– están de punta contra esto, alegando que el propio BHU no tiene ningún registro previo a 2008 para aventurar un posible mayor costo fiscal. Los deudores, por su parte, recorren despachos y contactan legisladores haciendo saber su "desilusión" por el hecho de que recién el gobierno esté poniendo el grito en el cielo, cuando hubo meses de negociaciones en el Senado.
Desde ese grupo han transmitido a diputados oficialistas su malestar porque el Poder Ejecutivo aprovecha que el texto está en Diputados para plantarse firme, cuando no lo hicieron ante los impulsores del proyecto y líderes sectoriales en la cámara alta, según supo El Observador.
Entre los legisladores corre además la inquietud por tener que dar una impopular marcha atrás en puntos neurálgicos de la iniciativa que, además, haría sobre algo que fue acordado por unanimidad de los partidos. Los diputados pretenden cerrar el proyecto antes del 15 de diciembre.
Cabildo Abierto, que conduce tanto el Ministerio de Vivienda como la ANV, se ha mostrado más proclive a acotar los beneficios establecidos en la iniciativa del Senado. "Yo estoy de acuerdo en que se le dé realmente el beneficio a quien pagó una o dos veces el valor de su casa con los años, no que sea generalizado para todo", dijo la diputada Elsa Capillera a El Observador, quien aún tiene pendiente acordar criterios con el general Guido Manini Ríos, y concluyó: "Yo no entiendo cómo el Senado votó eso y nos dejó todo este paquete a nosotros".
