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Casa de Galicia: veto de Lacalle Pou obliga al oficialismo a alinear la tropa mientras el Frente Amplio propone un plan B
La Asamblea General del Parlamento discutirá el próximo 6 de diciembre el veto parcial del presidente Luis Lacalle Pou al proyecto de ley para pagar los créditos laborales de unos 2 mil exfuncionarios de Casa de Galicia. Pese a que el Frente Amplio juntó las firmas necesarias –cinco senadores y 15 diputados– para pedir una sesión extraordinaria para la semana que viene, la vicepresidenta en ejercicio, Graciela Bianchi, definió la convocatoria para los primeros días del último mes del año.
"Por Constitución de la República, la que cita a la Asamblea General es la vicepresidenta, y después hay un mecanismo subsidiario con las firmas, no en un sentido negativo, pero sí como una alternativa. No hay ningún cangrejo bajo la piedra, hablamos en la coordinación que ese día (28 de noviembre) se trata el proyecto de financiamiento de partidos políticos y evaluamos que eran dos temas importantes y corríamos el riesgo de no poder dedicarle el tiempo necesario", explicó Bianchi a El Observador.
La nacionalista agregó que tampoco convenía que fuera el martes 5 de diciembre porque ese día la vicepresidenta Beatriz Argimón se presentará ante la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), una actividad en la que varios correligionarios la desean acompañar.
La discusión acerca de la fijación de la fecha de la sesión encierra, a su vez, la necesidad del oficialismo –en este caso compuesto por una mayoría de blancos, colorados e independientes– de alinear la tropa para lograr que la observación enviada por el gobierno se mantenga.
Para levantar el veto del Poder Ejecutivo se necesitan tres quintos de los presentes en sala. En el Senado la ley para cubrir los créditos de los extrabajadores de la mutualista –que ahora el presidente pretende vetar– alcanzó 19 votos, sumando cabildantes, frentistas, los blancos Sergio Botana y Rosina Piñeyro, y Germán Cardoso (suplente del colorado Raúl Batlle).
El problema está en Diputados, donde la diferencia es ajustada y el oficialismo deberá asegurarse que los 40 representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente que están en contra de la iniciativa aprobada y a favor del veto presidencial estén en sala para ratificar la voluntad de Lacalle Pou.
Del otro lado, entre quienes están a favor de levantarlo están los legisladores del Frente Amplio, Cabildo Abierto, el PERI, dos blancos y el colorado Germán Cardoso (en caso de ocupar la banca en ese momento). Este grupo precisa un mínimo de 59 votos para levantar el veto, una cifra que no alcanzan porque en total –con todos presentes en sus bancas– suman 55 votos.
Esto último, sin embargo, es sin tener en cuenta que del otro lado algunos legisladores puedan faltar, lo que baja el quórum necesario.
La ajustada cuenta preocupa dentro del oficialismo, que deberá hacer sus máximos esfuerzos para que todos estén presentes en sala, según relataron fuentes políticas a El Observador.
Plan B
Al mismo tiempo, el Frente Amplio introdujo por el Senado días atrás un "plan B" que garantizaría que el dinero esté mediante el fondo de insolvencia laboral del Banco de Previsión Social (BPS). El texto, al que accedió El Observador, reconoce que en la reciente discusión "quedó en evidencia la falta de claridad normativa respecto al tipo de créditos garantizados", lo que "ha dado lugar a diversas interpretaciones" de la ley 19.690 vigente desde el 2018.
La coalición de izquierda plantea que el BPS ha sostenido que no corresponde contemplar en el fondo de insolvencia laboral los créditos laborales generados a posteriori del concurso, un argumento en que el gobierno se ha basado para postular un monto menor (US$ 8 millones) que los US$ 23 millones reclamados por los exfuncionarios en base al tope de 105 mil unidades indexadas contempladas en el fondo de insolvencia laboral.
"El BPS reconoce que esta es la interpretación de parte de la doctrina, y que existen como antecedentes otros casos en que se resolvió el cobro de los créditos post concursales a través de un fondo especial, como los casos de PILI y Pluna. Por lo tanto se trata de una situación que aunque no es común se ha presentado en situaciones especiales, en particular cuando los trabajadores continúan trabajando con posterioridad a la fecha de declaración judicial de concurso, y por lo tanto requiere de adecuación normativa".
Pero el FA reparó que "otra parte de la doctrina ha manifestado" que la ley de 2018 "no distingue en forma expresa entre créditos laborales pre ni post concursales". "Por lo tanto, no corresponde realizar una interpretación restrictiva de dicha norma, lo que implica que es posible garantizar el pago de todos los créditos laborales". La norma de artículo único postulada por el Frente busca establecer que se contemplen los créditos post concursales.
"No esperábamos este veto que lo único que hace es solicitar se aplique una ley vigente", declaró a El Observador la presidenta del núcleo de médicos y practicantes de Casa de Galicia, Ximena Carrera. "Es un fondo que se genera de los aportes de las propias empresas. Lo que estamos es en diálogo con los parlamentarios para explicar que muchas de las cosas del veto no corresponden", sostuvo.
Desde el gobierno han alegado que el dinero del fondo en la órbita del BPS tiene entre US$ 10 millones y US$ 12 millones que además son compartidos con otras empresas privadas que entraron a concurso, por lo que el dinero no es suficiente. "Todo el proceso ha cumplido con la ley, verificamos nuestros créditos, firmamos acuerdos transaccionales, y una vez que todo estuvo encaminado, se nos comunica que el fondo no tenía plata y que van a terminar mandando una ley que es más restrictiva que la ley vigente", indicó Carrera. "No estamos reclamando el 100% de sus adeudos, sí que se cumpla la ley vigente", agregó.
Entre sus argumentos para el veto parcial, el Poder Ejecutivo apuntó que la ley interpretativa aprobada por mayoría en el Parlamento –en base a una redacción formulada por el FA en Diputados, para que el gobierno debiera "integrar" con recursos de Rentas Generales el fondo de insolvencia patronal si este no tuviera el dinero suficiente– suponía un trato "discriminatorio" y "en perjuicio" del resto de los trabajadores privados.
Por su parte, la nacionalista Graciela Bianchi afirmó que la nueva alternativa postulada por la oposición –a estudio ahora de la comisión de Asuntos Laborales del Senado– "lo que hace es reconocer que efectivamente el presidente tiene razón" y que "como es una empresa privada, cuando quiebra no es responsable el Estado".
